A inicios de 2011 el gobierno de Rafael Correa decidió incluir en la consulta popular que se celebraría en mayo de ese año una pregunta sobre la posibilidad de prohibir en el país “los negocios dedicados a juegos de azar, tales como casinos y salas de juego”. En una consulta que incluía temas tan delicados como la conformación del Consejo de la Judicatura (la famosa “metida de mano en la Justicia”) o la prohibición para que los dueños de bancos o medios de comunicación tuvieran acciones en otras actividades, y en la que el régimen puso toda la maquinaria estatal a su favor, la opción de prohibir los casinos terminó ganando por un estrecho margen. Pocos días después, el entonces canciller Ricardo Patiño dijo al respecto: “Estamos buscando eliminar estos ambientes favorables y propicios para el lavado de dinero, sabemos que los casinos, aunque puedan tener actividades que no sean ilegales, son la oportunidad adecuada para el lavado de dinero”. Sí, Ricardo Patiño, una de las caras más visibles del gobierno que muy probablemente ha sido el más corrupto de la historia del Ecuador, el Patiño de los Pativideos y la narcovalija, el mismo que asegura que la condena contra Jorge Glas no tiene asidero, el que acaba de salir del país, apenas entrevió la posibilidad de tener que enfrentar causas judiciales (pero que admira la “valentía” de Glas), él defendía el cierre de los casinos con argumentos de lucha contra el delito.
También Rafael Correa defendía esa decisión. Según una nota publicada entonces por El Telégrafo, “el mandatario enfatizó que el objetivo es crear ‘un ambiente más sano’ para los jóvenes y evitar que por ‘el vicio del juego’ un padre de familia pierda su salario”. A la luz de todo lo que ahora se sabe de su gobierno, la reacción al leer esas declaraciones no puede ser otra que el asombro. ¿Estamos hablando del mismo Rafael Correa que ahora está prófugo, el que está acusado de haber promovido el secuestro de un opositor, el que dio lugar a una represión salvaje contra jóvenes, el que lideró un gobierno del cual decenas de altos funcionarios están presos o prófugos por haberse robado muchísimo más que el salario de un padre de familia? Sí, él mismo. Y no se limitó a imponernos su visión moralista sobre los juegos de azar (mientras a su alrededor se despilfarraban o se robaban miles de millones de dólares), sino que en su gobierno también se decidió cuándo podíamos tomar una cerveza o un ron. Otra declaración de Correa: “Creo que los juegos de azar y el consumo de bebidas (alcohólicas) disminuyen el nivel de vida de una sociedad”. Puede ser. ¿Pero la corrupción desvergonzada, la violencia de Estado, los atropellos a las libertades individuales no son mucho más dañinos?
Y la cosa no queda ahí, porque hay que recordar quiénes impusieron la prohibición para comprar bebidas alcohólicas los domingos (con el peregrino argumento de que así se controlaba la violencia). Esa medida entró en vigor por un acuerdo interinstitucional firmado por los entonces ministros de Turismo, Freddy Ehlers (el que luego se ganaba la vida abrazando árboles y durmiendo siestas), y de Gobierno, Gustavo Jalkh (más tarde destituido del Consejo de la Judicatura por haber ejercido sus funciones “con el objetivo de interferir en la administración de justicia para favorecer intereses de las demás funciones del Estado”, según la resolución del Consejo de Participación Ciudadana transitorio). Sí, ellos eran los guardianes de la moral y las buenas costumbres (otro que defendía esa medida era el entonces subsecretario de Gobierno, Edwin Jarrín, quien luego fue parte del Consejo de Participación que calificó con puntaje perfecto a Carlos Pólit en el concurso para designar al Contralor del Estado).
Nadie discute que el consumo excesivo de alcohol o la adicción a los juegos de azar generan consecuencias negativas no sólo a quienes sufren esos vicios, sino también a sus familias. Pero consumir bebidas alcohólicas o frecuentar casinos forma parte de las libertades individuales de los ciudadanos mayores de edad. El papel del Estado sobre esos temas debería limitarse a financiar instituciones en las que las personas que sufren esos vicios puedan tratar de superarlos. La prohibición, así lo enseña la historia (y la fallida lucha contra el narcotráfico), nunca resulta efectiva. Pero además de inútil es indignante si quienes la promueven son personas, como las mencionadas en esta nota, sin la menor autoridad moral para tratar de moldear las costumbres ajenas (habría que recordar que otro alto funcionario del anterior gobierno, Alexis Mera, llegó a decir que “el Estado debe enseñar a la mujer a postergar su vida sexual”). Ya sólo nos falta que personajes como Jorge Glas, Capaya, Galo Chiriboga, Ramiro González o tantos otros nos quieran dar lecciones de ética.
Pobre calidad moral de Correa, hablaba de seguridad y buenos modales para la juventud, al cerrar los casinos y muchas más fuentes de trabajo.
Continuará propagando de igual forma a su familia.?
Creo que no, mas ninguno de ellos lo creerá o tendrá caretuco para hacerlo.
Que ladron puede dar como ejemplo buenos modales a su familia.
No hay que olvidar que aquella consulta del 2011 también posibilitó la eliminación de las corridas de toros y las peleas de gallos, seguramente para “salvaguardar las buenas costumbres” de los ecuatorianos o para “no atentar contra la vida de animales”. No obstante, más adelante la Asamblea Nacional, de apabullante mayoría correísta, aprobó la tabla mínima de consumo de drogas, posibilitando así el imperio del microtráfico que se ha convertido en un lacra que afecta a todo Ecuador…
Los zurdos se creen que tienen autoridad para meterse en la vida privada de los ciudadanos indicando lo que deben o no hacer. Todo esto para distraer la atención de sus robos, atracos y mañoserias.
Excelente artículo, lo que se evidencia en esta última década saqueada, es quienes fungian de impolutos no eran mas que uno miserables ladrones y corruptos.
Muy buen artículo. Rasgarse histriónicamente las vestiduras y dar lecciones de moral; la estrategia más antigua para maquillar la propia podredumbre.
Exelente comentario basado en la realidad de lo sucedido en la nefasta década correista,; robaron y saquearon al país; hoy estamos viviendo del crédito iy lo peor en ciertos casos para cubrir gasto corriente ; sin verdaderas politicas fiscales estamos en el fondo de un civlo evpnomivo de lsrgo plaxo.
“El papel del Estado sobre esos temas debería limitarse a financiar instituciones en las que las personas que sufren esos vicios puedan tratar de superarlos”. El papel del Estado debería ser el de procurar por todos los medios la prevención , a través de la educación , aquí sí no medirse en recursos . Pero queda claro que como se dice en esta nota, la idea es generar trabajo permitiendo que estas instituciones con dinero del estado se enfoquen en los remedios y no en la prevención , es más parece rentable, por ejemplo ,que al volver estas casas de juego (generación de empleo) sean las que financien las casas de sanación . Hay un sector de la población , últimas elecciones seccionales , que sigue enamorado de sus verdugos ; será que en algún momento traigamos al escenario a personas , llámense instituciones privadas o públicas que sean dueñas del bien hacer????. Aunque siendo serios , nada nos entusiasma tanto como el hablar de los criminales .
Excelente artículo Sr.Hidalgo..Asi son estitos, hablan de moral y no tienen ni ética, y ese Mera pateador de izquierda, hablando de y denigrando a la mujer, que ella es lo más bello que hay, por Dios!! Fascistas cínicos con estupidez incorporada…..
THE NEW YORK TIME.
Hecho en China y exportado a Ecuador: el aparato de vigilancia estatal.
En todo Ecuador hay más de cuatro mil cámaras de vigilancia que mandan capturas de video a centros de monitoreo donde las grabaciones son examinadas por policías y el servicio de inteligencia, un sistema comprado al país asiático para vigilar a posibles disidentes.
El sistema ecuatoriano, instalado a partir de 2011, es una versión básica de un programa con controles computarizados que Pekín gastó miles de millones de dólares para construir a lo largo de una década de progresos tecnológicos. Según el gobierno de Ecuador, el contenido que pasa por las cámaras aquí es revisado manualmente por policías.
Pero una investigación de The New York Times encontró que las grabaciones también terminan en la temida agencia de inteligencia nacional, que en el mandato del expresidente Rafael Correa tenía un largo historial de seguimiento, intimidación y ataque a opositores políticos. Aun cuando el actual gobierno de Lenín Moreno investiga los abusos que habría cometido la agencia, esta sigue recibiendo los videos de las cámaras de vigilancia.
Moreno, quien asumió el cargo en mayo de 2017 y ha revertido algunas de las políticas de corte autocrático de Correa, ha prometido investigar los abusos de la Senain y ha intentado reconstruir la agencia de recopilación de inteligencia con un nuevo nombre. Su gobierno ayudó a que The New York Times revisara las andanzas de ECU-911 y la Senain.
“El gobierno veía el espionaje como una caja de herramientas de la que podían usar cualquiera de los utensilios”, dijo Roldós. “Podían espiar tu correo, tus llamadas, podían poner micrófonos en tu vehículo. Al mismo tiempo había gente siguiéndote. Era todo un
sistema.