Las formas irracionales de subir los salarios

La  izquierda filomarxista y socialdemócrata intenta solucionar el desempleo aumentando salarios y constriñendo las condiciones de contratación laboral. Lo proponen siempre bajo la conclusión de que se trata de reducir la plusvalía del trabajo; es decir, que el dueño del capital, que extrae valor del trabajo para su bolsillo, –a eso llaman acumulación de capital– “devuelva” al trabajador parte de lo que se apropia. En esa lógica, se aumentan salarios, se justifica que el trabajador participe de utilidades (pero no sufra efecto por las pérdidas) y se sancione a la empresa con draconianas indemnizaciones cuando cesa a un trabajador, sin importar el motivo.

En la historia de las decisiones de políticas públicas y de legislación sobre relaciones laborales, este ha sido el fundamento: un acuerdo entre dirigentes laborales, con el atávico y atrasado concepto de lucha entre clases, y gobiernos atrapados en el discurso politiquero de la “política social” y la redistribución, para sacar dinero del bolsillo del explotador empresario y poner en el bolsillo del proletario explotado.

Al final de cada año, se vuelve a escenificar, con el mismo guión cansino, el reclamo de incremento de sueldos que según dicen quienes lo reclaman, debe ser suficiente para atender las necesidades del trabajador. En los diez años precedentes, el salario básico unificado fue creciendo desproporcionadamente en términos reales, porque con el sistema dolarizado no se diluye por devaluación en los costos de producción.

Es una incorrección política debatir el axioma según el cual, en relación con los incrementos de sueldos, se debe pagar en relación con las necesidades. Es arriesgado no reconocer que el trabajo es un derecho que, en contrapartida, tiene obligaciones y por eso la pesada carga de las normas de protección. Pero algún rato la dirigencia obrera cuando deje su militancia política asociada a la izquierda y asuman que el trabajo es una oportunidad que surge de la inversión y que las retribuciones salariales deben tener relación con la productividad, probablemente, en vez de discutir cómo aumentar sueldos, discutirán cómo hacer que los precios bajen, por mejores y eficientes costos de producir o importar bienes y prestar servicios.

No por error, sino porque ese es el indicador que se persigue, se mide o compara el valor del salario mínimo vital, como fundamental en la política redistributiva que defiende la izquierda filomarxista. Lo que debería importar es cuántos bienes y servicios se puede adquirir con cada dólar que se recibe como sueldo y, en consecuencia, cómo se pueden producir o importar bienes a más bajo costo y cómo se eliminan o reducen las barreras de las restricciones impuestas para la contratación laboral, de forma que los costos de contratar un trabajador sean los relativos a su productividad y no a aquellos, a los que llaman beneficios, compensaciones, indemnizaciones que encarecen producir.

Con el gobierno de Moreno, no obstante la retórica y la propaganda, se sostiene el mismo sistema impositivo creado en el correísmo. La política arancelaria es la misma: impuestos de importación altos, mecanismos para-arancelarios y restricciones a las importaciones, bloqueo a la actividad comercial y precios altos al consumidor. Se mantienen los mismos impuestos distorsivos a los consumos, que les llaman especiales, como comprar perfumes o video juegos y a la inversión como el ISD. En materia laboral las normas y políticas inspiradas en el sentido revanchista, recargan protecciones a favor del 40% de la población económicamente activa que goza de la oportunidad de tener un trabajo y que impiden expansión de la oferta de empleo para incorporar al otro 60% que sobrevive entre el desempleo y el subempleo.

Esperar que algo cambie durante el gobierno “de todos” es una quimera. Sin embargo del entusiasmo de algunos de sus ministros que anuncian efectos inexistentes de la retórica sobre el viraje hacia el mercado y la inversión privada, que en muchas veces se acompaña de la condescendencia acomodada de dirigentes gremiales, no hay viso de las reformas estructurales necesarias para la apertura comercial y al flujo de capitales si se intenta ser parte de la Alianza del Pacífico o de un TLC con Estados Unidos. Seguramente, como en todo, para salir del paso se volverá a revisar el salario básico unificado con el mismo y atávico discurseo de aumentar la capacidad de compra y, como siempre, se dejará de lado enfrentar las medidas que provoquen un aumento real de la capacidad de compra, mediante la reducción de precios, la reducción de aranceles, impuestos y sobre costos a la producción.

Diego Ordóñez es abogado y político.