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La urgencia de una verdadera reforma laboral

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A mediados de mayo el ministro de Trabajo, Andrés Madero, anunció tres reformas a la normativa laboral que fueron acordadas entre representantes del sector empresarial y de los trabajadores. Esas reformas son: 1) permitir que las 40 horas de trabajo a la semana no se distribuyan necesariamente en cinco jornadas iguales de ocho horas cada una, sino que exista más flexibilidad (con un tope de 12 horas diarias); 2) establecer un período de hasta tres años durante el cual los contratos de los nuevos emprendimientos no deberán pagar la indemnización por despido intempestivo (pero sí la liquidación correspondiente y el desahucio); y 3) eliminar el recargo de 35% en los contratos eventuales y ocasionales. Esas medidas, según el ministro, formarán parte de la Ley de Fomento Productivo 2.

Desde hace algunos meses el Gobierno ha reconocido la necesidad de llevar adelante una reforma laboral que genere un ambiente más propicio para la inversión privada y la contratación de empleados en el sector formal. Es decir, el objetivo final de la reforma laboral debe ser que los desempleados y ese casi 50% de los trabajadores que actualmente tienen un empleo en el sector informal (y que no tienen una voz que los represente) tengan más oportunidades de encontrar un trabajo en una empresa formal. Las medidas anunciadas por el ministro Madero pueden estar bien encaminadas, pero de ninguna manera representan una reforma laboral de fondo, que es lo que necesita el Ecuador (mucho más con un dólar fuerte que resta competitividad a los sectores transables). El Gobierno, si está considerando limitar la reforma a las medidas anunciadas por el ministro Madero, no puede esperar una mejora importante en los pobres indicadores laborales ni un repunte en el nivel de actividad (que continúa desacelerándose, según el último boletín de cuentas nacionales publicado por el Banco Central).

Una reforma laboral, para provocar una respuesta positiva en el sector privado, tiene que ser estructural y atacar las graves distorsiones y rigideces que presenta la normativa laboral ecuatoriana. Esto no significa desproteger a los trabajadores ni generar un ambiente que promueva los abusos por parte de empresarios inescrupulosos. Pero sí repensar y sustituir algunos supuestos “derechos” que en realidad complican la vida a los trabajadores, principalmente a quienes quieren vincularse al sector formal, pero también a aquellos que llevan varios años en una misma empresa.

En ese sentido, un grupo de economistas hemos planteado cuatro reformas que consideramos prioritarias para “apuntalar el crecimiento del empleo formal, estimular la capacitación de la fuerza laboral y asegurar una protección socialmente justa ya no del puesto de trabajo sino del trabajador en su movilidad”. De manera muy resumida, estas propuestas, que se aplicarían sólo a los nuevos contratos, son: 1) racionalizar los costos de despido y crear un fondo de ahorro (al cual aportaría el empleador en reemplazo de los actuales fondos de reserva) que proteja al trabajador cuando cambie de trabajo; en este punto entra también la extensión del período de prueba de tres meses a un año; 2) ampliar al máximo las opciones de contratación (por hora, a tiempo parcial, contratos estacionales, etc.), asegurando que en todos los casos se hagan contribuciones proporcionales al IESS; 3) sustituir la jubilación patronal (que hace que muchas empresas prefieran despedir a los trabajadores que están próximos a obtener ese pago) por un fondo individual para la vejez que seguiría creciendo sin importar que el trabajador cambie de empresa; y 4) establecer salarios mínimos diferenciados para jóvenes y para actividades agropecuarias.

La idea con estas propuestas (que están explicadas de manera más detallada en este artículo) es establecer un punto inicial para un debate sobre la reforma laboral de fondo que se debe llevar a cabo. Esa reforma, cabe insistir, no puede limitarse a unas pocas medidas parche y tampoco puede seguirse postergando, ya que, una vez que se han anunciado cambios a la normativa laboral, esa demora implica mayores complicaciones para todos quienes están buscando un trabajo en el sector formal.

José Hidalgo Pallares es economista.

8 Comments

  1. Los empresarios deben ampliar su base política , mediática y editorialista ; es urgente que se haga lo que se tenga que hacer para tener de forma legal a trabajadores desechables. Difícil entender que las reivindicaciones de los trabajadores no han venido del lado de los empresarios. Nadie se resiste a que quien invierte y arriesga su dinero para crear empleo obtenga su ganancia, es legítima su meta; para ello competir con talento y empeño debe ser su forma de vida, pero hacerlo lejos del compromiso social que signifique justicia con sus principales socios, los trabajadores , me parece cosa de brutos. Los empresarios por historia han recibido del estado todas las ayudas bajo el mismo pretexto,crear empleo; «,devaluaciones, sucretización, dolarización,remisión de deudas e interéses,evasión de impuestos, balances no confiables; los trabajadores no son tan hábiles para generar esas perlas y tampoco tienen dinero para alquilar asambleístas. Si de pronto hacen marchas de protestas, cuentan con un ejércitos de policías y militares, pero en su contra, vaya cóctel . Salud!!!!!!!!.

  2. La precarización política , ese es el cáncer que socala nuestra sociedad, un país pobre no puede ofrecer garantías y prestaciones laborales que van más allá de sus posibilidades, gracias a Dios tenemos un país dolarizado , de no ser así ya estaríamos como Venezuela con dinero que no vale nada, no es posible crear riqueza con leyes demagógicas.

  3. Si bien sustituir la jubilación patronal por un fondo individual para la vejez, es una buena idea, no es moral que mientras tanto, las empresas despidan a los trabajadores que están próximos a conseguir ese pago. El costo psicosocial de dicho proceder es inaceptable. El trabajador y su familia inician un proceso agudo de declive psicológico (en lo personal me molesta que casi nunca se mencionan los costos psicológicos que tienen todas estas cosas en la vida de la gente, como si lo económico y lo político fuera más relevante). Por otra parte, los representantes de los trabajadores están intoxicados con una ideología retrógrada y reaccionaria que irónicamente perjudica a quienes ellos dicen defender. Toda propuesta que no calce en su dogma es etiquetada de «precarización».

  4. Son esa casta de politiqueros baratos y pícaros con estrategias clientelares , son ese bodrio de sindicalistas manipuladores y vividores , que han condenado a millones de ecuatorianos a la miseria y desocupación armando leyes estúpidas desconectadas de la realidad ecuatoriana; no hay mayor esclavitud y opresión que la falta de trabajo.
    Y no se trata de querer precarizar la actividad laboral pero si, crear un clima que atraiga emprendimientos e inversiones.

  5. Según todas las definiciones internacionales, el trabajo contratado por hora, por día, a tiempo parcial o estacional son formas de trabajo informal, más precisamente, de trabajo precario. Sin seguridad. aunque pagando impuestos y contribuyendo algunas migas sociales que se quitará del empleado adicionalmente. De qué manera va a ayudar esta economía de «Glovo» ayudará a los empleados? Y quién se encargará de los costos sociales que surgirán?

  6. Se nota con claridad que estas nuevas «sugerencias» de unos cuantos empresarios les favorecen solamente a ellos y al trabajador se le quita sus derechos a recibir sus fondos de reserva pero se le aumentaría las horas laborables, en tres años de trabajo se lo mandará a la casa sin indeminización por despido intempestivo lo cual lo condenará a andar errante de trabajo en trabajo y para colmo el tiempo de prueba se alargará por dos años, en que país estamos que se quiere atropellar al trabajador, explotarlo y desecharlo sin mayor contra tiempo con liquidaciones ínfimas.

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