El Ejecutivo envió el lunes a la Asamblea una nueva versión de la Proforma del Presupuesto General del Estado (PGE) para 2019. Esta nueva versión toma en cuenta algunas de las observaciones que habían hecho los asambleístas al documento que se envió a finales de octubre. Según el comunicado de prensa que está colgado en el sitio web del Ministerio de Economía y Finanzas, las modificaciones hechas a la Proforma no alteran las metas fiscales, es decir, el Gobierno aún espera cerrar el próximo año con un déficit global de 3,2% del PIB, lo que implicaría unas necesidades de financiamiento en torno a $8.200 millones.
La principal modificación a la Proforma, al menos en apariencia, es la revisión al precio referencial del petróleo, que en el documento original se había fijado en $58,3 por barril y ahora se reduce a $50,1. Esta corrección era necesaria dada la fuerte caída en el precio del petróleo que se ha observado en las últimas semanas.
Ayer, según Bloomberg, el precio del WTI (el crudo de referencia en base al cual se determina el precio del petróleo ecuatoriano) cerró en $52 por barril, un dólar más que el lunes, pero $24 menos que el pico alcanzado a inicios de octubre. También ayer la Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA, por sus siglas en inglés) revisó fuertemente sus proyecciones del precio del WTI para 2019: en el informe de noviembre estimaba que el próximo año el WTI cotizaría alrededor de $65 por barril y ahora espera un precio de $54. Ante esta última proyección, el nuevo valor referencial contemplado en la Proforma para el crudo ecuatoriano (que está sujeto a un “castigo” en su precio frente al del WTI) aún luce poco conservador.
Por otro lado, pese a la corrección en el precio referencial del crudo, el Gobierno no modificó los ingresos petroleros que espera recibir en 2019 (cerca de $2.700 millones, incluyendo más de $800 millones que corresponden a amortizaciones de preventas de petróleo de años anteriores y que, por tanto, no generan un ingreso efectivo a la caja fiscal). El argumento oficial, según consta en el comunicado, es que el Gobierno “ha previsto profundizar el análisis de optimización de los subsidios a los combustibles durante el ejercicio fiscal correspondiente al 2019. Por tanto, los ingresos de la Proforma se mantienen sin variación. De su lado, estas decisiones determinan que los gastos de la CFDD (la cuenta de financiamiento de derivados de petróleo) se reduzcan en aproximadamente USD 613 millones”. Sin embargo, esa reducción de $4.841 millones a $4.228 millones en la CFDD no garantiza que el Gobierno vaya a revisar los subsidios (que sería lo deseable, dada la regresividad de esos subsidios y su enorme peso para el fisco). En realidad, la corrección en esa cuenta va de la mano con la corrección en el precio referencial del crudo (si se espera que el petróleo sea más barato también lo serán sus derivados); de hecho, en términos relativos es un poco menor: respecto a la Proforma original el precio del petróleo se revisa en 14,2% y la CFDD en 12,7%.
El Gobierno, por otro lado, no dice nada sobre la producción de crudo esperada para 2019, que en la Proforma original rondaba los 565.000 barriles diarios, es decir, un 9% más que lo observado en lo que va de 2018 y muy por encima del nivel acordado con la OPEP. En ese contexto, pese a la corrección en el precio referencial es muy probable que los ingresos petroleros sigan sobrestimados. Respecto a los tributarios (cuyo cálculo se basa en una optimista proyección de crecimiento económico de 1,4%), si estos no se han corregido (cosa que no se detalla en el comunicado), también estarían sobrestimados.
En cuanto a los gastos, la nueva Proforma otorga a las universidades públicas el mismo monto que se les asignó en 2018, pero este incremento en los egresos (junto con otros menores) se ve compensado por un mayor esfuerzo de ajuste en el gasto de sueldos y salarios, que ahora se reduce en más de $200 millones frente a 2018. Esa es una señal de austeridad positiva, pero luce insuficiente si se toma en cuenta no sólo la aparente sobrestimación de ingresos, sino también la posibilidad de que el monto que el Gobierno deberá destinar para pagar el 40% de aporte estatal al fondo de pensiones del IESS sea revisado al alza, lo que aumentaría el gasto total.
Por tanto, pese a las correcciones que se han hecho a la Proforma, aún es probable que el déficit y las necesidades de financiamiento que proyecta el Gobierno para 2019 estén subestimadas. En ese contexto, con un entorno internacional hostil para el financiamiento a las economías emergentes en general y al Ecuador y otros países en particular (lo que se refleja en su elevado riesgo país), el Gobierno, además de ser más decidido en el recorte del gasto al momento de ejecutar el Presupuesto (y, obviamente, descartar cualquier medida que implique reducir los ingresos fiscales), no puede seguir postergando lo que a estas alturas luce como el único camino para evitar un ajuste de shock en 2019: obtener un crédito del FMI.
José Hidalgo Pallares es economista.
