¿Pero cuál triunfo obtuvo Correa en la Interpol?

La noticia de que la Interpol se había negado a emitir la alerta roja en contra de Rafael Correa fue festejada como si se hubiera tratado de la victoria final del ex presidente y del fin del proceso por el cual el cual es buscado por la justicia ecuatoriana.

Fue Correa, acusado de autor del secuestro de Fernando Balda, quien más aires triunfales puso a la noticia. En un mensaje en Twitter proclamó que la decisión de ese organismo demostraba que todo el proceso en su contra había sido un farsa y hasta reclamaba que no se haya pedido la renuncia a la jueza que pidió la orden de arresto en su contra. Además, se preguntaba, si ya habían encarcelado  al fiscal que lo acusó. “¿Se irá preso el exfiscal? ¿Renunciará la “jueza” Camacho? ¿Qué pasará con Chicaíza y Falcón, los testigos falsos? ¿Y con los “peritos”?”, se preguntó eufórico y triunfal.  No solo él entonó marchas triunfales; sus partidarios y ex colaboradores también lo hicieron.

En el otro lado, en cambio, hubo frustración y reclamos. Fernando Balda acusó a la justicia ecuatoriana y a su servicio exterior de no haber presionado suficientemente a la Interpol y aseguró que seguramente fue el trabajo de los abogados de Correa el que provocó la decisión del organismo basado en Lyon, Francia.

A juzgar por las reacciones de lado y lado, se podía haber pensando que los miembros de la Interpol son jueces supremos que deciden qué proceso es legítimo o y cuál no. ¿Pero la Interpol deslegitimó con su negativa el proceso judicial en contra de Correa? Si se examina la historia reciente de las alertas rojas y la doctrina que hay sobre ese instrumento de la policía internacional se puede llegar a una respuesta: no.

Si se observan los casos de alerta roja recientemente negados por la Interpol y lo que académicos han escrito y dicho sobre el tema, es evidente que la Interpol no se pronuncia sobre la calidad o legitimidad del proceso: en general no toma decisiones sobre casos relacionados con políticos, peor aún si los pedidos vienen de países con administraciones de justicia poco prestigiosos. Y Ecuador, evidentemente, entra en esa lista.

No alcanzan los dedos de las manos para contar los casos en que la Interpol se ha negado a emitir alertas rojas, como ocurrió con Correa. En ninguno el proceso judicial doméstico fue cuestionado, peor alterado, como pretende el ex presidente ecuatoriano cuando sugiere en su mensaje que la jueza Camacho debería renunciar. Uno de esos casos es del ex presidente paquistaní Pervez Musharraf. A él, lo procesa la justicia de su país por haber roto la Constitución de su país. El 29 de agosto del 2018 la Interpol negó el pedido de alerta roja pedido por las autoridades de Pakistán. Musharraf fue demandado en el 2013, salió de su país pidiendo una autorización de la justicia para atenderse un problema de salud en Dubai, de donde nunca regresó.

Un mes antes, en julio, la Interpol también negó la alerta roja en contra del predicador islámico indio, radicado en Londres, Zakir Naik, acusado promover entre sus seguidores el odio entre comunidades religiosas. En su caso, Interpol opinó que la emisión de la alerta roja era prematura, ya que la hoja de cargos no había sido bien llenada.

En febrero del 2015, asimismo, la Interpol se negó a emitir una alerta roja en contra del fundador, residente en Londres, del movimiento pro terrorista MQM, Altaf Hussain. ¿Qué alegó? Que no podía pronunciarse sobre temas que tenían connotaciones políticas. Según un diario digital paquistaní la Interpol lo hizo porque su constitución prohibe a la organización involucrarse en temas políticas, militares, religiosos o raciales. “La Interpol puede rechazar, escribió el diario, una publicación que considera no aconsejada o riesgosa”.

Las negativas de la Interpol a pedidos de alertas rojas en América Latina también son numerosas y tampoco han tenido consecuencias en los procesos judiciales que se siguen en los países que las han solicitado. Por ejemplo, el caso de la colombiana María Pilar Hurtado, exdirectora del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS). La Interpol negó dos veces a las autoridades de Colombia la expedición de la circular roja en su contra. Hurtado es investigada por escuchas ilegales a magistrados de la Corte, periodistas, activistas de derechos humanos y de políticos opositores al gobierno de Álvaro Uribe cuando era la directora del DAS. Las razones se dieron para la negativa fueron asismismo que se trataba de un caso con demasiados nexos políticos.

El ex presidente salvadoreño Mauricio Funes es otro ejemplo. La Interpol se negó a emitir en su contra una alerta roja con la misma argumentación: el caso tenía demasiadas conexiones políticas. Funes, sus parientes más cercanos y otros once acusados, son buscados por haber desviado dineros públicos de El Salvador.

El mejor ejemplo de cómo Interpol prefiere no emitir alerta rojas en casos que tienen connotaciones políticas es el del ex presidente Jamil Mahuad. Si bien en un inicio él fue incluido en la lista de buscados, fue retirado con un argumento casi idéntico al que se usa para Correa. En  una nota de El Universo del 2013, la Interpol comunicó a la justicia del Ecuador, a través de un correo electrónico, que luego de un análisis jurídico ese organismo determinó que el pedido de la jueza Ximena Vintimilla, no procedía porque la organización está prohibida de intervenir en “toda actividad o intervención en cuestiones o asuntos de carácter político, militar, religioso o racial”.

Ante el pronunciamiento de la Interpol sobre Mahuad, la reacción del entonces presidente Rafael Correa fue furibunda. En una entrevista a un canal cuencano Correa aseveró que la decisión del organismo “es un insulto a la justicia ecuatoriana”. Según Correa “lo que es un insulto es que la Interpol diga “no, esto es político”, y deseche un pedido de la justicia ecuatoriana”. El pronunciamiento de la Interpol no alteró en nada los procesos judiciales en contra de Mahuad acusado por la crisis bancaria de 1999.

No siempre, sin embargo, la Interpol se niega a emitir boletas rojas en casos  que pueden ser considerados altamente políticos.  Sí lo hizo, por ejemplo, con el ex presidente peruano Alejandro Toledo y el ex presidente panameño Ricardo Martinelli. En ambos casos, sin embargo, había procesos extensos y en los que había evidencias de corrupción muy fuertes. En el caso de Toledo, por ejemplo, estaba de por medio el escándalo de Odebrecht.

Pero sin duda el caso que más contradice el triunfalismo de Correa es el de Fernando Balda. Cuando se hallaba prófugo en Bogotá, la Interpol se negó a emitir una alerta roja en su contra. “Qué difícil es mantener un dicurso de persecución cuando se debe analizar la historia ¿no?”, replicaba en Twitter el abogado Felipe Rodríguez ante la reacción de Correa.

El jurisconsulto y catedrático italiano Mario Savino, quizá el académico que más ha estudiado el tema de las alertas rojas de la Interpol sostiene en su obra “Los incómodos casos de las alertas rojas de la Interpol” que tras todo el debate que hay sobre el tema está el cuidado del organismo por aparecer como un ente de orden político. Según él, la decisión de emitir alertas rojas es discrecional y muchas veces la idea es tratar de hacer aparecer al organismo como apolítico. Según Savino, la alerta roja es un acto administrativo internacional que no interfiere en nada con el acto soberano de administrar justicia de un órgano nacional.

Por su lado, la ONG inglesa Fair Trials International, que se dedica al activismo a favor de los procesos judiciales justos,  sostiene que muchas veces la Interpol no emite las alertas rojas porque muchos de los países que son miembros de esa organización no quieren que se sienten muchos precedentes en caso de que en algún momento uno de sus líderes sea buscado por la justicia. “La interpol no es un organismo judicial. No tiene ni debería tener la responsabilidad de legitimar evidencias a nivel nacional”.

La negativa de la Interpol da cierto aire a Correa; ahora tendrá más libertad de viajar fuera de Bélgica. Sin embargo, el proceso en su contra en el Ecuador sigue tal cual. Esto quiere decir que, por al menos siete años no podrá volver al Ecuador si no quiere ser detenido.  ¿Triunfo de Correa?  Si lo fuera entra en la categoría de lo pírrico.