Los títulos falsos delatan más corrupción

Hasta no hace mucho, y bajo el supuesto criterio de que en este país aquellos que estaban colaborando como funcionarios públicos con el gobierno “de manos limpias”, eran escogidos por un proceso riguroso de meritocracia, los que querían ser parte del proceso revolucionario que se vivía, tenían que acreditar formación académica de alto nivel.

Nadie podía quedarse atrás puesto que un líder, que paseaba su PhD por todos los continentes, exigía por supuesto, como mínimo, un título de maestría para poder hablar con él; ya que si no lo tenían corrían el riesgo de ser parte del montón de “limitaditos” que el líder aborrecía.

Con ese concepto muchas personas fueron desechadas de sus puestos de trabajo, especialmente en la función pública, por no poseer un título de aquellos que había que presentar para así acreditar ser merecedor de un cargo público.

Muchos fueron despedidos a pesar de poseer experiencia y conocer de la gestión y fueron reemplazados por cientos de funcionarios, algunos con interesantes títulos, que engrosaron el cinturón tecnocrático del Estado. Otros vivísimos aprovecharon la bondad del sector público y se dedicaron a sacar desde el escritorio maestrías y PhDs que, en más de una ocasión, eran cursadas por asistentes contratados para el efecto, pagados con plata nuestra.

Nadie pone en duda la importancia de los títulos universitarios. Estos son fundamentales en el ejercicio de la función pública porque garantizan que, quienes están a cargo de carteras de Estado, tienen el conocimiento y formación académica –no siempre la experiencia – para desempeñarse con eficiencia.

No obstante, el título universitario debe ser el resultado del esfuerzo, dedicación y tiene que pasar por el filtro de la evaluación para ser obtenido. La falsificación de un título no sólo constituye una mentira. Es un acto de corrupción en sí mismo. Primero, porque el individuo que comete este acto en contra de la fe pública, pretende acreditar conocimientos y experticia técnica que no tiene y además aspira de ejercer una profesión a sabiendas que desconoce los temas.

Además, busca deliberadamente vender una imagen irreal ante la opinión pública e, irresponsablemente, exhibe ante la sociedad una formación que es falsa. Por último, salpica de la peor manera a la institución que le otorgó el título de forma ilegal y pone en duda, muchas veces, el buen nombre de reconocidas instituciones.

Por una extraña razón, los casos de títulos falsos recaen en las principales figuras del régimen anterior. Curiosamente, dos Vicepresidentes del mismo grupo han incurrido en esta situación; es más, se ha comprobado que en uno de los casos hay una situación de plagio y se sospecha que cierta lideresa política -siempre del mismo movimiento- y que tuvo un relevante cargo en la Asamblea, también falsificó su título.

Los ciudadanos debemos saber que la falsificación de un título es una falta grave, de aquellas que no pueden ser toleradas. Porque quien comete ese acto, es capaz de cualquier cosa. Imaginémonos a ellos administrando nuestros recursos, decidiendo políticas públicas. El cuento se cuenta solo.

La falsificación de títulos es una forma más de corrupción y tiñe de negro el nombre de Instituciones que nunca debieron prestarse para aquello. Por lo tanto, si quieren recuperar su prestigio, deberán abrir sus archivos y facilitar la investigación para que estas prácticas no se vuelvan a repetir.

Y por parte de la sociedad, esos nombres deberían ser puestos, para siempre, en la lista negra de la deshonestidad.

Ruth Hidalgo es directora de Participación Ciudadana y decana de la Escuela de Ciencias Internacionales de la UDLA.