No un hospital en el Quito Tenis

Una gran valla anuncia un hospital en ese residencial barrio. Junto a ella, una gigantografía pidiendo que no se construya. No vivo en el sector, no conozco a quienes promueven la construcción del hospital, tampoco a quienes se oponen: me llamó la atención sobre cuál es el criterio de constructores y autoridades para edificar en medio de un barrio residencial, que no tiene accesos suficientes, de alta densidad poblacional en el que el tráfico deriva a una calle saturada. ¿Cuál es el criterio?

El respeto a la propiedad privada incluye garantizar el uso y goce de los propietarios, sin que se obstruya calidad de vida y se preserve el valor de los predios. Por eso es necesario disponer sobre el uso del suelo y se requieren autorizaciones para evitar que junto a una casa de vivienda se instale un prostíbulo, o se convierta un barrio de viviendas en calles repletas de comercio. Aumentar la densidad poblacional depende de la suficiente provisión de vías o transporte masivo y otros servicios para que la vida diaria de la personas no se convierta en un suplicio.

El concepto de libre empresa, que defiendo con rigor, termina cuando dañan derechos de terceros como la propiedad, y también cuando los rendimientos económicos provienen del uso y usufructo de bienes de uso común como calles, veredas y parques. Un ejemplo. En la avenida Eloy Alfaro y 6 de Diciembre se ha instalado un restaurante de menú de precio alto. En la inversión de infraestructura a los dueños se les olvidó los parqueaderos. Por el nivel del establecimiento, los clientescc-todos- llegan en auto. El efecto: ocupan parte de las veredas y la operación de parquear los vehículos afecta la fluidez del tránsito en una vía ya congestionada ¿Acaso el dueño del local cree que peatones y choferes se deben acomodar y aguantar para que su negocio tenga clientes?

Ningún negocio podría instalarse creando conflictos a los vecinos o transeúntes. Y esto no ha sucedido en Quito. Hay que estimular el emprendimiento, pero sin cargar parte del costo a terceros. En zonas de alto tráfico se instalan negocios y en ninguno de ellos se prevé suficientes playas de parqueo, entonces se usan las veredas o las calles reduciendo los carriles útiles. O se arman largas filas junto a centros comerciales o vehículos intentando ingresar al parqueadero -filas que no deben  ocupar espacio de uso público- o de taxis aguardando clientes. El resultado: calles de uso público convertidas en espacios de uso privado.

Las ciudades se planifican. Se trazan calles, se destinan espacios para recreación o esparcimiento, se construye alcantarillas, redes de agua y de suministro de luz. Se limita el uso, no por restringir el derecho de propiedad sino por el abuso de ese derecho que obstruye el derecho de terceros. Esa competencia, la de planificar la ciudad ha sido atribuída a los municipios, que la deben ejercer con normativas que garanticen las decisiones que las personas toman. Me refiero a que si construye su vivienda en un territorio destinado a ese uso, no suceda que un día aparece junto a un hospital, un hotel, un restaurante, una discoteca o una ferretería. En ciudades organizadas, los usos del suelo son definidos y la normativa no cambia por decisiones en las que influye el interés corporativo. En zonas de expansión para construcción de vivienda ha cambiado radicalmente la normativa de forma que zonas para viviendas unifamiliares se transformaron para dar cabida a edificios no solo para vivienda, sino para oficinas. Calles angostas son más angostas por la sobrecarga de vehículos.

Quito inaugura nuevo Alcalde. El electo ha anunciado un grupo de trabajo en los que destacan importantes urbanistas que ven las ciudades como espacios para la convivencia y armonía. Hay que reorganizar todo. El concepto de movilidad, el uso de los espacios públicos y el uso de los espacios privados que debe ser coherente. El caos provocado por la burocratización, incompetencia y carencia de un concepto de ciudad  de los últimos catorce años debe ser reemplazado. Eso supone una gran capacidad de gestión, negociación y uso de la autoridad y, ojalá, despolitizar el rol del Concejo Municipal.

Diego Ordóñez es abogado y político.