Ingenuamente, buscando algo positivo al correísmo, pensé que el sistema penitenciario fue un acierto. Pero no fue más que nuevas construcciones, sin un sistema. Una mezcla entre populismo penal y autoritarismo de ese tipo que penaliza toda clase de conducta e incrementa las sanciones. Las infraestructura de cárceles se satura prontamente, crece el número de presos, no hay medidas alternativas ni sistema eficiente para aplicarlas y no hay suficientes recursos económicos, humanos, materiales para controlar la población carcelaria y, menos, para su rehabilitación. Tan de porquería es, que el exvicepresidente Glas, preso por corrupto, que era parte de los apologistas del supuesto sistema exitoso de cárceles, ha intentado toda clase de recursos para que le saquen de lo que parece ser un infierno.
Allá se hacinan presos, pero tampoco así ha mermado la inseguridad, la violencia familiar, la violencia contra mujeres, de forma que sintamos que estamos a salvo. Cierto es que hay mucho de escándalo, que parece provenir desde los mafiosos intereses de la retaliación, que ametrallan al gobierno de Moreno. No obstante, despejando las malas intenciones de los maestros de las malas artes, hay realidades que son evidentes: el sistema no funciona apropiadamente para garantizar la seguridad de las personas y de la propiedad.
En una causa remota, lo primero que debe acordarse es que no se explica la existencia del Estado sino en su rol de garante de la seguridad individual. No el Estado de inversionista, de empresario, de impulsor económico sino el Estado centrado en tener una fuerza de seguridad y un sistema judicial eficiente. Luego de esa conclusión deberá fluir, naturalmente, recursos económicos para cumplir esa tarea. Durante el correísmo -gracias a los exorbitantes recursos de los que dispusieron y a la descomunal corrupción- dedicaron el dinero a construir allí donde había comisiones y no a crear un sistema de protección, sanción y rehabilitación.
Los gobiernos juegan con las estadísticas para mostrar supuestos avances en mejorar la seguridad. Usualmente refieren a la disminución, dicen, de crímenes violentos como evidencia de éxito. Pero no es solamente muertes violentas lo que destruye nuestra calidad de vida diaria. Son robos, asaltos, violaciones, acoso. Pequeños atentados a la integridad de las personas y a la propiedad mientras crece la sensación de que denunciar es una pérdida de tiempo o, peor, una forma de humillación a la víctima.
Un sistema estructurado para la seguridad ciudadana, debe caracterizarse por una legislación sustantiva y procesal que determine tipos penales y penalidades que sean racionales y coherentes con las corrientes contemporáneas de la ciencia penal; una estructura e infraestructura policial de respuesta a la agresión; protección a la víctima; un sistema de investigación y procesamiento de las denuncias amigable, eficiente, tenaz, con recursos modernos de investigación forense; una administración de justicia proba, profesional, eficiente y un sistema de encarcelamiento y rehabilitación que discrimine la peligrosidad. Para todo esto se necesita contratar, preparar y remunerar personal en número suficiente para por lo menos llegar a los mínimos de estándares internacionales de número de policías, fiscales, jueces en relación con el número de habitantes. Se necesita dinero suficiente para armar a policías para reprimir la delincuencia; dinero para dotar de instrumentos de investigación y de cárceles que se construyan y funcionen acorde a las experiencias en otros países, en cuanto a la cantidad de presos, a las diferencias de facilidades según peligrosidad, edad, géneros; armas y capacidades que necesitan y deben tener quienes trabajan en el interior de las cárceles.
Creo que las autoridades actuales tienen claro lo que han heredado. Un sistema penal pensado desde la lógica represora del autoritario (de quienes defienden que más delitos y más penas es más seguridad y que la solución es poner militares a hacer de policías); con jueces que por cumplir indicadores de gestión errados acumulan presos con prisión preventiva porque tampoco funciona el de medidas alternativas (grillete, monitoreo); con insuficiencia de personal y armas y con un nivel alto de descoordinación entre entidades con competencias superpuestas.
Diego Ordóñez es abogado y político.
Por ahora me permito no estar de acuerdo en mucho del análisis de don Ordoñez,en especial donde dice” no hay suficientes recursos económicos, humanos, materiales para controlar la población carcelaria y, menos, para su rehabilitación”. Para los movimientos sociales , partidos políticos, verdaderas organizaciones de delincuentes; cuando en campañas electorales cuentan con recursos económicos erogados por el pueblo ecuatoriano, sin beneficio de inventario. A mi entender es tan brutal esta distorsión, que es aquí donde se generan las formas más descaradas de violencia; en este análisis se nombra a uno de los hombres más violentos de la historia de nuestro país que pugna por salir, con los otros hay miedo de ponerles presos y están por acquisito no mas , aparecen como que no fueron parte del correato . Hay recursos en todo orden,a saber, ya no tenemos broncas en las fronteras, los militares ya no tienen mayor pretexto para consumir recursos del presupuesto general del estado, salvo en sus divinas practicas, sin embargo su intelecto trabaja para conseguirlos bajo cualesquier argumento. Acá todos los contratos para obras,mejoras y proyectos nuevos o de remodelación , son la mejor fachada para robarnos recursos, y ésta es la más insostenible forma de violencia, pues sí estamos paranoicos y diría hasta indiferentes; las noticias estelares de muchos medios televisivos son los actos de cruda violencia, se han propuesto deshumanizarnos.
Muy acertado análisis el del Dr. Diego Ordóñez. La crisis del sistema penitenciario exige una política integral, con leyes adecuadas, con jueces capaces y probos, evitando el “populismo penal”, y que las órdenes de prisión preventiva y las sentencias condenatorias se dicten en función de la opinión pública expresada en medios o en las redes sociales, en donde la fiscalía y los jueces deben abstenerse de participar. Adicionalmente, los problemas de la ejecución de las penas en los hoy llamados “centros de rehabilitación”, deben también ser abordados con seriedad, con programas serios de reeducación de los internos, y no simplemente con el uso desmedido de la fuerza.