Corroídos por la corrupción

Según un informe del Diario El País de España, basado en datos del Banco Mundial y otras fuentes, la corrupción en uno de los problemas centrales de Latinoamérica, que deviene no sólo de la cultura y las instituciones, sino también del desarrollo económico y la desigualdad.

En Ecuador el 5,9 % de las empresas esperan que se les pida un soborno, en México y Perú el 17,6 %, en Chile el 1,3 %, en Uruguay el 2,4 %. En Ecuador el 10,4 % de las personas manifiestan que un policía les solicitó un soborno, en Bolivia el 28,6 %, en México el 23,8 %, en Paraguay el 21 %, en Chile el 2,3 %, en Uruguay el 2,9 %. En Ecuador el 27,2 % de las personas consideran que los sobornos están justificados, en República Dominicana el 29,8 %, en Bolivia el 20,2 %, en México el 23,6 %, en Colombia el 18,3 %, en Perú el 17,2 %, en Chile el 16,7 %, en Uruguay el 10,1 %.

Se han explorado múltiples orígenes de la corrupción. La relación entre corrupción e ingresos ha sido objeto de estudio. Parece confirmarse, con ciertas excepciones, que mientras más rico es un país, es menor la posibilidad de que una empresa tenga que abonar un soborno. En contraste, las personas que tienen más ingresos tienen una mayor propensión a que se les solicite un soborno. En la región, causa cierta sorpresa que la relación entre renta y corrupción sea mayor en los países más pobres que en los más ricos.

La relación entre corrupción y desigualdad en la región también es objeto de análisis. En las sociedades más desiguales es más probable que una persona justifique los sobornos, los segmentos más ricos tendrían la tentación de mantener su privilegiado estatus mediante las coimas, es el caso de Brasil o México. En los países con desigualdad media como Argentina o El Salvador, la relación es contraria, las personas con más ingresos justifican menos los sobornos. Parece que, en la mayoría de Latinoamérica, el interés de las élites económicas por mantener la corrupción es superior al de la población con menos recursos.

En Ecuador la corrupción tiene sus propias particularidades. La contratación pública ha sido su principal caldo de cultivo y objeto de un cuantioso saqueo de los recursos que las personas y empresas entregan al Estado. La corrupción ha permeado, en diversas dimensiones, en las conductas de amplios sectores y élites representativas de la sociedad. Cobrar diezmos a empleados de la Asamblea Nacional, obtener fraudulentamente títulos universitarios, manipular la justa aplicación de la ley, obstruir la investigación de casos corruptos, entregar con falso domicilio el número de identificación y nacionalidad a un extranjero, son apenas una muestra del amplio espectro de la corrupción en el país.

Al margen del saqueo de los fondos públicos, una suerte de corrupción pasiva es lugar común en el Ecuador de Manuelito. Son corruptos quienes con sueldos de privilegio viven del sector público, sin ruborizarse de haber sido serviles a antiguos deshonestos y hoy continuar su servilismo con aparentes honestos. Son corruptos quienes en nombre de lo políticamente correcto manipulan a los pobres para preservar sus intereses y desestabilizar la economía que los vuelve más pobres. Abrigan la corrupción aquellos que irresponsablemente utilizan los recursos de la sociedad para aumentar la burocracia pública con fines políticos, a la par que destruyen las finanzas públicas. Alimentan la corrupción quienes promueven el secreto de las cuentas públicas y del endeudamiento público. Es una infamia incalificable, contraer deuda pública para pagar la corrupción encarnada en sobreprecios y sobornos.

La corrupción ha socavado los cimientos éticos y morales de la sociedad y de la conducción del Estado, al extremo de transformarse la aceptación de su implícita existencia, en la normalidad de la casi generalidad de conductas económicas, políticas y sociales.  Cuando el honesto es tildado como tonto y las elecciones como máxima expresión de la democracia se tiñen de corrupción, solo se evidencia la descomposición de los valores y principios morales básicos que deben caracterizar a una sociedad. La corrupción constituye un óbice para el desarrollo del país y crecimiento de la economía, en la medida que aleja las inversiones, resta recursos para la protección de los más pobres y obliga a severos ajustes para estabilizar las finanzas públicas y la economía. La corrupción es un impuesto a los pobres y al desarrollo empresarial.

Los esfuerzos de corrección fiscal y económica serán incompletos sin una cruzada nacional para extirpar los malsanos tumores de la corrupción. En esa perspectiva, la consolidación de la independencia de las instituciones democráticas es de vital importancia, asociada a la cabal aplicación de la justicia, al irrestricto control de los fondos públicos y al ejercicio pleno de las labores fiscalizadoras del Poder Legislativo. La transparencia de las cuentas públicas y de la gestión del Estado, es también condición sine qua non en la lucha contra la corrupción, así como la libre denuncia y activa participación de la sociedad civil. El sentimiento anticorrupción, es y debe ser, objeto de movilización política y electoral, ámbito en el cual tienen mucho que decir las capas poblaciones menos favorecidas que han visto postergar sus atenciones por los incalificables hechos de corrupción que han dilapidado los fondos públicos. En el concierto internacional, la exacerbada corrupción ha signado al Ecuador con una indeseable marca de oprobio y vergüenza. La corrupción es una pandemia que debe proscribirse.

Jaime Carrera es economista.