En democracia, el ejercicio de la política es el cauce idóneo de participación de los partidos y movimientos de distinta visión ideológica. A través de ella, los ciudadanos podemos conocer cuáles son las propuestas que nos plantean aquellos que quieren llegar al poder.
Pero para que este sano ejercicio se desarrolle de manera que contribuya al fortalecimiento de la democracia, debe desenvolverse bajo parámetros de ética, de transparencia y también de equidad; de modo que todos los actores políticos tengan asegurada su participación en igualdad de condiciones.
En el Ecuador, ha sido una discusión histórica determinar cuáles son los mejores mecanismos para, por un lado, tutelar el fortalecimiento de movimientos y partidos, y por otro, crear la vía apropiada para evitar que las malas prácticas se apoderen de ese espacio y contaminen ese derecho de participación.
En ese sentido, el financiamiento de las campañas, por ejemplo, ha sido un tema de larga discusión. De hecho, la decisión de crear un fondo de promoción electoral cumplía en parte, justamente, el propósito de evitar un desorden y descontrol en los fondos de las campañas y, a través de la ley, dar a todos un monto igual para promocionarse.
Otro tema candente en la línea de equidad, ha sido el debate de la metodología de asignación de escaños: definir cuál es la mejor manera de asignar dignidades garantizando que los movimientos pequeños también puedan estar representados y no llegue al órgano legislativo únicamente el partido más poderoso anulando a las minorías, tan importantes para el ejercicio de la gobernabilidad.
La contemporaneidad nos plantea, por otro lado, desafíos que de nuevo le endosan al sistema electoral la responsabilidad de afrontarlos: asegurar la participación política de las mujeres es, sin duda, uno de los aspectos clave que cualquier normativa electoral debería tener, así como el control y sanción de las prácticas políticas violentas, entre otros temas.
Si bien tenemos una herencia dolorosa de la década pasada como proselitismo político con fondos públicos sin control, funcionarios candidatos usando bienes del Estado y más desmanes, no es menos cierto que, desde hace rato, el país viene necesitando una reforma electoral seria, que no represente los intereses particulares de nadie, sino que sea construida con una visión democrática y sobre todo ética.
Actualmente la Asamblea tiene una propuesta de Reforma del Código de la Democracia que cuenta con el informe para segundo debate, y la Comisión de Justicia está abriendo la posibilidad de presentar observaciones antes de que pase a discusión del Pleno.
Por otro lado, la iniciativa del Acuerdo Nacional también ha planteado la discusión de este tema fundamental.
Cualquiera que sea la vía para apuntalar una reforma, y si se quiere que esta sea contundente y efectiva, al menos debería contener unos temas claves:
- Definir una fórmula de asignación de escaños equitativa y participativa.
- Eliminar los distritos para elección de asambleístas provinciales.
- Definir si se aumenta el monto el gasto en campaña para prevenir el financiamiento dudoso.
- Exigir porcentaje de mujeres encabezando listas (al menos el 40%).
- Obligar a transparentar todos los fondos recibidos para las campañas.
- Sancionar fuertemente cuando se detectan fondos de dudosa procedencia para las campañas.
- Sancionar la violencia política.
- Obligar a renuncias a autoridades en funciones que se postulen como candidatos.
Si se logra colocar estos mínimos en una próxima reforma electoral, le estaremos dando al país una estructura sana que fortalezca los partidos y nos garantice a los ciudadanos contiendas electorales equitativas, sin dueño y que, además, brinde opciones de gobernabilidad en los espacios de votación popular.
Sin duda, quedarán temas sobre los cuales habrá que seguir debatiendo. Uno de esos es la forma de votación y, acerca de eso, habrá que discutir si quizá conviene tener listas cerradas para obligar al ciudadano a votar responsablemente por una tendencia, una ideología y ya no por caras conocidas.
La reforma electoral es necesaria y nos queda poco tiempo para viabilizarla. No puede ser vista ni entendida como trofeo de nadie ni de ningún sector, sino como una conquista colectiva para el bien del Ecuador.
Ruth Hidalgo es directora de Participación Ciudadana y decana de la Escuela de Ciencias Internacionales de la UDLA.
Interesante articulo, el tema da para largas discusiones sobre lo conveniente e inconveniente, a mi me preocupa mucho el financiamiento de las campañas electorales, en las que no existe control, y debe exigirse transparencia en este aspecto, Creo que el estado no debería financiar a nadie, pero el organismo electoral debe conocer y transparentar a los financistas, de tal modo que sepamos todos de donde proviene el dinero y a su vez la ley debe ser drástica no solo en el origen oscuro de los fondos, sino si es que en el ejercicio del poder estos financistas comienzan a aprovecharse de esa financiación vía contratos o prebendas.
Por qué no consta en la lista la abolición del voto obligatorio? Sería de hecho un reglas reformas más importantes!
Algo también debería hacerse con quienes ganan las elecciones con un partido político y que a la vuelta de la esquina, por cualquier cosa se declaran independientes con derecho a vender su voto al mejor postor; estos vivos, deberían perder el puesto o dignidad.
Interesante y necesarias propuestas! Qué definición proponen en lo relativo a la violencia política?
Nos vendría bien obligar mediante ley que todo candidato a cualquier dignidad sea sometido a escrutinio popular que sirva de filtro e idoneidad para su participación. Seguimiento,desafios,acompañamiento en el resultado de sus propuestas,darían a los electores elementos de juicio para calificar el accionar del elegido. Filtros minimos de control de calidad de los participantes , a través de los medios de comunicación , ventilar su actos públicos y que tengan total libertad para defenderse con pruebas demostrables de todo tipo de cuestionamientos. Mucho pedir. En cuanto al financiamiento de las campañas deberían ser abiertas y transparentes ,es decir, conocer quienes son sus auspiciantes vendría bien,ya que estos ,los auspiciantes tienen y ejercen mejor control para que sus objetivos sean alcanzados por quienes apoyaron, calro igual sucede ahora, el punto es que solo intuimos a estos beneficiados de las políticas públicas y económicas y no conocemos a viva luz sus nombres. No tiene sentido seguir auspiciando candidaturas con dinero del estado siendo que el resultado es el mismo,quiero decir, se reparten el país los mismos sectores de siempre,por ejemplo la banca,que tienen enormes ganacias sea cual sea la situación económica del país,y en recesión parece ganan más.