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La política manosea la seguridad

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El Estado tiene las armas, tiene la competencia de juzgar, tiene la responsabilidad, en consecuencia, de garantizar la vida y la propiedad de los habitantes. El Estado se dedica a perder millones haciendo malos negocios. El gobierno ha servido para repartir riqueza entre los amigos, pero no ha servido para sostener políticas y acciones de defensa de la seguridad de las fronteras, de las personas y menos de la violencia del hombre contra la mujer.

Entre los temas de más alta preocupación de los ciudadanos (aparte los graves daños provocados en el empleo y en las perspectivas de crecimiento económico, por el despilfarro y corrupción del correísmo y por la lentitud de Moreno de ejecutar cambios fundamentales en el modelo) está el referido a la inseguridad y los riesgos contra la vida y contra la integridad física y mental de mujeres agredidas por sus parejas, sus amigos u hombres que creen tener derecho de subyugar la voluntad de mujeres en indefensión.

La política de seguridad debió ser, entre otros, un asunto que debió someterse a un debate y diálogo político para confirmar, reformar o derogar leyes, rehacer instituciones y construir la estructura administrativa para que las competencias y responsabilidad atraviesen verticalmente todos los niveles de gobierno. Y horizontalmente todas las entidades que deben responder para prevenir, para investigar, para sancionar a los delincuentes. No puede haber estrategias diferentes y desconexión operativa. Y debe haber un consenso en torno a que el Estado no está para perder dinero y promover la corrupción metido a empresario sino está para garantizar el derecho a la vida y a la propiedad. Debatir sobre la devolución del uso de armas a los guardias de seguridad y sobre la capacidad de los particulares de poseer armas o instrumentos de defensa personal, actualmente prohibidos.

Pero esto es el deber ser. Para el dramático ser -es decir cómo la política responde al corto plazo- sirva de ejemplo la forma en que las instancias del poder, políticos y candidatos reaccionan frente a la estremecedora e impactante escena de un hombre ejerciendo poder sobre su pareja, blandiendo un cuchillo que concluye en su asesinato frente a la inoperancia de un grupo de policías inmovilizados durante noventa minutos sin animarse a liquidar al agresor y permitiendo, por su omisión, su sangrienta muerte.

El presidente Moreno (¿lo tendrá claro?) respondió ofreciendo perseguir venezolanos. Convirtió en política de seguridad una aberrante xenofobia y redujo, de forma irresponsable, la combinación entre la violencia de género y la falta de respuesta profesional de la policía, a un asunto referido a la nacionalidad del delincuente. La resonancia en redes fue un aplauso de los mismos que criticaron al que llaman ultraderechista Bolsonaro. ¿Realmente se puede creer que perseguir venezolanos es una política pública apropiada y éticamente sostenible?

De otro lado, el populismo penal aprovecha la barbaridad de las escenas del asesinato de Diana, de la depravación de los violadores y de la violencia de la violación de Martha, para exacerbar el primitivo sentido de venganza. El líder y la candidata socialcristiana a la Alcaldía de Guayaquil propusieron lo que sido las soluciones clásicas de de esa organización política: cadena perpetua y endurecimiento de penas. Y otros, añoran un presidente con una plateada Smith Wesson 38, cañón largo, al cinto.

Las penas se han endurecido. Los tiempos para reclusión o prisión se han incrementado y se pueden acumular cuando se suman varios delitos. ¿Va la solución por ahí o es solo respuesta electoral? Sin duda debe haber sanciones proporcionales a la gravedad del delito, pero no sirven si las estructura de represión, la estructura de investigación y las interacciones entre funcionarios y entidades que tienen responsabilidades administrativa y política, no sirven o no funcionan.

Los recursos que administra el Estado deben centrarse en sus tareas propias. Para tener y mantener una fuerza policial grande, que responda a los estándares mundiales de la relación entre el número de policías y la población; debidamente armada y sobre todo, formada profesionalmente para responder con eficacia en situaciones críticas y proteger víctimas. Que la delincuencia reconozca que delinquir es peligroso porque existe una respuesta represiva del Estado. Pero, cuidando de no rebasar la presunción de inocencia, los principios de aplicación progresiva de la fuerza y los límites de un Estado de Derecho.

Diego Ordóñez es abogado y político.

3 Comments

  1. Excelente. Usted tiene la razón. Hay leyes, hay organismos, hay procedimientos, etc; lo que falta es la aplicación.
    Así estamos.

  2. Las penas se han endurecido , ud se refiere al trato desigual de la ley por violencia de género , los homicidios deben de ser penados de igual forma tanto para hombres y mujeres y se debe de aplicar penas más fuertes para hombres y mujeres que matan, la violencia no es patrimonio de ningun género , en el caso de violaciones cadena perpetua y prisión efectiva así debe ser eso quiere la gente

  3. Excelente comentario, Dr. Diego Ordóñez. No podemos caer ni en la xenofobia ni en el “populismo penal”. Urge una reflexión profunda sobre lo ocurrido en Ibarra, con un grupo de policías que, quizá por temor a represalias o por ineptitud (o ambas cosas), se abstuvieron de cumplir con su deber, y utilizar las armas en contra de un delincuente que tenía sometida a una mujer indefensa, y terminó asesinándola. ¿Dónde estuvo el sentido común de esos policías?. ¿Están realmente preparados mental y profesionalmente los policías, para enfrentar situaciones como la de Ibarra?. Los problemas de la seguridad ciudadana y la lucha contra la delincuencia son muy complejos, y no admiten soluciones simplistas como las propuestas por el Presidente Moreno, proponiendo solamente controlar a los extranjeros (venezolanos) que llegan al país, olvidándose que también hay ecuatorianos (como los violadores de Martha) que cometen crímenes atroces.

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