Hace pocos días, el estudiante Edison Cosíos falleció tras una larga agonía de siete años. Su muerte, nos deja una historia de dolor e injusticia que nos obliga a pensar sobre la pertinencia de los mecanismos de intervención en los casos del ejercicio de la protesta pública que, ante todo, es un derecho.
Por otro lado, nos cuestiona también la ausencia de respuesta eficaz desde el Estado, para mitigar y atender las secuelas de este tipo de casos, porque no se tutela -como debería ocurrir por responsabilidad- a los afectados y a sus familias.
El 15 de septiembre del 2011, cuando en el Ecuador se vivía un ambiente de criminalización de la protesta como política de Estado a todo nivel, y la libertad de pensamiento estaba restringida, la represión cobró una víctima inocente.
Se llevó a un estudiante, cuyo pecado fue participar en una manifestación contra el régimen de turno, mediante el ejercicio legítimo del derecho a la resistencia que, paradójicamente, está garantizado en la Constitución.
Rebelarse a los 17 años contra el autoritarismo, le cobró un precio muy alto: su propia vida. Seguramente nunca pensó que, en esos años aciagos, la policía podía salir a matar a quienes se atrevían a cuestionar las ideas y políticas del jefe, cobijados bajo sus órdenes y las de sus acólitos.
El disparo de una bomba lacrimógena lo dejó en estado vegetativo y, a partir de allí, se inició la lucha de sus familiares por mantener lo poco que quedó de su hijo, sin especialistas, sin apoyo. Desde ese momento a su familia no le quedó más que aceptar lo que el Ministerio de Salud buenamente les pudo dar, cuando en la realidad, a decir del mandatario de entonces, su caso fue considerado como crimen de Estado y, siendo así, tendrían que haberles garantizado atención médica permanente y de la mejor calidad.
La justicia también les falló: la indemnización que se señaló nunca llegó y la demanda al Estado fue desestimada en el Contencioso Administrativo. Todo este calvario, lo han padecido prácticamente solos.
La historia de Edison Cosíos, de principio a fin, habla de lo tremendo y devastador que es vivir en un ambiente de represión, y hasta dónde pueden llegar los liderazgos violentos cuando usan a la fuerza pública para atacar con todo a quienes disienten de sus ideas, sin miramientos, ni por la edad. Pero además, una de las cosas que a los ciudadanos nos ha llenado de indignación es ver cómo, ni bien fallecido el estudiante, aparecieron en redes sociales un sinnúmero de mensajes de condolencias públicas provenientes de quienes lideraron la represión que acabó con la vida de Edison.
Que aquellos que ordenaron la intervención en la protesta del 15 de septiembre de 2011 y que son culpables directos o indirectos de la desgracia del estudiante Cosíos y su familia, hoy se solidaricen y se rasguen las vestiduras ante su muerte, es inmoral. ¿Dónde estuvieron cuando tenían que ayudarlos? ¿No fueron ellos mismos quienes daban las órdenes de reprimir brutalmente en las calles?
Ciertamente, algunos personajes –y ex mandatarios- no tienen ni una gota de pudor social y nos recuerdan tristes prácticas propias de conocidos capos de las mafias de la región, quienes expresaban mediante manifestaciones de condolencias públicas, su solidaridad con los deudos de sus víctimas, que morían en actos criminales, sicariato o delitos conexos, ordenados por ellos mismos.
Cuando los Estados utilizan la represión contra la protesta como política de Estado colocan el uso de la fuerza al servicio de sus intereses políticos que, usualmente, son mezquinos y, además, otorgan a organismos como la policía, excesiva discrecionalidad en sus acciones que siempre terminan saliéndose de control.
El caso de Edison Cosíos plantea al gobierno el desafío de generar un Estado de Derecho donde se tutele a todos por igual y se destierre el abuso. Su muerte debería significar un punto de partida para erradicar prácticas funestas. Solo así la muerte del Patrón Cosíos no quedará en la impunidad.
Ruth Hidalgo es directora de Participación Ciudadana y decana de la Escuela de Ciencias Internacionales de la UDLA.
Muchos de nosotros los jóvenes que estuvimos, de alguna manera, presenciando lo que eran las huelgas estudiantiles, las muy conocidas “Bullas del Mejia”, sentíamos dicha represión de las autoridades hacia los nuestros, que por el año 2011 éramos aún adolescentes, niños de colegio y muchos dirán pero qué hacía él ahí sí tenía que estar en casa, la respuesta la encontramos fácilmente, él como muchos de nosotros no aceptaba imposiciones de “jefes”que creían que porque éramos aún unos niños podía hacer con nuestra educación lo que él quisiera. Lamentablemente cobró una vida, un futuro brillante de alguien que, después de tanta lucha, nos demostró que la política en este país sirve para callar a los que no están de acuerdo con el pensamiento de los jefes de turno, que dicen que la libertad de expresión es un derecho pero solo para los seguidores del pensamiento de los “líderes” de ese momento.
Edison y su familia debían tener un mejor final, ciertamente, pero con su caso nos damos cuenta de la poca justicia que existe en el país.
Nada mas lamentable que un persona inocente, que su único sueño fue luchar y defender lo que pensaba, que tenia una vida por delante haya pagado con su vida las injusticias y la dictadura de Rafael Correa. Que cuando debió hacer algo por que los culpables de esta situación paguen, por arrancarle a un joven de 17 años su vida.
Debió ayudar a su familia, que muy difícil fue cuidar de una persona que nunca se rindió y siguió luchando.
Ahora esta persona da unas condolencias a la distancia, cuando nunca hizo nada cuando todo lo que ofreció para la familia no llegó, que intento tapar la realidad, disfrazandola de una supuesta ayuda.
Esperamos que con su muerte, llegue la justicia y los culpables paguen lo que deban pagar y que la gente luche por lo que piensa y defienda sus derechos antes la corrupción.
Es muy lamentable el caso de Edison Cosíos, joven que perdió la vida en un intento de lucha de sus derechos como la libertad de expresión contra el régimen de turno. Fue atacado en el tan recordado 15 de Septiembre del 2011 por una bomba lacrimógena que lo dejó en estado vegetal, fueron varios años de dolor tanto para él como para sus familiares, hasta que la semana pasada su cuerpo murió por completo. Este caso nos trae tanto sentimiento, y nos recuerda el grado de injusticia que estamos atravesando en el Ecuador. La justicia le dio la espalda a Edison y a su familia, nunca llegó la indemnización que les correspondía y de igual manera el Ministerio de salud no los colaboró como debían, pero el hecho que más nos causa indignación es la hipocresía que muestran los culpables directos o indirectos ahora ofreciendo condolencias cuando no hicieron nada cuando el joven aún respiraba.
Que aquellos que ordenaron la intervención en la protesta del 15 de septiembre de 2011 y que son culpables directos o indirectos de la desgracia del estudiante Cosíos y su familia, hoy se solidaricen y se rasguen las vestiduras ante su muerte, es inmoral. ¿Dónde estuvieron cuando tenían que ayudarlos? ¿No fueron ellos mismos quienes daban las órdenes de reprimir brutalmente en las calles?
Ciertamente, algunos personajes –y ex mandatarios- no tienen ni una gota de pudor social y nos recuerdan tristes prácticas propias de conocidos capos de las mafias de la región, quienes expresaban mediante manifestaciones de condolencias públicas, su solidaridad con los deudos de sus víctimas, que morían en actos criminales, sicariato o delitos conexos, ordenados por ellos mismos.
Cuando los Estados utilizan la represión contra la protesta como política de Estado colocan el uso de la fuerza al servicio de sus intereses políticos que, usualmente, son mezquinos y, además, otorgan a organismos como la policía, excesiva discrecionalidad en sus acciones que siempre terminan saliéndose de control.
El caso de Edison Cosíos plantea al gobierno el desafío de generar un Estado de Derecho donde se tutele a todos por igual y se destierre el abuso. Su muerte debería significar un punto de partida para erradicar prácticas funestas. Solo así la muerte del Patrón Cosíos no quedará en la impunidad.
Ruth Hidalgo es directora de Participación Ciudadana y decana de la Escuela de Ciencias Internacionales de la UDLA.
Este mono al apoye debería seguir el ejemplo de Alan García y Moreno debe decir que en Ecuador no hay presidentes suicidados , pero no perdemos la esperanza
Al Capone Rafael Correa siempre honra “in memorian” de sus víctimas, pero lo hace a distancia, porque nunca más volverá.