El acceso a la salud pública es un derecho humano fundamental que muchas veces no es reconocido en su total magnitud y, en lugar de ser una línea de acción prioritaria, los Estados no aseguran una efectiva intervención en tan importante eje.
Los organismos que tienen a su cargo la administración de la salud pública, tienen el deber y la obligación jurídica de garantizar a los ciudadanos condiciones efectivas que les aseguren el acceso a servicios de salud eficaces, de buena calidad, y esa prestación, debe hacerse siempre bajo los parámetros de equidad y los imperativos de la ética.
Es tan delicada su administración que organismos como la OMS resaltan, hasta el cansancio, la importancia que tiene el ejercicio ético en la gestión de la salud.
Para cumplir con este objetivo, este organismo identifica, como una exigencia fundamental, que la administración de la salud cuente con liderazgos no solamente técnicos sino sobre todo con un profundo sentido ético y con una gran sensibilidad para tratar los complejos requerimientos de esta rama de gestión pública.
Cuando los Estados cuentan con una administración de la salud pública eficiente, son los sectores más vulnerables los principales beneficiarios de este servicio porque, de no ser así, poder curarse de enfermedades catastróficas muchas veces quedaría por fuera de su alcance.
Los hospitales públicos constituyen, para los grupos más necesitados, la única oportunidad de recibir tratamiento para sus dolencias. Los enfermos de cáncer, aquellos que tienen VIH positivo, los niños, las personas de la tercera edad y otros más, que no tienen recursos para afrontar los costos de un centro privado, acuden a la salud pública esperanzados en la ayuda del Estado.
Por eso es tan importante que los servicios que ellos prestan sean de la mejor calidad posible, que las medicinas que ofrecen en sus centros sean las correctas y que las pruebas que se hacen sean confiables. Al fin y al cabo, los ciudadanos que acuden a los centros públicos de salud son seres humanos que ponen en manos del Estado no solo su bienestar sino muchas veces su vida misma.
Si bien es cierto que la responsabilidad de quienes administran el sistema de salud pública es muy grande y complejo, y no siempre se cuenta con el suficiente financiamiento para atender el sinnúmero de necesidades que un país demanda, los administradores de la salud tienen la obligación de optimizar los recursos disponibles y para ello deben conducirse dentro de parámetros económicos, pero en consonancia sobre todo con valores éticos.
Estos principios y postulados nos quedan resonando en la cabeza cuando, en los últimos días, investigaciones periodísticas nos han revelado hechos que, de ser ciertos, podrían significar fallos extremadamente graves del actual sistema de salud.
Equivocaciones que podrían haber acarreado consecuencias fatales a muchos pacientes que pensando que recibían un servicio confiable, estaban siendo tratados inadecuadamente o, peor aún, con medicamentos cambiados o caducados. Se mencionan medicinas adulteradas, pruebas con reactivos descontinuados; todos adquiridos supuestamente con autorización del Ministerio del ramo.
Para tranquilidad de todos esta situación debe ser aclarada a la brevedad posible por los responsables y mentados en este grave caso de negligencia. Todos nos merecemos una explicación técnica y pronta porque, de ser cierto, estaríamos ante una situación sumamente grave que debería tener consecuencias legales.
Por otro lado, un funcionario público amenazó con enjuiciar a los autores de la investigación y tuvo que ser despedido en aras de la libertad de expresión. Sin embargo, a falta de una explicación oficial, los ciudadanos nos quedamos preocupados y en las mismas.
Y mientras estamos esperando una explicación que despeje las dudas, se tiñe el tema de opacidad: en lugar de afrontar el problema ante la opinión pública con seriedad, sensibilidad y honradez, se han desplegado ejércitos de trolls que, en redes sociales, están dedicados a replicar las malas prácticas que hoy todos aborrecemos.
Los ciudadanos necesitamos la verdad, rectificaciones urgentes si es del caso, afrontar el problema desde la visión de la ética, no del interés y cálculo político individual, porque la salud pública es un derecho humano.
Ruth Hidalgo es directora de Participación Ciudadana y decana de la Escuela de Ciencias Internacionales de la UDLA.
Igualita a la erótica para la verborrea en modo catarata, pero de absoluta nulidad para explicar lo que se enseña en quinto año de la escuela de Medicina, lo cual demuestra que pasó de agache los años y así se mantiene en el puesto. A unineuronas así exigirles ética en su comportamiento es como pedirle al fraudulento que explique los principios de la formación de los agujeros negros.
Lamentablemente en nuestro país el escogitamiento de los ministros y autoridades de alto rango del gobierno, no se realiza en base a un análisis profundo de las reales aptitudes y conocimientos de los individuos que llegan a ocupar esos puestos de alta responsabilidad. Todo es en base al compadrazgo, las amistades, el que más dinero puso para las campañas políticas, etc. etc. Por eso hay una Ministra de Salud que no tiene la mas minima idea de lo que es la organización y dirección del ministerio a su cargo y los resultados nefastos son evidentes. Está allí simplemente por que es pariente de la inefable ex ministra de relaciones exteriores quien evidentemente fue otro desastre en la conducción de esa cartera de estado. Otro ejemplo, el actual vicepresidente aparentemente aportó económicamente a la campaña electoral de Moreno, y allí está por obra y gracia divina ocupando tan importante cargo y sin demostrar hasta el momento, ningún aporte positivo a la sociedad y simplemente es un personaje de figureteo y nada más. Y ni qué decir de aquellos individuos que manejan puestos claves como la dirección de Tame, el IESS, los Bancos del Estado, etc. etc. Todas estas instituciones están en quiebra evidente y nada se hace para remediar esa crítica situación que le significa al estado (y por ende a cada uno de los ciudadanos que somos los dueños finales del mismo), pérdidas impresionantes de recursos que bien podrían servir para equipar escuelas, colegios, hospitales, etc. Todo es un derroche inaceptable de recursos del pueblo ecuatoriano.
Hasta cuándo Padre Almeida nos preguntamos los ciudadanos?
Seguimos a la expectativa de respuestas, nuestro sistema Nacional de Salud es un caos, los pacientes padecemos a diario por conseguir turnos, esperando por cama y quirófano, hay falta dd insumos, medicinas, y que decir del maltrato que recibimos, no hay tal atención con calidad y calidez. El diálogo que propone el gobierno debe trascender no quedarse en palabras vacías ni en acciones tibias frente a los acuciantes problemas de la salud, en definitiva los más vulnerables seguimos pagando por las erráticas decisiones de las administraciones de turno.
La gestión de la ministra de salud ha sido un fracaso completo