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Primera meta , pero queda bastante por corregir

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Es obligación cívica de cada ciudadano efectuar el seguimiento de las cuentas públicas que reflejan la administración de los dólares de toda la sociedad. Ante la equivocada nota del Diario El Comercio, al mencionar que el gasto del presupuesto se reduce en $690 millones al comparar enero-abril de 2019 con igual período de 2018, cabe una precisión conceptual para el análisis, a fin de evitar que los medios mal informen al país. El presupuesto estatal refleja una igualdad entre los ingresos más los desembolsos de nuevos créditos y los gastos más el pago de las amortizaciones de la deuda pública y otros pasivos. Los gastos son corrientes y de capital, el pago de amortizaciones jamás puede considerarse un gasto del Estado.

En estricta observación del rigor técnico citado, entre enero-abril 2018-2019, los gastos totales del presupuesto se reducen sólo $164 millones, esto es, el 2,4 %. Sin embargo, el gasto corriente continúa creciendo en el 6,5 %. El gasto de capital e inversión, sin considerar las transferencias a Municipios y Prefecturas, se reduce 51 %. De los $4.000 millones asignados en 2019 para inversiones, apenas se gastaron hasta abril $381 millones.

Según el programa del gobierno, en 2019 en relación con 2018, el gasto en sueldos debe reducirse en $653 millones en todo el sector público, sin embargo, en el presupuesto el pago de este rubro aumenta en $ 7 millones. En el acuerdo suscrito con el FMI, el cumplimiento de esta meta presenta interrogantes, pues, el gobierno está en incapacidad de someter a la austeridad a Municipios, Prefecturas, Universidades, Función Judicial, Asamblea Nacional y otros niveles del sector público. Por tanto, el peso del ajuste en la masa salarial debe asumirlo el Gobierno Central a través del presupuesto. Si hasta abril el gasto en sueldos permanece constante en relación a igual período de 2018, se infiere que la supresión de puestos efectuada, alrededor de 11.000 funcionarios, ha compensado el crecimiento inercial que deviene de las escalas de sueldos de Docentes, Médicos, FF AA, Policía y otras. Para cumplir la meta prevista deberá profundizarse la reducción de la plantilla pública del presupuesto. La disminución de puestos en las empresas públicas puede mejorar su balance operativo y reducir las transferencias del presupuesto hacia las mismas, mas no incide en la masa salarial del programa con el FMI.

La reducción del peso para la sociedad y la actividad económica del gasto en sueldos públicos, es vital para la sostenibilidad fiscal. Es importante que se revise el valor de partida de la masa salarial del programa de gobierno en el acuerdo con el FMI, pues luce inconsistente con la realidad. Según la Información Estadística Mensual publicada en la página web del Banco Central, el pago de sueldos del Sector Público no Financiero (SPNF) en 2018 fue de $10.672 millones, cifra que resulta de la suma de los sueldos del Presupuesto del Estado por $9.450 millones más los sueldos del resto del sector público por 1.222 millones. En esta última cifra se incluye el gasto en sueldos por $1.131 millones de Municipios, Prefecturas y Juntas Parroquiales. Al agregar el gasto en sueldos de los 38.000 funcionarios del IESS, unos $250 millones (cifra poco confiable), el valor de gasto en sueldos de inicio del programa debería ser al menos $10.831 millones, aún sin considerar otros rubros. La confiabilidad del programa fiscal exige números sólidos y veraces.

Entre enero-abril 2018-2019, el gasto en bienes y servicios aumenta 20,4 %, no obstante, la meta de reducción del programa con el FMI es de $639 en todo el sector público. Cabe similares reflexiones en cuanto a la capacidad del gobierno para viabilizar la austeridad fiscal. El déficit del Presupuesto del Estado entre enero-abril de 2019 es de $143 millones,  logrado mediante la paralización de la inversión pública, el aumento del gasto corriente y el uso de la mayor y estacional recaudación de abril. Lograr a fines de 2019 un superávit de $24 millones en todo el sector público, es un reto a la capacidad del gobierno para mantener un bajo déficit en el presupuesto y superávit en el resto del SPNF.

Acumular dólares en el Banco Central para cumplir la meta de aumentar la Reserva Internacional Neta (RIN) presenta dificultades. A fines de abril, los saldos del Tesoro se redujeron a $779 millones y el saldo en la RIN fue negativo en $411 millones. Este saldo a fin de año debe ser positivo en $1.420 millones, en armonía con la acumulación de los depósitos del sector público en el Banco Central por $2.719 millones y con el encaje del sistema financiero privado en tal Banco por $3.362 millones. Coordinar el déficit primario no petrolero incluyendo subsidios, con el superávit global también presentará dificultades, más cuando el valor de los mismos aumenta con el mayor precio del petróleo, lo cual supone mayores ajustes en este rubro.

Con gran esfuerzo y algunos malabares se cumplieron las metas a marzo del programa con el FMI. Es de esperar que, en la revisión del cumplimiento de las metas fiscales y monetarias al mes de marzo de 2019, se analice la viabilidad de algunas como la acumulación de depósitos del sector público en el Banco Central y la acumulación de la Reserva Internacional Neta. Es notoria la fragilidad de las necesidades de financiamiento y su cobertura al no incluir los atrasos o deuda flotante como parte de las mismas, cuyo valor aún no es confiable y bien establecido. La validez del monto de la masa salarial y su reducción es esencial. La disminución del stock de CETES y su impacto en la liquidez del Tesoro debe incorporarse en la evolución del financiamiento. El registro presupuestario de los pagos pendientes de caja en la Tesorería es imperativo. Es importante incorporar a la programación fiscal el resultado operacional de empresas como la CNT y las eléctricas entre otras, pues, sólo están consideradas las petroleras. Mejorar el proceso de consolidación de las cuentas del SPNF es urgente, así como su monitoreo en función de las metas establecidas. El empoderamiento de estos hostiles temas en toda la sociedad es vital para su progreso, anhelo fundamentalmente responsabilidad del gobierno.

Jaime Carrera es economista.

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