¿Quién se hace cargo de las ofertas de los candidatos al Cpccs?

Votar por cualquiera de los candidatos al Consejo de Participación y Control Social, Cpccs, supone apoyar y luego hacerse cargo de las propuestas que éstos están haciendo durante la campaña. Ese es una regla elemental en cualquier democracia formal. Sin embargo, durante la actual campaña electoral para elegir a los siete consejeros del Cpccs el tema de las ofertas que los candidatos están haciendo ha pasado prácticamente desapercibido por la opinión pública. ¿Qué se está planteando para el Cpccs? ¿Qué tipo de Cpccs están ofreciendo los candidatos?

En realidad las propuestas no han sido para nada la base de la discusión pública, a pesar de los esfuerzos que hacen los candidatos y uno que otro medio que se ha dedicado a entrevistarlos, en algunos casos por puro formalismo. En verdad, los electores que han manifestado su determinación de participar en la elección del nuevo Cpccs escogiendo y votando por sus candidatos de preferencia han estado enfocados casi exclusivamente en el tema de cómo evitar o no que lleguen aquellos considerados correístas, porque sostienen que ellos van a restaurar el modelo político que instaló el gobierno de Rafael Correa.

Si se hace el esfuerzo, sin embargo, de escuchar a los candidatos en las entrevistas que han dado a los medios o las afirmaciones que han hecho en redes sociales, la conclusión es inequívoca: todos los candidatos están firmemente comprometidos con la idea de fortalecer al Cpccs y convertir a ese organismo, que fue pilar del modelo autoritario y cleptocrático del correísmo, en el más importante poder del Estado.

Tanto los candidatos a los que se les ha considerados como libres de correismo o correístas (ya porque han recibido el apoyo expreso de Correa, porque han tenido vínculos con el antiguo gobierno o porque tienen posturas alineadas con los intereses del correísmo) prácticamente todos van al organismo con el firme compromiso de fortalecerlo y dinamizarlo. Un hecho que hace pensar que, cuando los nuevos consejeros se hayan instalado en sus nuevos cargos, sería difícil desarrollar cualquier iniciativa por deshacer esa función. Si se votó por alguien que ofrece vigorizar ese organismo ¿con qué legitimidad se puede promover inmediatamente algo distinto? Es evidente, en lo que se ha visto de campaña, que los candidatos sostienen que si las cosas no funcionaron en el pasado fue por las personas que ocuparon  el cargo de consejero y no por la naturaleza misma del organismo.

Para María Fernanda Rivadeneira, por ejemplo, es indispensable dar fuerza al Cpccs, por lo que propone que ese organismo se ponga en la tarea de enseñar con campañas masivas a la población y a los funcionarios del Gobierno sobre sus derechos y sobre las funciones del organismo. Catalina Pérez también ha propuesto consolidar al Cpccs como máxima expresión de la lucha contra la corrupción, mientras que Gina Aguilar Ochoa sostiene que el Consejo va a “consolidar la democracia” en el país. Ibeth Estupiñán, además, propone que el Ministerio de Educación se involucre con campañas de educación para que la sociedad conozca las facultades y las posibilidades del Cpcss. Ricardo Rivera ha dicho, por su lado, que el nuevo Cpccs hará posible “construir un nuevo país”.

En definitiva, el elector que decida participar dando su voto por cualquiera de los candidatos, correístas o no, deberá asumir que su voluntad fue que el Cpccs se consolide en la institucionalidad política del país. Finalmente, por eso estará votando.

Otra propuesta que se repite en muchos candidatos es la de revisar lo actuado por el Cpccs transitorio, presidido por Julio César Trujillo. Si bien se trata de una oferta alineada claramente con los intereses del correísmo, ésta se repite en algunos candidatos considerados como no correístas. Hugo Ludeña, por ejemplo, sostiene que el Transitorio se ha extralimitado y que hay que revisar aquello que se encuentre que hizo por fuera de su mandato. Lo mismo propone Carlos Escudero y el cura José Carlos Tuáres, quien en una entrevista dijo que ese cometido lo hará sin ningún temor porque él, como Eloy Alfaro, no le temen a la muerte. Si bien estos candidatos no han sido incluidos en todas las listas que los cazadores de correístas han hecho, su propuesta coincide con aquellos que aparecen con destacados en esas listas, como Graciela Mora y Juan Javier Dávalos que tienen el discurso más agresivo y que son vistos como correístas radicales.

La oferta de la revocatoria del mandato del actual presidente Lenín Moreno está presente en las plataformas de campaña de los candidatos que ya han sido ubicados como correístas. Juan Javier Dávalos, Graciela Mora, Olindo Nastacuaz, Walter Gómez y Victoria Desintonio han ofrecido abiertamente esta posibilidad. Sin embargo, la idea de la revocatoria, aunque no necesariamente para el Presidente sino para los asambleístas, está también en los planes de los poquísimo candidatos que han demostrado en los últimos años tener posiciones abiertamente anti correístas como Aland Molestina y Hernán Ulloa. Una posible ventana, sin duda, para que el tema de la revocatoria pueda aplicarse para otros funcionarios.

Entre las propuestas hay gran variedad de temas. María Fernanda Rivadeneira, ofrece por ejemplo, que el desde el Cpccs fiscalizará el uso que se dio al dinero que se destinó a la reconstrucción de su provincia, Manabí, luego del terremoto porque cree que con ese dinero se debieron haber hecho universidades para la provincia. Hugo Ludeña quiere que haya una Corte Anti Corrupción con jueces que obliguen a los ecuatorianos que tienen cuentas en el extranjero a traer su dinero al Ecuador, mientras que Ricardo Rivera promete que desde el Cpcss hará que nunca más en el Ecuador se produzcan tragedias como la que le ocurrió a su hermano Paúl, uno de los miembros del equipo periodístico de diario El Comercio que fue asesinado por los narco terroristas de la frontera norte.

Marcos Molina ofrece, por su lado, que el Cpcss se compenetre en “los barrios más pobres del país” y Bernardo Cañizares que se vuelva a procesar la consulta popular del colectivo Yasunidos. Rosa Chalá sostiene que trabajará para “fomentar y garantizar el ejercicio de los derechos de participación de las ciudadanas y los ciudadanos, de manera protagónica, en la toma de decisiones de gestión pública”.

Otro tema que está con diferentes matices en las propuestas de muchos de los candidatos que no están en la lista de los correístas duros, es el de crear una comisión anti corrupción con apoyo internacional. Hugo Ludeña es partidario de una Corte Internacional con jueces de la ONU mientras Carlos Escudero dice que el Cpccs debe promover la desaparición de la Secretaría Anticorrupción de la Presidencia para instalar una que sea independiente de todos los poderes. Bernardo Cañizares ofrece instalar una Comisión anti corrupción bajo el auspicio de la ONU como la que estuvo en Guatemala.

Ofertas más, ofertas menos, la campaña electoral para el Cpccs ha sido de una pobreza abismal. Si se observan las entrevistas que los medios han hecho a los candidatos, se evidencia que incluso los periodistas encargados de las entrevistas hicieron el trabajo con un desgano y una apatía inocultable. Los candidatos, con las excepciones de rigor, se llenaron de consignas políticas que nada tienen que ver con las funciones del Cpccs como la de luchar en contra de las privatizaciones o defender a los migrantes.

Nada o muy poco se ha debatido, en esta etapa de la campaña, sobre el papel del Cpccs en la consolidación del modelo autoritario y cleptocrático que instauró el correísmo, y en eso también tiene responsabilidad muchos de los medios que entrevistaron a los candidatos. En casi todas las entrevistas aparece la pregunta al candidato sobre si es o no correísta pero en casi ninguna se les pregunta qué piensan sobre lo que ocurrió en la década pasada. La normalización del autoritarismo parece ser la tendencia.

Se escoja a quien se escoja, el elector deberá hacerse cargo de las ofertas de aquellos candidatos por los que optó. Ninguno ha dicho, en todo caso, ser partidario de instalar un nuevo Cpccs y convocar luego a una consulta para eliminar el organismo. Sin duda, se votará por la consolidación del organismo, independientemente de las lealtades políticas que tengan los candidatos.