La intervención policial y militar en la parroquia La Merced de Buenos Aires, Cantón de Urcuquí, en Imbabura, estaba anunciada. Era un problema de tiempo. El presidente Moreno declaró el Estado de excepción durante 60 días y ordenó la movilización de todas las instituciones del Estado; la Policía y las Fuerzas Armadas en particular.
El gobierno no tenía alternativa. Si quería entrar en la minería a gran escala, como es su decisión, tenía que mandar el mensaje esperado por muchas compañías: el Estado protegerá la minería regulada y no tolerará la minería ilegal que, como en Buenos Aires, arrastra otros delitos: trata de personas, prostitución, grupos armados, atentado contra la propiedad, muertes, intimidación, violencia contra la población…
Buenos Aires se había convertido en un reto para el Estado. Un lugar en el cual perdió soberanía y no pudo garantizar la presencia de la minera canadiense australiana que ganó la concesión. El propio decreto presidencial recoge esta suerte de impotencia del Estado que, a pesar de la intervención interinstitucional, asistió a la escalada de “niveles graves de vulneración de derechos que se enmarcan en una conmoción interna para la zona en particular y para la seguridad del Estado”.
En el decreto se habla de diez mil personas que realizan actividades de minería ilegal, de 27 hechos violentos, de heridos por riñas, de muerte por armas de fuego y arma blanca, de deslizamientos de tierra… Todo esto en una zona que colinda con la mina Cascabel. En el gobierno se daba por hecho que si no se intervenía en Buenos Aires, las actividades ilegales de grupos organizados, entre los cuales se habla hasta de antiguos guerrilleros de las FARC, se iba a extender como mancha de aceite.
Esta intervención supuestamente abre un capítulo nuevo en el país: cero tolerancia con la minería ilegal que hasta ahora se ha desarrollado, por ejemplo, en Zaruma, Portovelo, Nambija… De hecho, muchos de los mineros que se dieron cita en Buenos Aires vinieron de esas zonas del país. Se habla en el gobierno de una verdadera industria ilegal. Una prueba: en Buenos Aires, según información oficial dada a 4P., hay entre montaña y montaña, un sistema de transporte con poleas. Unas 230 líneas que utilizan miles de galones de gasolina y electricidad. Esto no lo pueden montar mineros artesanales. Esta industria generaría, según cálculos oficiales, unos 8 millones de dólares por semana. Dicho de otra manera, en el gobierno se da por hecho que hay una estructura corrupta que involucra mafias mineras que gozan del apoyo de miembros de las fuerzas del orden y funcionarios de algunas agencias estatales. Por eso, antes de la intervención de la policía, apoyada por las Fuerzas Armadas, hubo cambios en agentes de inteligencia, fuerzas policiales y personal vinculado con la Agencia de Regulación y Control Minero.
La intervención se dio con presencia de la Fiscalía. Se unirá la secretaría de Transparencia. No obstante, el gobierno se ha echado al hombro un problema que era imposible eludir y que encierra una enorme complejidad. Es evidente que piensa judicializar a los responsables de estos delitos que, al parecer, tiene plenamente identificados. Pero el volumen de gente desplazada está al parecer más cerca de 15 mil personas que de diez mil. Cualquiera de esas dos cifras es un problema social grave. Por otra parte, el decreto moviliza a policías y militares durante 60 días. ¿Qué pasará luego? El desalojo de Buenos Aires crea, por otro lado, un precedente con implicaciones legales y políticas para el gobierno en otros lugares del país.
¿Pesa esto en la relación del gobierno con las comunidades indígenas que, en ciertas provincias, se oponen a la minería a gran escala? En parte. Buenos Aires se erige como un nuevo separador de aguas entre minería regulada y minería ilegal. Eso corta la hierba bajo los pies de algunos grupos que se oponen a la minería. Es importante si esta intervención se convierte en una política de Estado. Pero el país no podrá ahorrarse el debate político y técnico sobre la explotación minera, aún regulada.
Foto: Ministerio del Interior.
Lo sucedido en el Pueblo de Buenos Aires por parte de militares y policía nacional en contra de trabajadores mineros , que día a día se ganaban su sustento a través de sus actividades mineras ,fueron desalojados de su lugar de trabajo, hecho nefasto que determina que el Estado Ecuatoriano no protege a sus ciudadanos en este mal llamado “estado democrático ” existen categorías de ciudadanos y de instituciones públicas , de primera, segunda , tercera y cuarta categoria que realmente es el pueblo que sufre estos atropellos, y como bien lo dice el comentario de Marco Lituma “Buenos Aires ilustra de forma clara la ausencia del Estado en estos temas, un Estado que luego regresa con autonomía relativa sin representar a los pueblos a reprimir iniciativas que bien pudieron ser canalizadas técnicamente con solo sentarse a atender lo que quieren los mineros y desarrollar una industria extractiva respetuosa de la naturaleza, prefirió llevar su ejercito y policía para el desalojo porque tiene que entregarles la industria a los inversionistas extranjeros. “
Señor Hernández, su enfoque del tema minero en Buenos Aires es desde el lado de quienes sustentan el poder y que se han hecho ricos con las concesiones mineras a empresas extranjeras. El Ecuador tiene una realidad en la minería desde el periodo precolombino con alta tecnología que logró fundir el oro con el platino. Ahora en el siglo XXI, existen zonas de explotación minera artesanal prósperas como en Zaruma, Portovelo, la Ponce Enríquez, Zamora y otras, donde se desarrollan inversiones de pequeñas y medianas empresas. De estas zonas se trasladan mineros emprendedores que buscan nuevos frentes de trabajo para la minería, eso implica asumir riesgos y grandes inversiones. La publicidad del gobierno donde se califica a la actividad como criminal, no es sino una cortina de humo que asegura la estabilidad de los ministros involucrados y de los funcionarios del Estado que manejan el sector minero. En Buenos Aires, el desalojo de por lo menos 10.000 personas y la represión, es consecuencia del descuido y la inoperancia de los organismos estatales que están en la obligación de proteger también la actividad minera artesanal y de pequeña y mediana industria. En este caso se persigue a los descubridores de una zona en la cual, como en cualquier frente de trabajo, no es fácil iniciar actividades de explotación, que como en el caso de las concesiones tienen un periodo de por lo menos 10 años hasta empezar a explotar y producir el oro. Los trabajadores y pequeños empresarios que están en las zonas prósperas, buscan nuevos lugares para continuar su trabajo y no tiene nada de malo e ilegal. Por supuesto que hasta consolidar un frente de trabajo se movilizan personas de otras actividades y deberían ser controladas por el Estado. Es necesario legalizar a los grupos que han emprendido para hacer minería artesanal en Buenos Aires. ¿A donde se van a ubicar más de 10.000 personas desalojadas?, que después de todo arriesgan su bienestar, su patrimonio y su seguridad, para ser atacados por el Estado, que tiene la obligación de cuidarlos. En la publicidad del Estado se incluye solamente lo negativo de la actividad, no se habla del creciente desempleo en el país, de la migración que llega al Ecuador de Venezuela, Colombia y el Perú, en busca de trabajo y de emprender. No se menciona la decadencia de las regiones del interior del país a donde no llega ninguna inversión ni del Estado ni privada. El desalojo de Buenos Aires debió ser acompañado de la legalización de los trabajadores mineros que realizan su actividad de manera lícita, sin relación con grupos delictivos que siempre migran hacia estas zonas donde el Estado se hace de la vista gorda. Señores de las instituciones estatales de minería, medio ambiente, del agua, universidades que pueden prestar asistencia técnica, Ministerio de Salud, de Educación, seguridad, cumplan su deber de proteger la actividad de quienes buscan generar riqueza con su trabajo. Este pequeño país llamado Ecuador, no es propiedad de los burócratas estatales y de las multinacionales, sino de todos los que vivimos aquí e incluso en el exterior.
Saludos,
Minería ilegal, invasión de tierras para viviendas, comerciantes ambulantes, micro tráfico de drogas tricimotos, contrabando de gasolina y gas por fronteras son algunas de las estrategias que tiene la gente para solucionar sus problemas o por ascenso social. No hay industria que demande trabajadores, estudiantes que al finalizar sus estudios no tienen opción de trabajo, mujeres agredidas. Una economía basada en la especulación financiera antes que en la producción que genere empleo y consumo. Buenos Aires ilustra de forma clara la ausencia del Estado en estos temas, un Estado que luego regresa con autonomía relativa sin representar a los pueblos a reprimir iniciativas que bien pudieron ser canalizadas técnicamente con solo sentarse a atender lo que quieren los mineros y desarrollar una industria extractiva respetuosa de la naturaleza, prefirió llevar su ejercito y policía para el desalojo porque tiene que entregarles la industria a los inversionistas extranjeros. Todo esto: “trata de personas, prostitución, grupos armados, atentado contra la propiedad, muertes, intimidación, violencia contra la población…” podría haberse evitado mediante el diálogo con el Estado en el marco de la patria para todos, lamentable.
mineria legal o ilegal las dos son destructuras y contaminantes del medio ambiente. Con todo este teatro lo que se a hecho es quitarle el negocio a miles para darsela a los de siempre, seguramente consecionaran a una supuesta firma extranjera que pertenece a las mafias de delincuentes que saquean y ue se creen dueños de este pais desde hace decadas.
En el Ecuador la trata de personas si es un delito pero la prostitución es legal,no habrá mucha diferencia en estos aspectos cuando vuelva la minería promovida por el estado. La preocupación para intervenir esta zona es económica ,no social, ser hipócrita también es lícito. Para las fuerzas armadas es más rentable juntarse con la policía para terminar con la minería ilegal en Buenos Aires pero no para ayudar en la desaparición de las mafias que se manejan al interior de las cárceles del país, acá también hemos asistido a un desfile de cadáveres , Oswaldo Jarrín y María Paula Romo son raros. La minería legal dará mucho dinero al estado, por un lado por las regalías impuestos y funcionarios de alquiler(esos que aparecen para no aparecer) ; ocupará mucha mano de obra,por un lado por la explotación de los minerales, por otro lado por la reparación ambiental . La pregunta es , en cuál de las dos los gobiernos serán eficientes para hacer cumplir los convenios? , o mejor dicho , de que lado de la cancha jugará el dinero para que se haga justicia?.
En el Ecuador la trata de personas si es un delito pero la prostitución es legal,no habrá mucha diferencia en estos aspectos cuando vuelva la minería promovida por el estado. La preocupación para intervenir esta zona es económica ,no social, ser hipócrita también es lícito. Para las fuerzas armadas es más rentable juntarse con la policía para terminar con la minería ilegal en Buenos Aires pero no para ayudar en la desaparición de las mafias que se manejan al interior de las cárceles del país, acá también hemos asistido a un desfile de cadáveres , Oswaldo Jarrín y María Paula Romo son raros. La minería legal dará mucho dinero al estado, por un lado por las regalías impuestos y funcionarios de alquiler(esos que aparecen para no aparecer) ; ocupará mucha mano de obra,por un lado por la explotación de los minerales, por otro lado por la reparación ambiental . La pregunta es , en cuál de las dos los gobiernos serán eficientes para hacer cumplir los convenios? , o mejor dicho , de que lado de la cancha jugará el dinero para que se haga justicia?.
Sr. Director de 4 Pelagatos
De mi consideracion:
Por informarle que envié un comentario sobre éste escrito, pero no se lo ha publicado, desconociendo su causa.
Saludos.
Alfredo,
¿cuál será? No hay ninguno en la bandeja de ingreso. Cordial saludo.
Se frotan las manos los señores de la alta cúpula policial y militar
Mas aún con el designado nuevo gobernador de Imbabura, pusieron al ratón a cuidar el queso
Esto de la minería ilegal comienza con los burócratas asalariados por parte de los concesionarios mineros que incluye a gente del Min. Ambiente, Min. Rec.No Renovables, ARCOM, SENAGUA y reciben dobles sueldos, del estado y de los concesionarios y por ahí andan esos correístas que nunca fueron sacados mangoneando a diestra y siniestra, si no averigüen de un tal Min. Córdova, hasta consultor minero es hoy. Y el Min. Pérez ni sabe lo que hacen por abajo los correístas de siempre. Qué podemos esperar los comunes?? Y hay uno muy cerca del Lentín Moreno que decide, especialmente, donde hay oro. “Recibid mi instrucción y no la plata, y conocimiento antes que el oro escogido”
El señor Hernández analiza con claridad lo que esta pasando en Buenos Aires Provincia de Imbabura, muertos, bandalismo, prostitución, país de nadie, las autoridades se hacen de la vista gorda, se rumora que en el Ministerio de regulación Minera existe corrupción, ejemplo en Zaruma es un secreto a voces que van funcionarios de ARCON y piden coímas para dejar que se siga haciendo minería ilegal debajo de la ciudad patrimonial, lo cual ya ha causado hundimientos en la ciudad. En Portovelo la mineria es lega en su mayoría, Nambija fue un desastre se hizo minería ilegal lo la que produjo un deslave que ocacionó decenas de muertes, se debe apoyar la minería tecnificada y que no afecte al medio ambiente, no podemos desconocer que hay pueblos que subsisten de la minería ejemplo Portovelo lugar netamente minero desde hace más de cién años en esta actividad. Mucha gente dice que es un verdadero calbario hacer minería en el Ecuador ya que las reglas cambian de un momento a otro y los trámites son engorrosos en los Ministerios de Ambiente, Arcon, no existe seguridad jurídica por lo consiguiente no hay inversión extranjera para desarrollar minería responsable ya que en este campo existe capital de riesgo.
Lo que admira es que un lugar repleto de oro, no tenga ni una pobre idea de lo que se tiene que hacer para aprovechar de ese “capital humano” sacrificado en el peligro de un lugar inhóspito como Nambija. En este momento el ministerio de minería de ambiente y de trabajo, deberían estar organizando una forma de explotación sustentable para el lugar, pero es inútil contar con burócratas que no tienen idea alguna y son asalariados improvisados e inútiles!