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La trágica historia del IESS

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En 1942, en el gobierno de Carlos Arroyo del Rio se impuso la obligación del Estado de pagar el 40 por ciento de las pensiones de los jubilados. En 1970 se crea el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), en sustitución de la Caja Nacional del Seguro Social. Su creación coincide con el inicio del boom petrolero, a la par que se construyen hospitales, dispensarios médicos y entregan préstamos quirografarios e hipotecarios.

El deterioro del IESS se inicia en el gobierno de Febres Cordero, pues, desde 1985 se suspendió por parte del Estado el pago del 40 por ciento de las pensiones, política continuada por algunos gobiernos. En la década de los años 90 el promedio anual de transferencias de los gobiernos al IESS fue de 27 millones de dólares. En 1995 se convocó a una consulta popular para cambiar el modelo de seguridad social con la intervención del sector privado, la misma fue negada por el pueblo.

La crisis de 1999 pulverizó el patrimonio del IESS y el valor de las pensiones, éstas en 1997 fueron en promedio 135 dólares y al año 2000 se redujeron a 26 dólares, mientras los ingresos del IESS por aportes se redujeron de $462 millones a $230 millones. Para reconstruir la seguridad social en 2001 se expidió una nueva ley que aumentó la edad de jubilación de 55 a 60 años y estableció que esta debe aumentarse en función de la mayor expectativa de vida de la población, lo cual en aquel año ya era evidente. Esta ley perseguía la conformación de un régimen mixto de pensiones, mediante el establecimiento de cuentas individuales y el surgimiento de las administradoras privadas de los fondos previsionales. Propósito que fue declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional. La nueva ley permitió transformar los déficits del IESS en superávit, el cual alcanzó en 2003 los $561 millones, al tiempo que las inversiones alcanzaron los $1.682 millones, de las cuales $76 millones eran CETES y $674 millones Bonos del Estado, éstos hoy superan los $6.000 millones.

Es secular la historia del no pago de las deudas acumuladas por el 40 por ciento de las pensiones, hecho sometido a recurrentes consolidaciones. Una disposición transitoria de la Constitución de 1998 establecía la obligación de cancelar tales deudas en 10 años a partir de 1999. El desacuerdo entre el Ministerio de Finanzas y el IESS sobre el monto de las deudas es de larga data. En 2003, mientras Finanzas calculaba en $549 millones las deudas acumuladas entre 1985-2002, el IESS reclamaba $2.243 millones. En 2008 el gobierno cancela al IESS $888 millones como pago de las deudas del 40 por ciento de las pensiones acumuladas en los 23 años pasados, además con el compromiso de cancelar el déficit actuarial, cuyo valor actualmente es cuantioso.

La exacerbación del proceso de aniquilación de la seguridad social comienza en 2015 mediante la Ley de Justicia Laboral que suspendió el pago del 40 por ciento de las pensiones. También se redujo el aporte para las pensiones del 9,74 por ciento al 5,5 por ciento a fin de incrementar el fondo de salud. Ampliar sin financiamiento los servicios de salud a los familiares menores de edad de los afiliados, así como los costos de la atención a enfermedades catastróficas y otras, han contribuido al deterioro de las cuentas del IESS. El aumento del personal del IESS de 10.276 en febrero de 2007 a 38.154 a fines de 2018, solo evidencia la deleznable e irresponsable gestión de la seguridad social.

También ha contribuido al desfinanciamiento del IESS, entre 2012-2018, el aumento del valor de las pensiones y del número de pensionistas de 310.000 a 478.000, a la par que el número de afiliados por pensionista se reduce 8,9 a 6,5 en el mismo período. En 2019, para cubrir las pensiones el IESS debe consumir $414 millones de su patrimonio  y utilizar $473 millones del rendimiento de sus inversiones, a pesar de que el Estado pagará $1.240 millones del 40 por ciento presupuestado. El fondo acumulado de pensiones de unos $6.500 millones se irá consumiendo rápidamente en el futuro.

En los últimos 40 años, con alguna excepción, gobiernos de izquierda o derecha, demócratas o autoritarios, contribuyeron a la destrucción de la seguridad social, al no asumir con responsabilidad y ética pública los sagrados deberes de la conducción del Estado. En las últimas décadas, el deterioro financiero de la seguridad social tiene como eje transversal y telón de fondo, el persistente déficit público y la debilidad de la economía.

El colapso en ciernes del IESS vuelve inadmisible continuar con el generacional destrozo del futuro bienestar de la nación. La reconstrucción del sistema de seguridad social pasa por el aumento de la edad de jubilación y de las aportaciones, por la evolución de las pensiones y aportes del presupuesto en armonía con la economía y la sostenibilidad fiscal, por la eficiencia y adelgazamiento de los gastos del IESS y otras medidas que permitan el aumento sostenido de sus fondos que apenas bordean los $19.000 millones mientras en Chile están cerca de los $200.000 millones. Aún ciertas medidas serán insuficientes sino se acompañan de una economía con crecimiento elevado que posibilite mayores ingresos para el trabajador, con cuentas públicas ordenadas y con la permanente incorporación de informales y subempleados a la actividad económica formal.

Los gastos del IESS representan el 8 por ciento del PIB y el 20 por ciento del gasto de todo sector público. La solidez del IESS, sus gastos e inversiones, están llamados a contribuir de modo eficaz al crecimiento económico y no ser un factor de inestabilidad fiscal y económica de la nación.

5 Comments

  1. Porque nadie dice nada del seguro campecino que ellos pagan una miseria y se atiende toda una familia eso nosotros losque aportamos no debemos asumir esos valores es el gobiermo responsable de la salud de esas familias no los afiliados

  2. La Ley de servicio civil y Carrera Administrativa obligaba a afiliar a los empleados públicos con imposiciones calculadas en base al salario mínimo. Un gigantesco perjuicio en contra de los afiliados particulares que si aportan con base en el salario real. Miles de millones de dólares que durante largo tiempo dejaron de ser aportados por Ley, que beneficiaban a los empleados estatales con bajos descuentos pero iguales beneficios, que ha ido minando la capacidad económica de la entidad, que es un seguro para el que el empleado contribuye por treinta y cinco años.

  3. Estoy de acuerdo con Ud Consuelo, ese proceso de reingeniería debe empezar ya con las acciones primarias que señala. Felicitaciones Jaime por este breve análisis desarrollado en torno al desastre del IESS.

  4. Una de las primeras acciones es eliminar el número de empleados, y buscar la forma de automatizar las operaciones y controles a las cuentas tanto de aportes como las transferencias y pagos que debe realizar el gobierno de turno, honrando la deuda (correista) que tiene con el IESS. Estos cambios solo serán posibles si la institución se despolitiza, y las nuevas autoridades nombradas reconocen que el patrimonio es de los a portantes (trabajadores) y no del Estado. Estudiar estos cambios, significa apostar por una reingeniería total de la Institución, para nuevamente encaminarla a la recuperación, solo así dejará de ser una caja chica de todos los políticos de turno.

  5. En principio estoy en desacuerdo que el estado contribuya a las pensiones, pero por otro lado la cosntitución es clara, la salud está garantizada por el estado, en consecuencia, los aportes deberían ser exclusivamente para pensiones y riesgos del trabajo. Los hospitales son un derroche de dinero, cuestan caro, funcionan a medias cuando son nuevos y luego son una fuente de gastos, ineficacia e ineficencia. Clinicas privadas sin tanta infraestructura funcionan bien y con costos razonables. 38,000 empleados !! recuerdo que se armó un escándalo cuando en tiempo de Roldós metieron 1,000 compañeritos, Correa metió 25,000 a pesar de que hoy los sistemas informáticos han reducido el trabajo burocrático a una fracción.

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