Más allá de quién ganó y quién perdió en los últimos comicios, hay evidencia empírica suficiente que debería llevar a una inminente reforma electoral. Por ejemplo, el 92,52% de los nuevos alcaldes llega a su cargo con menos del 50% de respaldo popular. En otras palabras, solamente en uno de cada diez cantones del país el burgomaestre electo tiene el apoyo de más de la mitad de los electores. La inmensa mayoría de esos cantones tienen poca población y buena parte de ellos están situados en la Amazonía. Adicionalmente, 29,43% de los nuevos alcaldes; es decir, casi un tercio del total, llega a sus cargos con menos del 30% de apoyo popular. Entre las ciudades con poblaciones intermedias, solamente en Manta el alcalde supera el 50% de votos válidos. En cuanto a los polos de desarrollo económico y político del país, la alcaldesa electa de Guayaquil es la única que alcanza una victoria contundente (52,60%). En promedio nacional, los nuevos alcaldes tienen una votación de apenas el 25,83%.
Una de las posibles explicaciones para este pírrico apoyo ciudadano a sus nuevas dignidades cantonales está en la excesiva oferta electoral. Dicho en otros términos, a medida que el número de candidatos va en aumento, las probabilidades de que alguno de ellos obtenga una votación contundente tiende a descender. No siempre sucede así, desde luego. Hay cantones en los que existen muchos candidatos pero solamente dos o tres capturan la gran mayoría de la votación; sin embargo, esos son casos excepcionales. Más allá de lo mencionado, el hecho de que apenas 7,48% de los nuevos alcaldes tengan más del 50% de aceptación popular conlleva otros posibles efectos en el futuro inmediato. Por tanto, si la excesiva oferta electoral provoca la disminución en el apoyo popular a los alcaldes, dicha debilidad implica la emergencia de otros eventos políticos que erosionan la calidad de las políticas públicas y, en definitiva, afectan al bienestar de la población.
Por un lado, dado que los alcaldes con baja votación suelen tener bancadas de ediles poco significativas, las negociaciones de cara a formar una mayoría en el Concejo Municipal tienden a incrementarse. Más allá del costo político y de tiempo que genera a los alcaldes la búsqueda de dichos acuerdos, la posibilidad de que las coaliciones de gobierno sean oportunistas y de corto plazo siempre estará presente. Cuando ello sucede, y no han sido pocos los casos, hay una afectación clara al diseño de una agenda conjunta y sostenible de obras y servicios a favor de las ciudades. Por tanto, la presencia de alcaldes con reducido apoyo electoral perjudica a la gobernabilidad municipal y fundamentalmente a los intereses de la ciudadanía.
Por otro lado, cuando el nuevo alcalde llega con una votación mínima (en muchos casos inferior al 30%), los incentivos que tienen los concejales de oposición para provocar una revocatoria del mandato aumentan exponencialmente. En efecto, durante el segundo y tercer año de gobierno, y con el apoyo del 10% del padrón electoral cantonal, es posible que en las urnas el alcalde sea depuesto. Así, el desgaste natural del ejercicio del poder sumado al deficitario apoyo electoral puede desencadenar, en el corto plazo, una explosión de procesos de revocatoria del mandato. Si bien per se este mecanismo de democracia directa no es nocivo, sí lo es el ambiente de incertidumbre generalizada e inestabilidad en los gobiernos seccionales que de allí se podría derivar. El CNE tiene que prever esta eventualidad y los Concejos Municipales deben ser cuidadosos al momento de elegir al segundo al mando pues allí podría estar el reemplazo del alcalde.
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Los escenarios expuestos pueden ser evitados a futuro si el CNE provoca en el corto plazo una reforma institucional orientada tanto a restringir el acceso de los movimientos políticos como a incrementar los requisitos de permanencia de los partidos. En el primer caso, es necesario dejar de lado la laxitud imperante que permite la emergencia de micro organizaciones seccionales. En el segundo caso, es imprescindible impedir el acceso a cargos de designación popular de aquellos partidos que no hayan cumplido con un umbral mínimo de apoyo popular en el ámbito nacional, aún cuando los votos les sean suficientes para obtener un espacio en la legislatura, por ejemplo. Con este paquete de reformas no se limitaría la competencia política; por el contrario, se fortalecería a través de la calidad en la oferta electoral.
La otra opción que circula de cara a limitar la irracional emergencia de candidaturas y sobre todo los problemas de gobernabilidad e inestabilidad ya enunciados, es la imposición de incentivos negativos, como la devolución de los valores entregados para las campañas electorales poco exitosas. Aunque esta medida no tensiona con la anterior, abiertamente es menos eficiente en términos de su aplicabilidad. Establecer los mecanismos legales para hacer efectiva dicha devolución seguramente tomará más tiempo y recursos económicos que los entregados a los candidatos. Por tanto, si el CNE tiene interés genuino en reformar el sistema electoral ecuatoriano, debería partir por establecer barreras de acceso a la competencia electoral de movimientos y partidos políticos. Sin esa decisión inicial cualquier reforma institucional será puramente coyuntural.
Santiago Basabe es académico de la Flacso.
La política en el país no tiene la seriedad que debería tener, vimos en campaña un desfile literal de payasos faranduleros que valiéndose de una campaña populista y demagoga desmenuzaban el padrón electoral a tal punto que la dispersión muestra que salvo casos contados no hubo mayoría ni ganadores con porcentajes decentes. La pregunta aquí realmente es ¿Cómo nos podemos quejar de nuestro sistema político si nosotros mismos lo avalamos y hasta aplaudimos en algunos casos?
El voto tiene que dejar de ser obligatorio en el Ecuador. Solo cuando no se nos obligue a votar, las ofertas electorales mejorarán ya que los partidos y movimientos políticos se verán obligados a presentar propuestas y candidatos que animen al ciudadano a votar. Solo ahí tendrán que verdaderamente COMPETIR por ganar votos. Mientras tanto, seguiremos viendo un desfile de variopintos que aspiran a una “Dignidad” para lucrar y a la que llegarán por obra de un sistema tramposo.