Los últimos cincuenta años el petróleo ha marcado el día a día de la vida nacional. Los ciclos económicos del país, positivos y negativos, han surgido al vaivén de las bonanzas y decadencias de los recursos provenientes del oro negro. Hoy, después de la recurrencia de los vicios del pasado, al malgastar el boom petrolero y además usarlo como palanca para engordar el endeudamiento público, el Ecuador iniciará un nuevo ciclo, largo y doloroso, de recomposición de sus variables económicas y fiscales.
Las Empresas Petroleras y el Ministerio de Economía y Finanzas están inmersos en un indescifrable y obscuro laberinto de cuentas y acciones poco transparentes, que restan eficiencia a la gestión fiscal. En 2018, la producción de petróleo crudo fue de 188,8 millones de barriles, magnitud inferior a la de 2013. El ingreso petrolero efectivo al presupuesto de 2018 fue de apenas $1.119 millones. Entre la producción de petróleo y el ingreso de recursos al presupuesto, existe un tortuoso camino de cuentas contradictorias y poco confiables.
Petroamazonas efectúa ventas anticipadas de petróleo que se pagan con crudo y entrega los dólares a Finanzas. Los registros entre las dos entidades son incoherentes. Finanzas registra como saldo de ventas anticipadas de petróleo $410 millones y espera amortizar este año $890 millones, mientras Petroecuador tiene en sus balances otros valores. Finanzas publica como pasivos corrientes de Petroamazonas $1.900 millones y la entidad hace públicas deudas por $2.515 millones. En los balances de Petroecuador aparecen unos valores por importación derivados e ingresos por su venta y en los registros de Finanzas se muestran valores diferentes. Como siempre faltan dólares para importar derivados, la Tesorería del Estado ubica fondos de la caja pública sin registro presupuestario de las transferencias. Finanzas utiliza la liquidez de las empresas petroleras y otras, pero no publica éstas y otras deudas; entre tanto, Petroecuador en sus balances de 2018 registra como cuentas por cobrar al Ministerio de Economía y Finanzas $919 millones.
El país no cuenta con información clara y confiable de los flujos de ingresos y egresos petroleros, que sea consistente entre las cuentas del Ministerio de Finanzas y las empresas petroleras. En su balance de 2018 Petroecuador presenta ingresos de $11.647 millones, por exportación de crudo y derivados y venta interna de derivados. Al mismo tiempo, los costos de la exportación de crudo y derivados y de la venta interna de derivados y otros rubros ascienden a $8.547 millones, con un resultado superavitario de $2.942 millones. El Ministerio de Economía y Finanzas no informa de estos flujos, la deducción de estos rubros en la ejecución del presupuesto arroja resultados diferentes, pues, a la caja pública ingresaron sólo $1.119 millones.
Si los 188.8 millones de barriles de producción de petróleo crudo se hubiesen vendido a $60 el barril, se habrían obtenido $11.328 millones. Si el costo de producir hubiera sido de $4.500 millones, como se deduce de los balances de Petroecuador, el ingreso para el presupuesto habría sido de $6.800 millones, bajo el supuesto que la importación y venta de derivados estuviese en manos del sector privado. No hay duda, existen costosas ineficiencias en la estructura de la gestión petrolera y su relación con el manejo de las finanzas públicas. Un cálculo real y confiable de los subsidios a los derivados del petróleo no se ha hecho público. Los balances de Petroecuador reflejan cuentas por cobrar por combustibles entregados al sector público por $575 millones; entre ellas, a TAME por $132 millones, a CELEC (Centrales Térmicas) por $101 millones y a las FF AA por $82 millones.
Un posible programa económico y fiscal objeto de acuerdo con el FMI, debe partir de una absoluta transparencia de las finanzas públicas en su integridad: empresas públicas, IESS, GADs y Gobierno Central, y contener la obligación del Estado de publicar sin restricciones y, de manera confiable, todas las cuentas públicas. Hoy, se desconocen los usos por el Tesoro Público de la liquidez de los préstamos externos y de la liquidez de las empresas petroleras y eléctricas, los valores reales de la deuda flotante del presupuesto y de las petroleras y muchas otras deudas, así como las ventas de petróleo comprometido con la China y los contratos. Las cuentas del sector público no financiero (SPNF) no son confiables, entre ellas, las de las empresas públicas y su unívoca relación con las cuentas fiscales generales.
Las empresas petroleras deben funcionar como tales y su canal de transmisión con el presupuesto público debe ser la utilidad o pérdida que generen. Es imperativo evitar la mutua contaminación de ineficiencias entre la gestión del presupuesto y las empresas petroleras que debilitan el conjunto de las finanzas públicas. Las carencias fiscales restan recursos para las petroleras que no pueden invertir y producir más, por el contrario acumulan deudas. Presupuesto y empresas petroleras, cada uno en su andarivel, tienen que mantener cuentas sólidas y sostenibles y conducir al conjunto del Estado a depender cada vez menos de la renta petrolera.
La falta de transparencia en las cuentas públicas es también un acto de corrupción pasiva que debe ser juzgado. Sin absoluta transparencia de las cifras fiscales, como cimiento sine qua non de un serio programa fiscal y económico, los diagnósticos y las soluciones tendrán serias debilidades; en consecuencia, la falta de credibilidad en las políticas económicas que se propongan sólo abonarán al deterioro de las perspectivas de desarrollo del país.
Jaime Carrera es economista.
El columnista merece que se le haga algunas aclaraciones: 1) Petroamazonas no vende el petróleo que produce. Lo hace la Gerencia de Comercio Internacional de Petroecuador, 2) Alrededor de 60 millones de barriles anuales se cargan a las Refinerías sin costo alguno, 3) No incluye en el análisis el papel de la Secretaria de Hidrocarburos que administra los contratos de servicios específicos que se pagan con tarifas por barril extraído y que vende el petróleo producido por las empresas privadas y les entrega volúmenes de crudo como parte del pago, 4) No cuestiona el hecho de que el SRI no de las cifras anuales que las actividades petroleras e hidrocarburiferas generan como impuesto a la renta y al valor agregado, 5) Para similares actividades extractivas, el costo de producción por barril es de 18 dolares para Petroamazonas y de 32 en promedio para las privadas, 6) los datos economicos que ofrecen las empresas públicas son más creíbles que los que maneja el ministerio de Finanzas, ya que están vigilados por la Contraloria, 6) En el análisis, ni de lejos asoma la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburifero que se encarga de controlar las operaciones hidrocarburiferas y sus inversiones, costos, gastos, amortizaciones y depreciaciones. Por consiguiente sugiero al columnista que revise su análisis para que tenga más precisión en su tarea de privar de lo público a los ecuatorianos, que en este caso supone restarles valor a las empresas públicas petroleras.
Que formidable análisis del Econ. Jaime Carrera. Realmente brillante y que nos hace conocer el desbarajuste de cifras que rige en Ministerio de Finanzas y Petroecuador. Me pregunto: como puede manejarse económicamente la economía del país con semejantes diferencias del principal producto en que se basa nuestra economía, como es el petróleo? Con estas cifras como se consiguió un crédito tan elevado del FMI y las otras instituciones prestamistas? Cual sería el mecanismo para poner en órden las finanzas públicas con cifras tan disímiles como las presentadas por Jaime Carrera? Nos gustaría escuchar las soluciones que a criterio del mismo Econ. Carrera se deberían aplicar para corregir este entuerto.