Según el programa del gobierno la caminata para alcanzar la estabilidad económica y fiscal será de tres años. El FMI verificará cada trimestre, a partir de marzo de 2019, el cumplimiento de las metas fiscales que conducirán al superávit del sector público hacia 2021. Como el primer paso ha concluido, es responsabilidad del país analizar las huellas que ya deja en el camino esta cruzada.
En el primer trimestre del presente año, en el Presupuesto del Estado se alcanzó un superávit primario no petrolero de $268 millones (ingresos totales menos los ingresos petroleros y menos gastos totales sin considerar el pago de intereses). Este positivo resultado se logró, en relación a igual período de 2018, mediante una ligera contracción del gasto corriente y una fuerte disminución del gasto de inversión. Desde otra perspectiva, el gasto corriente se ejecutó en el 19 por ciento de la previsión anual, en tanto, el gasto de capital e inversión tuvo una ejecución de apenas el 9,5 por ciento. En marzo se evidencia un atraso en las transferencias a Municipios y Prefecturas, que agregados a otros atrasos en los pagos éstos superan los $250 millones. De los $4.000 millones destinados a inversiones (sin lo asignado a los GADs), apenas se gastaron $148 millones. El superávit global considerando el pago de intereses de la deuda pública y la renta petrolera (ingresos totales menos gastos totales), fue de 116 millones. Este superávit se transforma en déficit, pues, no se registra el pago de intereses de los Bonos 2020 y 2022 por $186 millones, los que se pagaron en marzo. No es responsable que para cumplir las metas fiscales no se registren ciertas obligaciones.
En las metas fiscales del Acuerdo con el FMI, en todo el sector público no financiero, a marzo de 2019, $ 712 millones debe ser el piso del déficit primario no petrolero incluyendo los subsidios petroleros. Si el superávit primario no petrolero del Presupuesto del Estado fue $268 millones, por diferencia, se deduce que el déficit primario no petrolero incluyendo los subsidios petroleros del resto del sector público debe ser $980 millones. También a marzo de 2019 se establece una meta de $277 millones en cuanto al superávit global del Sector Público no Financiero (SPNF). A tal fecha el superávit global del Presupuesto del Estado fue de $116 millones (sub registrando los intereses), entonces, por diferencia, el superávit global del resto del sector público debe ser de $161 millones.
Para llegar a los resultados mencionados, los gastos del Gobierno Central fueron limitados en extremo e incluso se acumularon atrasos en los pagos. Para alcanzar las metas fiscales, se infiere el imperativo de aplicar la austeridad fiscal en el resto del sector público. El SPNF está conformado por el Gobierno Central (Presupuesto del Estado) que incluye las universidades y entidades autónomas, los institutos de seguridad social (IESS, ISSFA, ISSPOL), los gobiernos locales (GADs) y las empresas públicas.
Las universidades estatales, Municipios y Prefecturas, se financian en gran medida con participaciones del IVA, impuesto a la renta e ingresos petroleros. Los Institutos de Seguridad Social se financian con los aportes de las personas y empresas y del Estado. La mayoría de Empresas Públicas requieren de transferencias del Estado. Estas entidades no pueden continuar con el festín de los dineros públicos y deben someterse a la disciplina fiscal que exige la sostenibilidad de las cuentas públicas. Al amparo de una mal entendida autonomía, no puede continuar con la creación de cargos, celebración de contratos de personas y despilfarro de los fondos públicos.
También en el Acuerdo con el FMI se establece como meta mantener, entre enero- marzo de 2019, en $1.823 millones el flujo acumulado de las Reservas Internacionales Netas, lo cual obliga a que los saldos del Tesoro Público se mantengan elevados. Estos al término de marzo alcanzaron los $2.272 millones, luego de la colocación de más de $800 millones en CETES y volvieron a caer a $1.163 millones al 5 de abril. A su vez, acumular saldos en la caja pública significa contener el gasto público y/o no pagar obligaciones.
En este primer paso ya se vislumbra una caminata de tres años llena de complejidades. El Gobierno requiere mejorar los mecanismos de gestión de las finanzas públicas y fortalecer el rol del Ministerio de Economía y Finanzas para aplicar el rigor fiscal en todo el SPNF. De lo contrario, para cumplir las metas fiscales y monetarias, todo el peso de la austeridad debe asumirlo el Gobierno Central, lo cual se muestra poco sostenible.
La armonía entre el cumplimiento de las metas de déficit primario no petrolero incluyendo los subsidios petroleros, las metas de superávit global, la acumulación en el stock de la Reserva Internacional Neta que exige acumular saldos en el Tesoro Público, y la cobertura de las necesidades de financiamiento, requiere un cuidadoso y riguroso control de estos parámetros en cada segmento del SPNF. El monitoreo de estos objetivos nacionales requiere mejoras substanciales en la producción y transparencia de la información de las finanzas públicas y en el rigor técnico de la misma.
El cabal entendimiento de estas cifras, conceptos y metas, esenciales para el progreso del país, lamentablemente, está ausente del debate nacional reducido a la trivialidad cotidiana. Es deber de quienes hacen opinión pública en sus diferentes formas, de quienes con ciegos dogmatismos e iracundia critican y desinforman, y de quienes apoyan tales sanos objetivos, revestir su accionar de sólidos fundamentos técnicos, a fin de contribuir de modo responsable a la madurez que requiere la sociedad para con esfuerzo y sacrificio alcanzar la prosperidad y el desarrollo.
Jaime Carrera es economista.
Muy buen análisis de la realidad económica . Ojalá se cumplan los compromisos y el país pueda recuperarse de la debacle en la que nos sumió el correato .