En el comunicado de prensa que publicó ayer el Ministerio de Economía y Finanzas sobre la última emisión de bonos soberanos, se menciona que esa operación “no significa que se cierre el permanente diálogo y comunicación con otras potenciales fuentes de financiamiento, como los organismos multilaterales y China”. Esa aclaración, en realidad, parece estar de más, ya que las onerosas condiciones de la última operación ($1.000 millones a 10,75% de cupón, a diez años plazo), lejos de cerrar las puertas con otros prestamistas, deberían mover al Gobierno a buscar de una manera más decidida el acuerdo con el FMI que desde hace meses se hace esperar. Un acuerdo con esa institución no sólo implicaría mejores condiciones de financiamiento (plazos más largos y tasas sensiblemente más bajas que las de la última emisión), sino que también llevaría al Gobierno a adoptar medidas (no sólo de carácter fiscal, sino principalmente aquellas que permitan recuperar competitividad) en las que hasta ahora los avances han sido insuficientes.
El comunicado de prensa también destaca que “grandes fondos de inversión y otros inversionistas mostraron su intención de obtener los bonos ecuatorianos por sobre $3.000 millones”, es decir, que la demanda de los bonos ecuatorianos triplicó el monto que finalmente se emitió. Ese dato, en realidad, en lugar de algo digno de destacarse, debería constituir una alerta para Ecuador. Hace una semana Colombia emitió dos bonos en los mercados internacionales: uno por $1.500 millones con vencimiento en 2049 y cupón de 5,2% y otro por $500 millones (en realidad una reapertura de una emisión anterior) con vencimiento en 2029 y cupón de 4,5%. Según un comunicado de prensa del Ministerio de Hacienda de Colombia, “la operación alcanzó una demanda máxima cercana a los USD 12,6 mil millones, 6,3 veces el monto ofrecido”. Por tanto, la demanda de los bonos ecuatorianos fue comparativamente mucho menor que la de los colombianos. Eso pese a que los primeros pagan un rendimiento más de dos veces mayor que los segundos.
Ahora bien, ¿por qué el Ecuador tuvo que ofrecer un interés tan alto para poder colocar bonos en el mercado internacional?
(Antes de avanzar, conviene hacer un breve paréntesis. Está claro que las condiciones de la última emisión son muy onerosas para el Ecuador, pues implican un pago anual de $107,5 millones durante diez años sólo por concepto de intereses. Pero que Rafael Correa o quien fuera su ministro de Finanzas durante gran parte de su gestión osen criticar esa emisión por inconveniente es una nueva muestra de su cinismo. Basta recordar que ellos también emitieron papeles al 10,75%, lo hicieron en julio de 2016, cuando los bonos del Tesoro Americano pagaban un interés más de un punto menor que el que pagan actualmente, lo que significa que el “castigo” a los papeles ecuatorianos fue mayor; también emitieron, en marzo de 2015, al 10,5%, igualmente con tasas internacionales más bajas que las actuales. Pero más grave que eso, durante el gobierno anterior se financió parte del déficit con emisión inorgánica por parte del Banco Central; Correa y su ministro defienden esa irresponsabilidad queriendo equiparar la multiplicación de dinero que hacen los bancos comerciales –que prestan los recursos que captan de los depositantes– con una emisión primaria).
Volviendo a la pregunta, un motivo para esas altas tasas es, evidentemente, la situación fiscal. Si bien en 2018 el déficit del Presupuesto General del Estado mostró una reducción importante respecto a 2017, los gastos adicionales que se deberán afrontar en 2019 (principalmente el 40% de aportes al fondo de pensiones del IESS que Correa dejó de pagar, y también mayores egresos por intereses) y una probable caída en los ingresos tributarios (aquellos correspondientes a la remisión llegaron sobre todo en 2018) ponen más presión sobre las necesidades de financiamiento. Estas seguramente estarán más cerca de los $10.000 millones que de los $8.000 millones que estima el Gobierno. Pero un punto adicional, mencionado con insistencia en informes de bancos y calificadoras internacionales, es el de la liquidez, expresada en las reservas del Banco Central. Ese factor (que posiblemente explica por qué el Gobierno estuvo dispuesto a ofrecer un cupón de 10,75% en sus bonos) se debería solucionar, en el mediano plazo, con un ingreso permanente de divisas por concepto de exportaciones (idealmente no petroleras) y nuevas inversiones. Sin embargo, para eso hacen falta medidas que permitan recuperar competitividad y que no darán frutos de un día para el otro. Hasta eso, como en los años anteriores, las reservas se seguirán recuperando sólo cuando el Gobierno consiga financiamiento externo.
En ese escenario, y sabiendo que la demanda por papeles ecuatorianos fue modesta frente a bonos que ofrecían un rendimiento mucho menor, el Gobierno no puede seguir postergando un acuerdo con el FMI que no sólo permita, como ya se mencionó, obtener financiamiento más barato e impulsar medidas necesarias, sino también recomponer las reservas en las magnitudes que se requieren para generar más confianza en los agentes económicos. Lo ocurrido con la última emisión muestra claramente que apostar a seguir consiguiendo recursos en los mercados de capitales (para financiar el déficit y recomponer reservas) es, además de caro, sumamente arriesgado.
José Hidalgo Pallares es economista.
En la medida que existan fuentes de financiamiento (¡aunque sean caras) los gobiernos y el del Ecuador en particular no hacen las reformas que deberían hacerlo. Se disgustan que el FMI exija esas reformas, pero históricamente los países que han conseguido fondos del FMI, ¡tampoco hicieron reformas! Es más, la dolarización fue incompleta, había y hay que cerrar el Banco Central, reformar la legislación bancaria para una eventual integración financiera global. Y la re estructuración de la burocracia son pasos indispensable para que el futuro no se vea tan oscuro.