El gobierno de la intrascendencia  

Cansa repetir que los acuerdos son imperativos para la transición política. Para salir de las dictaduras hay importantes ejemplos de convergencias entre diversos para instaurar la democracia, reponer el sistema de libertades y reconstruir una República.

No se previó que Moreno repudiaría a su mentor, denunciaría el carácter autoritario y corrupto del correísmo. Cuando lo hizo, lo elemental hubiera sido proceder conforme la lógica obliga y la historia enseña. Pero nunca el gobierno entendió, en su conjunto, el concepto de transición, lo que significa acuerdo político y convergencia y menos lo que debía agendarse en la perspectiva de transitar, desde una estructura autoritaria y corrupta, a una en la que podamos convivir.

La sonoramente intrascendente invitación al Acuerdo Nacional 2030 confirma esa conclusión. Más parece el intento de suplir la falta de iniciativa política y la debilidad marcadas por la severa perdida de credibilidad. O el ingenuo intento de dejar una plan de gobierno para quien asuma la presidencia en el 2021, con el detalle de que los actores políticos fundamentales no participarán de esa mesa. Lo que es obvio pues no van a cometer el error de comprometerse en una agenda de políticas públicas, que se si llega a acordar, lo que es improbable, sería un acuerdo desde intereses de corporaciones y no desde la perspectiva de un modelo integral de gobierno.

Tan pronto se instaló el gobierno del presidente Gustavo Noboa, por iniciativa de la OEA y para entender y subsanar las causas del derrocamiento del presidente Mahuad, se convocó al Gran Acuerdo Nacional. Nunca hubo un acuerdo y peor nacional. Todo terminó en que los indios, que fueron parte del golpe de Estado, obtuvieran espacios de poder y cuotas burocráticas. El mismo experimento intentó el presidente Gutiérrez que encargó a sus aliados, nuevamente los indios integrados en Pachakutik. Fue Augusto Barrera quien coordinó las mesas de diálogo. No se recuerda que haya tenido éxito y, al poco tiempo, Pachakutik abandonó el gobierno cuando Gutierrez descubrió que no era izquierdista y menos chavista.

Como la experiencia ajena no le sirve a nadie, va el tercer intento para lograr un acuerdo sobre un país supuesto dentro de una década, sobre la base discursiva de lo elemental. Un país desarrollado, con empleo, salud y educación de calidad: y, ambientalmente sostenible. Nadie podría estar en desacuerdo. Pero los inmovilistas y anquilosados esperan ese resultado desde el estatismo, desde los subsidios, desde el proteccionismo y sin cambios radicales hacia el mercado, hacia la apertura y hacia sistemas libres de contratación. Todo eso es programa de gobierno que se deberá consensuar con los electores.

Moreno no tiene el liderazgo ni la claridad de conceptos como para promover esa agenda de gobierno y, menos, para heredarla. Proponer una agenda de debate sobre políticas públicas sin pasar por cambiar la normativa, los sistemas y las formas de ejercicio de poder, es no haber entendido que primero debemos consolidar un República y una democracia.

Ecuador no vive un Estado de Derecho. Es un estado de derechos (¿?). No tenemos tres Funciones, sino cinco. No tenemos un sistema electoral que garantice un sistema de representación democrático y una distribución proporcional del poder. En España el reciente proceso electoral mostró que la integración del Congreso es proporcional al número de votos en las urnas.

Estaba entendido que en el gobierno, si había la comprensión sobre que el diálogo político, debía centrarse en lo fundamental. Para desarmar la estructura construida por la mafia y poner las bases sobre las que políticas de gobierno puedan debatirse. Supuesto equivocado. En el gobierno y Moreno están más interesados en quemar tiempo en intrascendencias y, de paso, ver si algo mejora el nivel de reconocimiento del vicepresidente. De allí, nada más que esperar.

Diego Ordóñez es abogado y político.