Después de diez años de un régimen que provocó enormes daños en la economía, la institucionalidad, la seguridad social, las libertades, los principios morales e incluso en las relaciones sociales del Ecuador, corregir todo lo que se hizo mal es una tarea necesaria y urgente (que en lo institucional y lo económico, con errores de por medio y tal vez no a la velocidad deseada, el actual gobierno ya ha iniciado). Si bien en algunos campos (como en el método de designación de las autoridades de control, por ejemplo) la corrección implica directamente deshacer lo hecho por el correísmo o tomar la dirección opuesta a la que se siguió en la década perdida, no en todos los casos es posible o incluso aconsejable hacer lo mismo.
En materia económica, por ejemplo, salvo los defensores acérrimos del correísmo (que en su mayoría formaron parte del régimen), casi todos los economistas coinciden en que el manejo fue absolutamente demagógico e insostenible. Si bien los errores fueron muchos y muy graves en distintas materias –por ejemplo, en comercio exterior (en esos años el Ecuador se autoexcluyó de tratados comerciales con socios relevantes y priorizó las relaciones con países ideológicamente afines, como los del ALBA), o en la relación entre Estado y sector privado (se llevaron a cabo decenas de reformas normativas que generaron incertidumbre y restaron incentivos a la inversión privada y, por otro lado, el Estado se inmiscuyó en actividades que no le competen)– el manejo de las cuentas fiscales merece una mención aparte. El explosivo aumento del gasto fiscal, que llegó a representar el 44% del PIB, casi 20 puntos más que antes del correísmo, generó varias consecuencias: una creciente dependencia de la economía en su conjunto hacia ese gasto, un aumento desmedido de la deuda pública e incluso el debilitamiento de la dolarización por el uso que se dio al Banco Central (cuya independencia se eliminó) como prestamista del gobierno. Pese a todo esto, en la actualidad luce muy difícil, e incluso poco deseable, reducir el gasto fiscal hasta los niveles previos al correísmo, menos aún con ajustes de shock como los que proponen algunos sectores. El Ecuador debe, sin duda, reducir el gasto (ya ha empezado a hacerlo, con los consecuentes impactos sobre el nivel de actividad), pero en ese proceso no se puede ignorar que lo que podría llamarse el “gasto estructural” (nómina, servicios públicos, intereses) es mayor que antes de 2007. Querer volver a toda costa a un tamaño del Estado como el de los años previos al correísmo puede incluso generar las condiciones para que ese movimiento o uno de características similares llegue al poder. Tal vez el consenso debería ser tener un gasto público parecido al promedio regional, en torno al 30% del PIB.
Algo similar ocurre en materia laboral. Es evidente que en ese campo los cambios normativos impulsados por el correísmo son en gran medida los causantes de la escasa creación de puestos de empleo formales en el sector privado en los últimos años. Sin embargo, ahora que el gobierno ha anunciado su disposición a llevar adelante una reforma laboral, no es posible caer en el extremo de una desregulación total que dé lugar a abusos por parte de algunos empresarios y justifique el discurso de “precarización” que manejan los sindicatos (que sólo se preocupan por la minoría de ecuatorianos que tiene un trabajo formal y no toman en cuenta las acuciantes necesidades de los millones de personas que sobreviven con trabajos precarios). La reforma que se lleve adelante debe ser equilibrada y para esto es importante que el sector empresarial no quiera “llevar toda el agua a su molino”. Lo mismo en materia impositiva: el correísmo creó impuestos claramente dañinos que deben ser eliminados (como el Impuesto a la Salida de Divisas, que para colmo fue ganando peso en la recaudación tributaria) e impuso salvaguardias desmesuradas que afectaron al nivel de actividad. Pero eso no significa pasar ahora a una rebaja generalizada de impuestos y aranceles, sin tomar en cuenta la situación fiscal o las consecuencias negativas que esas rebajas impositivas causarían a la economía nacional en un contexto de poca competitividad externa.
En materia legal, a estas alturas ya no hay dudas sobre la generalizada corrupción que tuvo lugar durante el correísmo y sobre la necesidad de juzgar y encarcelar a quienes lucraron indebidamente de los recursos públicos. Pero en ese contexto, más allá de evitar caer en violaciones al debido proceso, si lo que deseamos es que realmente se haga justicia, las causas judiciales no pueden limitarse a los corruptos del sector público sino también a los necesarios (y algunos ya conocidos) partícipes del sector privado. Si los representantes de las empresas que pagaron coimas no son procesados, entonces no estaremos hablando de una verdadera aplicación de justicia sino de algo parcial y sesgado, capaz incluso de dar sustento al mentiroso discurso de la “persecución política”.
En resumen, si realmente queremos dejar atrás al correísmo, las necesarias correcciones que se lleven adelante no deben consistir en hacer exactamente lo contrario a lo que hizo ese gobierno o en buscar responsabilidades únicamente entre sus miembros. En ese caso, estaríamos pasando, transitoriamente, de un extremo del péndulo al otro. Es hora de que busquemos llegar a consensos básicos de largo plazo (en lo institucional y lo económico, principalmente) que nos permitan generar un ambiente en el que no se perciba que tal o cual grupo (empresarios, sindicatos, movimientos políticos) tiene todo a su favor en desmedro del resto de la sociedad. Si eso ocurriera, dentro de pocos años volveremos a estar en el extremo opuesto del péndulo.
José Hidalgo es economista.
En general, el concepto es claro, con relación a las causas y las consecuencias que nos esperan. Sin embargo el gobierno no escucha las sugerencias que grupos calificados y con experiencia gubernamental proponen como SOLUCIONES. Las medidas que el gobierno ha asumido son parciales e insuficientes para detener la catástrofe que puede significar un default o la salida de la dolarización; peor aún la incapacidad para generar competitividad, seguridad jurídica, inversión y nuevo empleo con nuevas inversiones. Mientras se mantiene un déficit fiscal de tres mil millones, el Presidente maneja un programa IN-SOSTENIBLE NI SUSTENTABLE, que significan MIL MILLONES DE DÓLARES por año, para las viviendas que regala como parte de la ampaña electoral anticipada.
Esto ya lo escribí antes:
No hay 35,000 millones robados, pero la cuenta si debe andar por unos 5,000 robados y 30,000 despilfarrados. De los 5,000 robados unos 1,000 deben estar en manos de funcionarios públicos y los 4,000 en los que se beneficiarion de los contratos. Estos 4,000 son rastreables, especialmente por el SRI, ya que contablemente deben haber facturas falsas o empresas de papel para descargar los gastos. Y por favor olvidense de tonterias como perseguir a la Vicuña por adefesios, los que se quejan también eran parte de la trapacería y concentrense en la pepa, quizás recuperen algo aunque sea para pagar los sueldos de tanta comisión y auditores.
Muy buen análisis de la tragedia que significó para el país , en diferentes ámbitos , los diez años del correato . Pero efectivamente , la sociedad ecuatoriana deberá encontrar un equilibrio racional entre sus diferentes actores , y así evitar las oscilaciones bruscas y catastróficas del “péndulo “.
BRAVOOOO!!!!!!!
Lo mejor que he leido en los últimos
tiempos.
Ha despertado mi esperanza.
Gracias !!!!!
Muy sensato su planteamiento. Corruptos son los que piden y los que dan. La política de los extremos fue práctica corriente en la década robada (por corregir algo se iban al otro extremo como el caso de la tercerización laboral).
No debería hablar un economista sobre todo de la economía? Qué, de hecho, le otorga la competencia de hablar sobre lo social, lo legal, o lo laboral…? O bien incluso de la historia?
Lamentablemente está también sesgado en cuanto a la propia economía, cómo hablar de un “mal” impuesto a la salida de las devisas cuando estos, de hecho, ganaron peso tributario? No hay que ser Correista para reconocer la abierta contradicción.
Bien por su sesudo diagnóstico don José , lleno de propuestas, no me es difícil adherirme a la parte en la cual Ud. dice “si lo que deseamos es que realmente se haga justicia, las causas judiciales no pueden limitarse a los corruptos del sector público sino también a los necesarios (y algunos ya conocidos) partícipes del sector privado ” , que en muchas obras pusieron materiales chimbos . Por supuesto la corrupción es de doble vía. Además hasta ahora policías y militares aparecen impolutos a pesar de que les pegaron en San Lorenzo a los unos y dejaron un barco a los otros , sin que en esos sectores hayan sido llamados a juicio por tales descuidos , ni para ser enjuiciados cuentan con recursos. Una vez derogada la ley Plusvalía y los datos económicos de esta decisión siguen confusos, es decir, no se ve por ningún lado sus efectos en la economía ,tal cual fue el ruido hecho por los afectados para cambiar las cosas. Desmontar el impuesto a la salida de divisas , aquí sí será rápidamente notorio su efecto, solo somos buenos comerciantes , importadores al granel .
Muy de acuerdo con el señor Leoncio, sobre todo en su afirmación: “Además hasta ahora policías y militares aparecen impolutos…”, “y pa’ cuando?” la investigación a las cúpulas militares y policiales, que con su complacencia y aquiescencia, permitieron tanto abuso de la banda delincuencial liderada por ratael en la década robada, se dan cuenta que casi ninguna rata de estiércol ahora habla como la “década ganada”