A finales de diciembre, el ministro de Energía y Recursos no Renovables, Carlos Pérez, anunció que el precio del diésel para vehículos privados aumentaría, mientras que el precio para el transporte público y de carga pesada se mantendría subsidiado mediante un mecanismo de compensación. A su vez, el consejero del Gobierno, Santiago Cuesta, anticipó que el nuevo precio del diésel se ubicaría en torno a $2,30 o $2,40 por galón, es decir, el precio internacional. Sin embargo, en un decreto firmado el lunes de esta semana, el Presidente Lenín Moreno establece que el precio del diésel se mantendrá en $1,037 por galón “para vehículos de transporte terrestre público y comercial y vehículos particulares”. Esta decisión constituye claramente un paso atrás de parte del Gobierno, no sólo en el sentido de que recula frente a una medida ya anunciada, sino también porque la reducción de los perniciosos subsidios a los combustibles, en la que el Gobierno se mostraba decidido, es una medida necesaria para el país.
Por el lado fiscal, la decisión de mantener intocado el precio del diésel para todos los vehículos es claramente negativa. Según el Banco Central, sólo entre enero y octubre de 2018 (última información disponible), el subsidio al diésel importado costó $769 millones. En 2013 y 2014, años con un alto precio del petróleo, ese subsidio rondó los $2.000 millones anuales. Al mantener el subsidio para todos los vehículos de transporte terrestre (según el INEC, en 2017 había 282.143 vehículos a diésel en el país), el ahorro que se genere con la revisión en el precio para otros sectores va a ser muy limitado.
Por otro lado, si el precio del diésel para todos los vehículos se mantiene en $1,037 por galón, entonces ese combustible, que es altamente contaminante, seguirá costando casi la mitad que las gasolinas extra y ecopaís y casi la tercera parte que la gasolina súper. Eso claramente constituye un incentivo para que algunos usuarios, sobre todo aquellos que consumen mucho combustible, consideren adquirir vehículos a diésel. Según la información del INEC, apenas el 0,3% de los automóviles que circulan en el país usan diésel, pero el porcentaje aumenta a 2,3% en el caso de los jeeps y a 21,5% en el de las camionetas. Por tanto, si esa diferencia en el precio de los combustibles se mantiene, no es descartable una paulatina migración hacia el diésel, lo que generaría un aumento en las emisiones contaminantes y una mayor carga para el fisco.
En el caso del transporte público de pasajeros, si se llegaba a elevar el precio del diésel se necesitaba algún tipo de compensación. No por el pésimo servicio que dan los buses urbanos e interprovinciales (peligrosos y groseramente contaminantes, sin que ninguna autoridad haga algo al respecto), sino porque para los hogares de las clases populares el gasto en transporte es un componente importante de su gasto total. En ese sentido, lo deseable habría sido compensar directamente a los usuarios a través de alguna transferencia directa, para que el subsidio no llegue al mañoso y extorsionador sector del transporte.
Históricamente los incrementos a los precios de los combustibles generan aumentos de precios en otros productos. Esta era una preocupación para el Gobierno, que por ese motivo anunció, originalmente, que los subsidios no se limitarían al transporte de pasajeros sino también al de carga, incluyendo camionetas. Ahí empezó a gestarse lo que terminó siendo la decisión de no aumentar el diésel para ningún vehículo. Si bien un aumento generalizado del precio de los combustibles líquidos (incluyendo la gasolina para los taxistas, que no tienen por qué ser favorecidos) habría provocado un salto en la inflación, hay que tomar en cuenta algunos aspectos que hacen pensar que el actual era el mejor momento para tomar esa importante decisión. En primer lugar, la inflación anual en 2018 cerró en 0,3%, muy por debajo del aumento salarial de 2,9% (demagógicamente) aprobado para ese año. Es decir, el poder adquisitivo de quienes ganan el salario básico aumentó en 2018 y para los trabajadores que no vieron incrementados sus ingresos, el poder adquisitivo de éstos no se redujo por segundo año consecutivo. Además, según el INEC al cierre de 2018 había un ligero excedente en el ingreso familiar (considerando un hogar de cuatro miembros con 1,6 perceptores de ingresos que ganan el salario básico) frente al costo de la canasta básica. Si a esto se suma el nuevo aumento salarial aprobado (sin ningún sustento técnico) para 2019, entonces había, al menos para los trabajadores formales, una suerte de colchón en cuanto al poder adquisitivo de sus ingresos ante un eventual salto en la inflación. En otras palabras, sabiendo que otros precios podían aumentar (por una sola vez) como consecuencia del necesario encarecimiento de los combustibles, ahora era el momento menos dañino para los consumidores.
Finalmente, más allá de los ofrecimientos del Gobierno de controlar la especulación (tarea harto difícil, por no decir imposible), también es obligación de los propios consumidores hacerse valer. Hace pocas semanas, un economista de izquierda que actualmente es candidato a la Alcaldía de Quito advertía sin sonrojarse en un programa de televisión que si se elevaban los precios de los combustibles, un almuerzo de dos o tres dólares pasaría a costar seis o siete dólares. Con ese nivel de argumentos, obviamente los especuladores sienten que tienen cancha libre y los consumidores tienen motivos para alarmarse. Pero si un local de almuerzos (o cualquier otro negocio) hubiera llegado a elevar de esa manera sus precios (lo que no se correspondía en lo absoluto con su estructura de costos), los clientes de ese local podían (o incluso, debían) no someterse a un abuso semejante y empezar a almorzar en otro sitio.
Pero eso es solo un escenario hipotético, porque lo cierto es que el Gobierno finalmente cedió a las habituales amenazas de los grupos de presión y la necesaria medida de revisar a fondo los costosos y socialmente injustos subsidios a los combustibles quedó nuevamente postergada.
José Hidalgo es economista.
Totalmente de acuerdo
Respeto su opinión pero no comparto.
Le puedo decir que lo que intentaban hacer era un atropello a la economia del pais, porque recordando a su persona y a su interés el Diesel es utilizado por maquinaria agrícolas subir el precio del diesel afectaría a todos los productores de alimentos a nivel global tanto es así que si una tenderá del mercado nos dice que la libra de papá que costaba 2 dólares algo asi pasaría a costar 6 dólares metiendo un puñetazo al pueblo y dejándole en la miseria, porque un rico lo podría pagar pero menos uno de clase pobre, entonces ahí venía la especulación de precios haciendo que todos los productos suban 3 veces mas para el consumidor, aparte es injusto que una persona normal y corriente compre una camioneta endeudandose con el banco, está persona ya pago impuestos elevadísimo por aquella camioneta y que aparte exista un abuso el rato que este consuma el diesel y vea que se elevado de un 140 pociento a 165% es totalmente injusto y no se piensa inclusive en los escolares, que estos prestan servicios cobrando 35 por niño, al poner la medida abusiva del costo del diesel esta pasaria a costar 70 dólares afectando la economía del padre de familia y conllevado a la injusticia social.
Muy buen análisis : el gobierno sale políticamente mal parado de todo este affaire , y la economía del país cada vez más cerca de la debacle total . No se puede mantener un presupuesto que tiene un déficit que rondará seguramente los cuatro mil millones y una necesidad de financiamiento de ocho mil millones ; gasto corriente de diez mil millones y servicio para pago de la deuda externa de ocho mil millones . Simplemente insostenible en el tiempo .
Estoy de acuerdo que dejar el precio del diesel a 1.037 USD no es acertado, pero tampoco era acertado subirle de un solo golpe al 140 %. Considero que subirle gradualmente era una buena MEDIDA pero a todos los vehículos , porque tengo entendido que los transportistas no aceptarían el sistema de cupos por el pésimo nivel de administrador que tiene el estado. Por otro lado señor Hidalgo el nivel de contaminación no sólo es responsabilidad de los transportistas sino también del estado por la mala calidad de diésel que venden.
Lamentable comentario. Lamentable porque en tu criticas no indicas como vas a focalizar el subsidio a los usuarios. Claramente es una medida que es muy difícil de implementar dado que hay muchos actores en el uso del diesel.
Con respecto a los vehiculos 4×4 privados se les puede focalizar el costo real de los combustibles pero es en cobro de la matrícula a través de los galones de diesel que consumen al año con la ayuda del Sri por la facturación electrónica y sincerar los costos de vehículos en el país para incentivar el uso de carros con mayor tecnología y menos contaminantes.
Es molestoso leer y que no ayuden con propuestas concretas. Sólo criticar con supuestos económicos sin reconocer que la implementación política sea viable.
Xavier,
Los pelagatos no gobiernan. Dan sus puntos de vista. Y en este ejercicio hay que ir punto por punto. Si el gobierno decidió que no habrá revisión alguna del precio del diésel; es decir que no cambia su precio, ¿qué sentido tendría ver cómo focalizar el subsidio entre los usuarios?
Totalmente de acuerdo, los transportistas manipularon la discusión, no les importó el pais sino sólo sus propios intereses y terminamos perdiendo todos.
Luego de leer estos argumentos reitero que en el pais necesitamos estadistas preparados.. manejar el estado no solo debe significar ver billetes y la economia del pais..sino valorar algo que no tiene valor “la humanidad o el ser humano en su totalidad”
la realidad PAISES CON COMBUSTIBLE CARO SON ECONOMICAMENTE FUERTE, aumentar el diesel de 1.03 a 2.30 es fuerte equivale +/- a 0.03 $/km en una Dmax diesel. el aumento de la gasolina extra para un taxi equivale a menos de 0.01 $/km o sea para un recorrido de 5km max 5 centavos la PREGUNTA es en cuanto se reduce el contrabando si es el 205 se justifica la medida si es menos se puede questionar.