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El lado oscuro de la minería ilegal

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Sobre el tapete de la discusión ciudadana, comienza a desplegarse un tema que promete ser uno de los tópicos más complejos a tratarse en el futuro cercano.

Los ciudadanos, especialmente los que vivimos en las zonas urbanas, por lo general nos mantenemos ajenos a la  realidad de lo que ocurre en las zonas en donde está  asentada la minería ilegal. Sólo conocemos la problemática cuando estalla un problema que es insostenible y que es informado por los medios de comunicación. O cuando se desarrolla un operativo e intervención de las autoridades policiales.

Por lo general la presión social está dirigida hacia la minería legal a la cual se le exige -y con toda razón- rigurosidad en el cumplimiento de sus actividades, planes de acción en las zonas de influencia y remediación ambiental en el lugar donde opera.

Esta presión está muy bien pero, por otro lado, se pasa por alto y se discute poco acerca de la devastación que produce el ejercicio de la minería ilegal. Y esto no solamente desde el punto de vista ambiental sino, sobre todo, acerca del daño que causa a las comunidades de las zonas de influencia, como consecuencia de los focos de actividades ilícitas que reproducen todo tipo de delitos.

El caso de Buenos Aires es un ejemplo de esto. Venía siendo una bomba de tiempo desde hace rato la advertencia sobre el uso indiscriminado de mercurio y cianuro que era desechado al campo, nos anunciaba una afectación ambiental irreversible.

Hay un lado oscuro que oculta la verdad de la minería ilegal y Buenos Aires no es la excepción. Allí se asientan campamentos de extracción por fuera de la ley y se edifican estructuras de crimen organizado muy difícil de combatir.

Las cifras dicen que probablemente hay alrededor de 8 000 a 15000 personas que estarían trabajando en esta zona en condiciones precarias tanto en el plano legal laboral, así como en el de la seguridad para ellos mismos. Además, se estima que en lugar hay trabajo infantil e inclusive llegan personas con discapacidad a trabajar.

A esta realidad, se suma la prostitución y el tráfico de armas. Todas estas circunstancias han vuelto a la zona un sitio de alto riesgo, catalogado de los más peligrosos del país.

Hace pocos días se realizó un operativo para desalojar el lugar. Sin embargo, el problema es enorme y  la intervención policial no es suficiente; es decir, es muy probable que  regresen los asentamientos. Si bien la intervención de las autoridades es un primer paso para romper ese cinturón de crimen organizado, para que se forje un camino efectivo de erradicación es necesario saber quién financia la minería ilegal, quiénes están detrás de la infraestructura que se instala en esos sitios. ¿Cuáles son las empresas o personas naturales que suministran taladros, compresores y productos químicos? Ahí el Estado tiene un papel fundamental.

En el país es necesario que se abra un debate en el cual se valoren, técnica y objetivamente, las consecuencias de una minería ilegal versus una minería responsable.  Le corresponde al Estado definir los parámetros de esta última.

Si de procesos de concesión minera se trata, deben ir acompañados de estándares internacionales que hoy ya existen y que instauran normas de transparencia que deben cumplir los contratos de extracción de recursos naturales, planes de mitigación del impacto ambiental, programas efectivos de responsabilidad social entre otras cosas.

La experiencia de Buenos Aires nos confronta a todos a sincerar el debate y evitar que la oscuridad de la minería ilegal siga ganando terreno.

Ruth Hidalgo es directora de Participación Ciudadana y decana de la Escuela de Ciencias Internacionales de la UDLA.

4 Comments

  1. Cuando se inició la explotación petrolera en la amazonia con las concesiones «legales» a las transnacionales (Lago Agrio, La Joya, El Coca, Shusufindi, etc. se instalaron todo tipo de negocios legales e ilegales (hubo violencia, crímenes como el viejo oeste americano) )como bares y prostíbulos se vio construir centros nocturnos, llegaron prostitutas de otros países, contrabando de licor y tráfico de drogas, como ahora ocurre en los sectores donde el Estado llega a reprimir. La solución no es enviar cientos de policías y soldados y sacarlos a la fuerza para recién descubrir lo que ya se sabe, la solución es que el Estado y sus instituciones apliquen un modelo mediante el cual se explote ese recurso de manera sostenible y sustentable, genere empleo, que los mineros cuenten con atención en educación, salud, planes de viviendas pagados por ellos mismos, y con servicios básicos permanentes. Cuesta mucho hacer esto?

  2. No tengo los detalles pero podría haber una solución como la usada por Nueva Zelanda e Islandia para la pesca. Consiste en dar «cuotas de explotación intercambiables» a los mineros. ¡Hay que hacerlos legales! Cada minero tiene derecho a unas onzas de oro o mental por año, si decide irse puede vender su cuota, o si alguien quiere explotar más (sea porque ha adquirido tecnología, por ejemplo) tiene que comprar la cuota de otros. Hay dos cosas por resolver: La cantidad máxima de explotación que se concedería a los mineros y a quiénes se les daría la cuota. Esta cantidad puede ser variable pues cada año se puede determinar la cantidad apropiada. Los mineros también formarían una asociación encargada de velar por la protección ambiental. Si no se está protegiendo el ambiente (cánones desarrollados por el ministerio correspondiente) se multa a la asociación, la cual recaudaría de los mineros según su porcentaje de cuota. Y el Estado sólo se encargaría de velar por la «cantidad máxima» de producción; ésta también puede variar porque las circunstancias puede cambiar.
    ¿Cuáles son la ventajas de este sistema? Uno. Se explotará solo la cantidad que el Estado considere conveniente. Dos. Los mismos mineros se encargarían de que no haya sobreexplotación, pues si hay un «ilegal» que decida entrar le restaría la cuota pues la cantidad máxima sería menor. Tres. Se desarrolla un mercado de cuotas en donde el precio fluctúa pero la cantidad explotada se mantiene constante (para propósitos del precio) Como digo, no tengo los detalles, pero en términos generales es lo que se ha aplicado en ciudades que tienen un acuífero y este se va reduciendo con el tiempo. Los ciudadanos reciben una cuota intercambiable de agua, los que quieren llegar a vivir a esa ciudad tienen que comprar a alguien que quiera vender. Lo importante es que se dan «derechos de propiedad privada» a las cuotas que luego se intercambia

  3. Seria bueno tambien escribir que » QUE NOS HA DEJADO LA MINERIA LEGAL» Zaruma y Portovelo un portento minero fue explotado en forma legal e ilegal incluso por cias. internacionales., cientos de toneladas de oro salieron de ahi., cambio el pais producto de las regalias NO., El pais en crisis, falta de trabajo, ciudades de ecuatorianos desempleados poblando Buenos Aires., Pongamos en una balanza que es lo mejor nos conviene como pais., porque la mineria legal solo la ejerzen las empresas externas.Regularizemos como estado estas fuentes de trabajo multitudinarias., control y orden a traves del ejercito para que este se ocupe en algo.,inversion estatal en el procesamiento para evitar la contaminacion y podremos llegar a alimentar a miles de familias que hoy no tienen que comer por falta de oportunidades.,

  4. Acá tenemos a más de la minería ilegal, pesca ilegal , contratación de deuda ilegal, hasta un presidente ilegal, esto último por las dudas que surgieron de los resultados electorales obtenidos para el presidente actual. Lo legítimo debe ser actuar en base a experiencias obtenidas respecto de otras zonas del país sobre el mismo tema. En Portovelo la minería es legal, Nambija es otro caso, pero según parece en estos dos sitios no existen la prostitución, el tráfico de armas, tráfico de drogas u organizaciones delictivas, tampoco autoridades que cobran para no intervenir ,menos contaminación ambiental. De ser así aplíquese en Buenos Aires la misma fórmula para llevarla a la normalidad.

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