En los dos artículos precedentes abordamos los objetivos fiscales y monetarios para los próximos tres años. El análisis estaría incompleto sin la comprensión del financiamiento público, pues, los tres elementos son parte de un todo indisoluble. Los conceptos y cifras de estos temas suelen ser hostiles no sólo para las mayorías pobres, sino también para la casi generalidad de las élites políticas, económicas y sociales. Para los economistas, encontrar la pedagogía adecuada para transmitir a la sociedad estas realidades, es una tarea en construcción. No obstante, nos impulsa el deber cívico de abordar estos temas, dada su vital importancia para el progreso del Ecuador.
El Ecuador contrata préstamos para financiar su déficit público y pagar los intereses y el capital de deudas contraídas en años anteriores. Además, cada año se deben cancelar las obligaciones del presupuesto estatal que no se pagaron en el año previo y otros pasivos. La sumatoria de los déficits de cada año configura la deuda pública interna y externa. La suma del déficit, las amortizaciones de la deuda pública y otros pasivos, conforma las denominadas necesidades de financiamiento. La única forma de reducir estas necesidades es lograr superávit en las cuentas públicas.
Según el programa fiscal del gobierno, entre 2019-2021 las necesidades de financiamiento del Sector Público no Financiero (SPNF) se reducirían de $5.902 millones a $1.442 millones, al tiempo que luego de equilibrar las cuentas públicas en 2019 se alcanzaría un superávit de $3.181 millones en 2021. Nobles propósitos que deben vencer un conjunto de complejidades en la gestión de todo el sector público.
Para que los citados resultados fiscales se cumplan, el elevado déficit del Presupuesto del Estado debe reducirse hasta niveles cercanos al equilibrio en 2021. Según el programa fiscal habría un progresivo deterioro de las cuentas de la seguridad social, pues, en 2021 las contribuciones a la seguridad social serían inferiores a las prestaciones de la seguridad social. Si no se revierte este saldo negativo, el presupuesto estatal deberá compensarlo con un superávit en sus cuentas. Municipios, Prefecturas y Universidades también tienen que ser austeros para contribuir al buen resultado de las metas fiscales, así como la liquidación de las empresas públicas deficitarias.
Se espera también que las empresas petroleras obtengan superávit en cada año, lo cual depende de los precios del petróleo y de la producción petrolera. Además, los flujos petroleros de ingresos y egresos, entre el presupuesto estatal y las empresas petroleras aún no tienen cifras claras y confiables. Ingresan pocos dólares a las cuentas del Tesoro y las petroleras aún no terminan de cancelar sus deudas.
En el período 2019-2021 el pago de amortizaciones o capital de la deuda pública interna y externa, en gran medida, sería cubierto con créditos de los organismos multilaterales como el FMI, BM, CAF, y BID. En las necesidades de financiamiento no se incluye la deuda flotante del presupuesto, rubro que asciende a importantes cifras sobre las cuales no existe información confiable y cuyo pago genera severas presiones en la liquidez de la caja pública. La emisión de Certificados de Tesorería (CETES) con plazos menores a un año y su constante renovación también es causa de tensiones en la gestión del Tesoro.En la programación para 2019 los CETES se mantendrían en $1.660 millones; no obstante, a marzo alcanzaron los $3.525 millones. Tampoco se incorporan las cifras y evolución de las deudas que mantienen las empresas petroleras, cuyo pago resta ingresos al presupuesto estatal.
En este entorno de financiamiento que luce riguroso, cubrir las necesidades de financiamiento del Presupuesto General del Estado genera tensiones e interrogantes. En 2019, menores ingresos tributarios y petroleros hacen prever un elevado déficit que, incluso si se concretan importantes reducciones en el gasto, será de montos significativos. Esta reflexión hace presumir que se requerirán recursos adicionales a los ofrecidos por los organismos multilaterales. Si estos no fluyen en los términos inicialmente previstos se requerirán dólares de otras fuentes en mayor proporción. La emisión de deuda interna y los pagos de sus amortizaciones también estresan la caja pública; más, cuando el IESS debe consumir sus inversiones para cubrir el pago de pensiones.
De otra parte, según la programación del financiamiento del SPNF, en 2019 habría una acumulación de depósitos de $2.719 millones, de $2.154 millones en 2020 y de $2,774 millones en 2021. Esto es, en 2019 los créditos provenientes de los organismos multilaterales y otras fuentes serían superiores a los pagos de amortizaciones de la deuda pública, en 2020 y 2021 el superávit permitiría acumular recursos en el Banco Central. Como se manifestó en el artículo de la semana anterior, la imperativa acumulación de dólares que incrementen la reserva internacional exigirá la armonía entre una serie de variables y rigurosos esfuerzos. Es el positivo reto de las políticas fiscales y monetarias.
Que el Ecuador reduzca sus necesidades de financiamiento, facilita el pago de su deuda pública, factor que contribuye a reducir el riesgo país. Esto permitirá cancelar los $1.500 millones de los Bonos 2020 y en el futuro realizar operaciones de mercado para sustituir los $15.750 millones de “Bonos Basura” por otros de menor costo, a fin de ahorrar en el pago de intereses. Necesidades de financiamiento minimizadas y viables, producto de cuentas públicas sostenibles y reservas internacionales incrementales, son fundamentos esenciales para atraer inversiones e impulsar el crecimiento económico, crear empleos y brindar oportunidades para todos, más para los pobres.
Jaime Carrera es economista.
El Estado tiene la obligación de garantizar al pueblo Ecuatoriano una estabilidad económica, para lo cual este tiene que buscar alternativas de financiamiento de inversiones, obras y cubrir con los gasto; por lo cual, este contrae préstamos con otros países, sin embargo este debe buscar la forma de poder cancelarlos y eso es lo complicado. Nos estamos endeudando pero ahora ¿Con qué vamos a pagar?.
Es verdad que los préstamos nos traen beneficios para todos, la forma de pago es lo complicado, para lo cuál estado deberá buscar alternativas futuras para cubrir estos endeudamientos. Así sea reduciendo los financiamientos y proteger la propiedad nuestra tierra ecuatoriana, son pequeños actos que se deben realizar y que el pueblo ecuatoriano deberá aceptar.