¿Qué intereses sirve Diana Atamaint?

Los consejeros Enrique Pita y Luis Verdesoto han hecho saber que una alianza entre los consejeros José Cabrera y Esthela Acero, que incluye a la Presidente del Consejo Nacional Electoral, ha puesto la entidad al servicio del Partido Social Cristiano. No lo dijeron en estos términos, pero fue obvia la alusión.

El presidente de la delegación provincial en Azuay denunció la presión directa de la Presidenta del CNE con orden expresa de recibir documentación extemporánea de algún candidato del Partido Social Cristiano. Se sabe que la delegación provincial de El Oro se entregó al control del Partido Social Cristiano mediante una allegada al caciquismo local. Se conoce que se han cambiado todas las delegaciones provinciales para que esta alianza tenga tres de cinco votos. Y es particularmente importante esa conformación para la revisión de actas y reconteo de votos.

El Secretario de la OEA que se enfrenta a Maduro, por algún capricho electoral, ha mostrado su condescendencia con Correa, conspicuo miembro de la misma pandilla. En la consulta convocada por el presidente Moreno envió una misión de observación electoral integrada por afines al Socialismo del Siglo XXI que no vino a dictaminar sobre la pureza del acto electoral sino a ayudar a Correa a buscar argumentos para cuestionar jurídicamente la consulta. La mafia correísta, que plagó con sus infiltrados a la burocracia estatal, hizo lo mismo en entidades de la burocracia internacional. En la OEA, Almagro dio trabajo al artífice del fraude, Juan Pablo Pozo. No obstante estos antecedentes, la Presidente del CNE pidió a la OEA que envíen observadores luego de que los cínicos correístas, incluido el capo, lo ordenaron. Así la Presidenta del CNE, sin tener en cuenta los opiniones del Pleno, se sometió a las displicentes condiciones del organismo regional.

No hay duda de que un ente electoral con representación diversa es mejor alternativa que los representantes de bolsillo durante el gobierno correísta, convertidos en pasasillas del autócrata. Pero, ¿es una ingenuidad contar con un Consejo Electoral independiente, autónomo y que no sea feudo o extensión de algún poder externo? Las evidencias apuntan a que la expectativa creada por la designación hecha por el Consejo Transitorio, quedará como otra esperanza frustrada pues, como se percibe, hubo un cambio de dueño y han resucitado los antiguos operadores. Aquellos de la rancia partidocracia de la derecha populista que se han encontrado juntos con los rancios socialistas, también redivivos, que han coincidido en un rol secundario al servicio del pretendido nuevo poder.

El Consejo Electoral se organizó con la venia de Mocolí. Como se estila con esos modelos clásicos de sumisión, la venia la consiguió la Presidenta en cita de puerta de calle. Y de allí, se han organizado los organismos electorales locales como, entre otras formas, el pago debido por la designación. Y de paso, también cuidar el flanco correísta, atendiendo su exigencia de tener presente a sus nuevos amigos de la OEA.

Verdesoto y Pita tienen un récord de credibilidad como para que la agresiva respuesta de la Presidente del CNE no se le vuelva como bumerán. Primero, porque carece de credibilidad su acusación de que “presionan por contratos”. Y segundo porque la respuesta imprecisa de Atamaint cae en el vacío. Si se trata de presiones sobre hechos concretos, probarlo es sencillo. Debería, en consecuencia, completar con relación a qué medios digitales se intentó, según ella, recibir publicidad electoral. Por el contrario, el episodio también muestra otra forma de arbitrariedad. No se entiende por qué la presidenta del CNE restringe que los portales digitales sean medios de difusión de mensajes electorales.

Estuvo previsto que la Presidente del CNE comparezca ante la Asamblea, en donde operó el tinglado de la alianza socialista-derecha populista-morenista para que no se produzca. Se inició la vagancia legislativa -vacancia dicen- y no se realizó la comparecencia. Así intentarán que el sometimiento del ente electoral no sea analizado y no tenga efectos políticos.

Del lado de las organizaciones políticas cuya voz ha sido ignorada, se debería proponer la integración del llamada Consejo Consultivo, para constituirlo y así procurar un seguimiento cercano y la revisión de las acciones operativas y decisiones administrativas, a fin de que se pueda evitar que, como está sucediendo, los operadores del nuevo poder, de la alianza, operen impunemente.

Diego Ordóñez es abogado y político.