Arreglar la situación fiscal ya no es suficiente

Salvo Correa, sus ministros y sus defensores incondicionales, todos quienes siguen y analizan las cifras del Ecuador coinciden en que durante la administración anterior el manejo de la economía fue absolutamente irresponsable. La manifestación más notoria de esa irresponsabilidad fue el desaforado crecimiento del gasto público, que a su vez generó muchas otras consecuencias: amplió el déficit fiscal, lo que provocó que se disparara la deuda y aumentara el riesgo país (elevando los costos de financiamiento para toda la economía); eliminó la posibilidad de generar ahorros líquidos para años de vacas flacas; promovió una actitud “cómoda” en una buena parte del sector empresarial que, viendo en el Estado voraz un cliente fácil, descuidó los mercados externos; y, obviamente, propició la multiplicación de casos de corrupción.

La mesa patas arriba que heredó el actual gobierno se refiere, en buena parte, a ese descalabro fiscal (aunque cabe recordar que en los primeros meses de la actual administración el manejo de los recursos públicos fue básicamente el mismo que en los años previos). Sin embargo, en las actuales condiciones de la economía, solucionar el tema fiscal no es suficiente para generar una mejora en las tasas de crecimiento y en los indicadores laborales. Es decir, si bien recortar el abultado gasto público, sobre todo el gasto corriente, es una medida necesaria para reducir el déficit e ir bajando las necesidades de financiamiento y, en consecuencia, mejorar la confianza de los agentes y bajar el riesgo país, no hay motivos para pensar que eso, por sí solo, generaría un aumento significativo en los niveles de inversión, tanto local como externa.

Esto se debe, como se ha insistido en otras ocasiones, a la pérdida de competitividad de la producción nacional frente a la de los países con los que competimos. Esa pérdida de competitividad, que se explica en gran parte por el fortalecimiento del dólar pero también por medidas de política interna que elevaron los costos de producción, no sólo limita la llegada de inversión al país (un empresario, incluso con menores costos de financiamiento derivados de un riesgo país más bajo, siente que el retorno de su inversión puede ser mayor en Perú o en Colombia), sino que también genera una presión permanente sobre la balanza de pagos. Según la última información publicada por el Banco Central, en 2018 las exportaciones de bienes, medidas en volumen, cayeron 1,7%, mientras que las importaciones crecieron al 8,3%. Si bien el aumento en los precios de algunos productos de exportación (principalmente el petróleo), permitió que el saldo negativo de la balanza comercial no fuera tan pronunciado como en otros años (pese a eso, pasamos de un superávit de $89 millones en 2017 a un déficit de $514 millones en 2018), el desempeño de las exportaciones frente al de las importaciones resulta preocupante.

Para el Ecuador, que no recibe flujos significativos de dólares a través de la cuenta financiera (salvo por nueva deuda del sector público con el exterior), el resultado de la balanza comercial, en realidad de la cuenta corriente en general, es muy importante porque un déficit persistente, que no se vea compensado con un ingreso de divisas en la cuenta financiera (como ocurre en Panamá, como lo explica Miguel Ricaurte, economista jefe de la Región Andina del Banco Itaú, en estos tweets), generaría una reducción en la liquidez interna. Esto, a su vez, afectaría a los depósitos (sin nuevos dólares, los depósitos no crecen) y, por tanto, a la actividad por una menor oferta de créditos por parte de los bancos.

(Se dice también que en una economía dolarizada el comercio exterior se regula “automáticamente”, porque se importa en la medida en que haya dólares para hacerlo. Sin embargo, en el Ecuador post-correísta, una vez que el Banco Central puso en circulación, a través de préstamos al Tesoro que ahora afortunadamente están prohibidos, miles de millones de dólares no generados en la balanza de pagos, esa lógica ya no aplica. Es decir, hay una presión adicional para importar bienes o servicios, más aún con un tipo de cambio real tan apreciado.)

En ese contexto, las medidas que el Gobierno haya acordado con el FMI (cuyo préstamo no sólo representa un alivio para el fisco sino también para las reservas internacionales) deben enfocarse no sólo en ordenar la situación fiscal, sino también en devolver competitividad al sector productivo para que, de esa manera, ingresen de manera permanente a la economía los dólares que se necesitan para evitar un estancamiento prolongado. Obviamente, lo ideal, en el mediano plazo, sería ampliar las fuentes de divisas para la economía (se ha planteado, por ejemplo, convertir al Ecuador en un centro financiero importante a nivel regional), pero eso no se consigue de un día para el otro. Mientras tanto, de manera simultánea con la necesaria (pero ahora insuficiente) corrección fiscal, se deberán tomar medidas que fomenten las exportaciones y la inversión extranjera directa, ambas capaces de generar empleo y de fortalecer la dolarización.

José Hidalgo Pallares es economista.