El país que nos dejaron

Los ciudadanos  nos hemos quedado  paralizados ante los hechos violentos sucedidos en los últimos días. Nos han dejado sumidos en una especie de shock, una suerte de letargo, que se convierte en un estado de negación de lo ocurrido.

Una mujer es violada en grupo, otra apuñalada en tiempo real  y, a día seguido, hordas de ciudadanos persiguen, linchan y desalojan a inmigrantes. Tenemos que admitir que nos vamos transformando en una sociedad de rasgos violentos, en donde se matan mujeres y se promueve la xenofobia.

El caos ha venido a quedarse. El Estado trata de dar las respuestas que todos demandamos, pero ni desde la institucionalidad ni desde el campo del manejo político se presentan soluciones y esto contribuye a que se generalice la sensación de un país de impunidad. Esto tiene una raíz que tiene que ver, entre otras cosas, con el país que nos dejaron luego de 10 años de de-construcción del tejido social y de corrupción rampante.

Nos dejaron instituciones que fueron sistemáticamente debilitadas, serviles a intereses poco nobles. Por ejemplo, la Policía, cuya obligación jurídica era la seguridad ciudadana y debió haber sido más bien fortalecida en la lucha contra el crimen, fue señalada y deslegitimada con el burdo montaje del 30–S.

Las leyes fueron también manoseadas a conveniencia y a la carta. Los sinsentidos judiciales son cosa de todos los días, con fallos propios de la bipolaridad social en la que vivimos, archivando los casos de corrupción y torciendo la verdad y, al mismo tiempo, criminalizando la protesta.

No es de asombrarse que, ante lo experimentado, se haya generado una reacción muy peligrosa: hoy no son pocos los casos de justicia por mano propia porque los ciudadanos, al desconfiar en la justicia y sus operadores, reaccionan ante lo que identifican como peligroso de forma violenta y ganados por el temor, terminan cometiendo actos atroces. Lo vimos en Posorja meses atrás y lo volvemos a ver en Ibarra.

Si bien nos preguntamos de dónde sacamos los ecuatorianos tanta violencia y tendencia a la persecución, deberíamos cuestionarnos a nosotros mismos: ¿no vivimos diez años en violencia y tolerándola? Pasamos una década recibiendo mensajes directos que validaban la violencia de todo tipo, recibiendo todos los sábados, clases gratuitas de intolerancia, persecución y odio. Las generaciones jóvenes se forjaron con el mensaje equivocado: se les enseñó que las crisis no se afrontan mediante el diálogo sino con la imposición y el uso de la fuerza. Ese mensaje ha ido permeando en la sociedad.

Lo ocurrido en estos días es una voz de alerta para todos. La violencia contra la mujer, la proliferación de la delincuencia, la impunidad ante el crimen y la corrupción se tornan en un problema grave y evidente, que unido a  la falta de respuesta, rápida y efectiva por parte del Estado, es una olla de presión que no sabemos por dónde ni cómo va a estallar.

El país que nos dejaron, ese que nos quedó en mayo del 2017, necesita recomponer sus instituciones para que, desde esa raíz, brinde  a sus ciudadanos seguridad, justicia y paz. Para ello requerimos de muchas cosas: políticas educativas con transversalización de género, fortalecimiento de los organismos encargados de la seguridad ciudadana, lucha efectiva contra la corrupción, contraloría social funcionando, una justicia confiable…. Es decir, un Estado de Derecho y no de impunidad.

Mientras esta construcción no se dé así, seguiremos a expensas de que cualquier hecho obre como un “efecto mariposa,” que, producido en determinado momento, genere suficiente caos social, que sea  imposible de atender por un Estado fallido.

Quizá el país que nos dejaron venía con esa agenda escondida: la proliferación del caos para reinar en él. Ahora, el desafío está  en todos nosotros, ciudadanos y gobernantes: re-construir esta  realidad y forjar un país diferente para las futuras generaciones.

Ruth Hidalgo es directora de Participación Ciudadana y decana de la Escuela de Ciencias Internacionales de la UDLA.