Nos queda debiendo la campaña

Las campañas electorales son espacios que la Ley otorga a los actores políticos como una oportunidad para que se puedan dar a conocer sus propuestas y planes de trabajo ante los ciudadanos. Al ser este proceso electoral tan complejo, por el número de candidaturas que se están disputando los espacios a nivel local, hemos estado atentos con mucha expectativa para conocer a profundidad a los actores políticos que quieren ganarse nuestro voto y lo que nos ofrecen para mejorar las necesidades de nuestras ciudades.

Esperábamos ver mensajes y planes de trabajo que reflejen  visiones de ciudad que se ajusten a los tiempos de modernidad que vivimos, y que tomen en consideración temas que son vitales hoy para cualquier gobierno local: la gestión ambiental, la fauna urbana, la seguridad, la movilidad, la participación ciudadana y la rendición de cuentas entre otras cosas.

Desde la concepción moderna del ordenamiento territorial urbano, por ejemplo, era importante tener propuestas que planteen con claridad una vía de solución a los problemas que sufrimos los ciudadanos de las ciudades grandes y lo propio en la dimensión de lo rural. Todos creíamos que la tecnología podría haber sido la gran aliada de la actual campaña electoral pero, lejos de eso, la realidad ha sido otra: las bondades tecnológicas con las que se cuenta, han sido utilizadas en su mayoría para caer en ataques personales y denuncias.

Han sido pocos los candidatos que nos están presentando propuestas puntuales. La campaña se ha tornado sosa, se nota que están ofreciendo lo que las encuestas les dicen que digan. Se ha perdido la autenticidad y con asombro vemos candidatos que repiten de memoria, libretos plagiados de campañas electorales que fueron exitosas en otros países, sin cambiar ni una sola palabra.

En tiempos pasados si bien los procesos electorales carecían de las normas que regulaban temas como los que hoy sí se regulan –el fondo de promoción electoral, por ejemplo, que evitó el uso indiscriminado e inequitativo de aportes privados sin control-, las campañas tenían un elemento que hoy estamos extrañando: los debates que fueron antaño quizás el elemento más importante y que ahora esperábamos con ansias. En los debates se definían las preferencias de los ciudadanos por los candidatos. Ese era el espacio ideal e idóneo de confrontación de ideas.

No había candidato que se niegue a asistir a un debate porque prácticamente era una obligación moral y cívica el medir sus propuestas ante el ojo ciudadano, poner sus ofrecimientos ante el escrutinio público. Como debe ser. Sin embargo, en esta ocasión, si bien hemos podido escuchar a algunos candidatos que han asistido a debatir frente al público, aquellos que más opcionados aparecen en las mediciones han rehusado hacerlo, lo cual es una falta de respeto al electorado.

Se habla de que, a menos de quince días de las elecciones, hay un nivel de indecisión del 65% de ciudadanos que manifiesta no haber decidido su voto. Podría ser que la ausencia de debates esté influyendo, de alguna forma, para que esto sea así. Negar a los ciudadanos la posibilidad de ver debatir a los candidatos con más posibilidades de llegar, debilita la democracia porque resta al votante la capacidad de participar activamente en el sufragio con un voto informado.

Aun cuando los asesores políticos les sugieran no asistir a debates a los más opcionados, a la larga, de cara a la confianza ciudadana, es un error estratégico negarse a debatir. Los ciudadanos debemos exigir que por respeto los candidatos debatan, confronten sus ideas con altura y solidez. Lo cierto es que en lo que va de esta campaña, nos quedan debiendo a todos.

Ruth Hidalgo es directora de Participación Ciudadana y decana de la Escuela de Ciencias Internacionales de la UDLA.