Luego del último proceso electoral, la necesidad de un cambio en el sistema de partidos y de elecciones ha vuelto a tomar fuerza. Desafortunadamente, las ambiciones, egos y demás apetencias de los actores involucrados; y, ese irrefrenable deseo que tenemos los ecuatorianos de trabar cualquier posibilidad de unificar esfuerzos, están llevando a que el proceso concluya en una nueva reforma fallida. En efecto, hay muchos indicios que hacen pensar que, si se dan las modificaciones legales, estas serán el resultado de un proceso llevado a cabo a último momento, en base a la improvisación, a lo que manda la intuición y no necesariamente la razón. Así, para finales de año, el Código de la Democracia será un nuevo galimatías jurídico en el que se reflejarán los aportes inconexos de unos y otros actores.
Esta premonición, que ojalá no pase de eso, parte de algunos indicios. En primer lugar, hay al menos cuatro sectores desde los que se elaboran propuestas de reforma. Entre unos y otros no existe comunicación por lo que será recién la Asamblea Nacional el espacio en el que se intentará unificar posiciones. El órgano “natural” encargado de abanderar esfuerzos en torno a una propuesta común era el Consejo Nacional Electoral; sin embargo, allí no sólo dejaron pasar esa oportunidad histórica sino que se enfrascaron en avanzar en dos reformas que no dialogan entre sí y que hacen constantes esfuerzos por publicitar la imagen de sus propulsores. A ellos se suma el intento de reforma electoral propiciado en una de las mesas del Acuerdo Nacional abanderado por el gobierno. Hasta allí, tres propuestas distintas, tres sectores diferenciados y seguramente tres tipos de intereses en disputa. Finalmente, la propia legislatura avanza en ideas en torno a un cambio en la forma de comprender tanto el proceso electoral como la naturaleza política de los partidos y movimientos.
Si bien es cierto una mayor cantidad de ideas, actores y posicionamientos hace bien al debate democrático, no hay que dejar de lado el hecho de que la reforma electoral tiene como plazo para que entre en vigencia el mes de noviembre de este año. A la sazón, se cuenta con cinco meses para que la Asamblea Nacional conozca, debata y apruebe un proyecto de reformas electorales que, como he mencionado, ahora mismo tiene cuatro espacios de discusión que actúan como compartimentos estancos. Adicionalmente, hay que tomar en cuenta la posibilidad que tiene el Ejecutivo de vetar la norma emanada de la legislatura. Visto en conjunto, es poco probable que el próximo proceso eleccionario encuentre al país con una ley que propicie las bases para generar partidos nacionales, elimine las listas abiertas y siente las bases para una mayor y más efectiva intervención de mujeres en política.
Cierto es que hay más temas en discusión y que todos son relevantes; no obstante, si se tenía presente que la reforma debía darse en cortísimo plazo, quizás una opción era priorizar lo más relevante. Ninguno de los sectores que discute el cambio institucional tomó en cuenta este factor y ahora mismo se encuentra cada uno frente a una interminable lista de ítems respecto a los que las discusiones serán más superfluas de lo que corresponde, todo debido a la premura existente. En ocasiones, la política manda a tomar decisiones sobre menos temas pero de forma más eficiente.
Finalmente, en la búsqueda de un interlocutor válido para que acerque las posiciones, se ha pensado en el Tribunal Contencioso Electoral. Craso error. Ese organismo está compuesto por jueces y su función es resolver los conflictos que se derivan de la contienda electoral. Allí no hay un espacio idóneo para la negociación política que se necesita realizar a fin de reducir los posibles conflictos entre los distintos actores y sectores que se disputan la maternidad de la reforma electoral. No sólo que el rol de ese tribunal y sus integrantes es otro, sino que además enfrascarse en una actividad que le es ajena le puede colocar en una posición en la que su imparcialidad frente a futuros litigios electorales entre en duda. Así, entre egos, intereses, y el tiempo que corre implacable, la posibilidad de una reforma electoral que el país necesita parece una cuestión cada vez menos factible. Ojalá no sea así.
