Hace pocos días se presentó, en Quito, el informe del Barómetro de las Américas sobre la cultura política del Ecuador, LAPOP, correspondiente al 2016. Este reporte ha provocado gran interés porque sus datos ofrecen una radiografía sobre cómo andamos en términos de democracia en el Ecuador. Por lo tanto, coloca temas en el debate que vale la pena comentar.
El informe muestra que especialmente en los últimos diez años vivimos una “democracia electoral”. Mientras por un lado el liderazgo del poder ejecutivo se consolidó a través de las urnas, ese mismo liderazgo fue mermando, paralelamente, los derechos de los ciudadanos y la libertad de prensa, hasta generar una gran crisis de derechos y libertades por la que el Ecuador fue considerado como una democracia en riesgo.
El reporte pone de manifiesto la forma cómo piensan los ecuatorianos respecto a temas fundamentales: el apoyo a la democracia; cómo la corrupción es percibida, cómo los partidos políticos son considerados… Además aborda la percepción de los ciudadanos sobre temas polémicos como el aborto y el ejercicio de los derechos de diversidad sexual. En ese sentido, saltan a la vista ciertos datos preocupantes: por ejemplo, el apoyo a la democracia está decayendo. De 66.7% en el 2004, se sitúa en 53% en 2016. Es decir, sólo 5 de cada 10 ecuatorianos apoyan la idea de la democracia como régimen ideal y esto nos coloca en la parte inferior de la escala, en comparación con otros países de la región.
Se percibe un alto escepticismo respecto a la actividad política, como consecuencia de que los ciudadanos la vinculan mayormente con corrupción: sólo el 20.3% de los ecuatorianos confía en los partidos. Este dato plantea sin duda un reto enorme para las organizaciones políticas. Esa percepción podría deberse al discurso sostenido durante años que deslegitimó la participación política y sumió a los partidos en una gran crisis. No obstante desmarcarse de esa percepción podría tomar bastante tiempo.
Los partidos y movimientos se perfilan débiles todavía y esto coloca una responsabilidad muy fuerte que los líderes de los partidos deben asumir, a fin de que los ciudadanos los vean como actores confiables.
El informe muestra, respecto a las cifras relacionadas con la corrupción, que en 2016 uno de cada tres ecuatorianos dijo ser víctima de la corrupción y los funcionarios públicos son considerados como los ejecutores de ese proceso. Esto coloca a Ecuador cerca de Haití, como uno de los países con mayor tolerancia a la corrupción. Si pensamos que para el 2016 aún estaban ocultos los datos que en los últimos dos años se han destapado -más los escándalos de diezmos y demás- podríamos aventurarnos a decir que ahora estaremos más cerca o igualamos a Haití en ese aspecto.
El informe aborda un aspecto nuevo: una alta influencia de la religión respecto a la formación de criterio en relación a temas como aborto y el ejercicio de los derechos de diversidad sexual. Los datos nos muestran que estamos lejos aún de tener un sistema de generación de políticas públicas con visión laica, como laico es el Estado ecuatoriano.
Con estos datos de fondo, nos quedan varios mensajes. Necesitamos generar sociedades que apoyan las instituciones y que se esfuercen por ser incluyentes; ciudadanos tolerantes hacia posiciones más extremas; necesitamos un Estado capaz de tomar políticas de Estado laicas; normativa que sancione la corrupción y partidos políticos serios.
Si la curva de caída del apoyo a la democracia sigue así y los partidos no recuperan la confianza, unido esto a una corrupción con impunidad, estaremos entrando en un proceso fatal de democracia en recesión.
Ruth Hidalgo es directora de Participación Ciudadana y decana de la Escuela de Ciencias Internacionales de la UDLA.
