¿Quién va, efectivamente, a designar al nuevo fiscal?

A diferencia de lo ocurrido en el concurso para la designación de jueces constitucionales, en el que la gran mayoría de los candidatos eran personas reconocidas por sus antecedentes profesionales y académicos, en el que se realiza para nombrar al nuevo fiscal general este tipo de nombres son excepcionales. También a diferencia del proceso desarrollado para conformar la Corte Constitucional, en el que el Consejo de Participación Transitorio se esmeró en ubicar en la comisión calificadora a juristas respetables, en el relacionado a la fiscalía los integrantes de dicha instancia de selección son ciudadanos de buenas intenciones pero desconocidos. Como consecuencia de una y otra comparación, la esperanza generada por quienes ahora son jueces constitucionales se convierte en escepticismo cuando se piensa en la persona que podría llegar a ser el nuevo fiscal general.

Más aún, ese escepticismo se podría transformar fácilmente en deslegitimación anticipada del proceso si se considera el rol clave que deberá cumplir el fiscal general en la coyuntura política actual. En efecto, en medio de un país en el que las mentes lúcidas y corazones ardientes usaron y abusaron de los recursos públicos a su antojo, quien presida la fiscalía debería ser un profesional de excepción. Por un lado, dotado de amplísima experiencia en materia penal. Por otro lado, provisto de la respetabilidad necesaria para que el apoyo ciudadano esté presente cuando deba asumir decisiones trascendentales. Lamentablemente para el país, resulta difícil hallar ambas cualidades reunidas en alguno de los nombres habilitados para la fase final del concurso. Algunos conocen del oficio pero sus antecedentes personales son escabrosos, otros se han ganado un buen nombre en su vida pública pero no son especialistas en materia penal.

Lo más triste es que el escenario descrito era plenamente previsible. De hecho, si no se establecían condiciones extraordinarias para el concurso de selección (como en efecto ocurrió), era poco probable que juristas de primer nivel en lo profesional y ético postulen al cargo de fiscal. No es fácil encontrar abogados dispuestos a dejar la comodidad del ejercicio privado para asumir mayor carga laboral a cambio de menor, mucho menor, remuneración. No es fácil tampoco hallar profesionales idóneos dispuestos a competir por el cargo de fiscal general cuando no sólo deben asumir los costos derivados de decisiones político-jurídico importantes sino también los que se generan cuando se intenta transformar una institución plagada de corrupción y mafias. Es simplemente una cuestión de oferta y demanda; es una cuestión de mercado laboral y de costos de transacción.

Más allá de lo dicho, lo de fondo es que no es creíble que el Consejo de Participación transitorio no haya podido prever el escenario descrito. No es creíble porque los consejeros son profesionales experimentados y con olfato político. No es creíble porque en el caso del concurso para designar jueces constitucionales, el Consejo de Participación transitorio sí se anticipó a una situación similar y por ello diseñó un procedimiento más riguroso, apoyándose en el prestigio ético y profesional de la comisión calificadora y en el respaldo que provenía de la opinión pública y los medios de comunicación. No es creíble, por tanto, que en la designación del fiscal general el Consejo de Participación transitorio tenga el interés y precaución que sí demostró para nombrar a la Corte Constitucional.

En un mundo de negociaciones como es el político, quizás la selección de los jueces constitucionales correspondió efectivamente al Consejo de Participación mientras que la del fiscal general es patrimonio de otros actores e intereses. No puede entenderse de otra manera que el Consejo de Participación transitorio no haya previsto las herramientas políticas y simbólicas necesarias para designar un representante de la fiscalía que esté a la altura del momento político que vive el país. No puede entenderse de otra forma que el concurso para designar fiscal sea tan diferente al realizado para conformar la Corte Constitucional. ¿Quién va, efectivamente, a designar al nuevo fiscal? es la pregunta que ahora mismo ronda entre la ciudadanía.

Santiago Basabe es académico de la Flacso.