En tiempos del correísmo, Alianza País logró construir una auténtica industria electoral que se sustentaba en el aporte de grandes sumas de dinero de empresas contratistas del Estado que debían cancelar facturas en su gran mayoría de empresas prestadoras de servicios para las campañas. Eso ocurrió en el 2014 y ahora se ha revelado a partir de los documentos hallados en la computadora de Laura Terán; una de las operadoras del sistema, ahora detenida junto a Pamela Martínez, ex juez de la Corte Constitucional.
La mayor parte de facturas registradas, que están siendo investigadas en la Fiscalía, provienen de empresas dedicadas a la promoción política y a la organización de eventos públicos. Existe, asimismo, un importante número de facturas de empresas dedicadas a la impresión de material electoral, fotografía, manejo de redes o impresión de material gráfico. Hay otras, aparentemente no relacionadas con las campañas, como por ejemplo, una inmobiliaria, que prestaba facturas a otras firmas para poder cruzarlas con otros gastos.
En esta nota 4P. muestra cómo once empresas, registradas en uno de los documentos hallados en el computador de Laura Terán, hacían los aportes mediante cruce de facturas. No se sabe aún (la Fiscalía está investigando) si todas estas personas jurídicas hicieron sus aportes a cambio de contratos con el Estado ya sea por chantaje o no. O si lo hicieron de forma voluntaria y nada a cambio. En los cuadros que se publican no aparecen todas las empresas que hicieron aportes pues hay otras, como Herdoíza-Crespo que ya fue citada por la Fiscalía, que aparecen en otros documentos donde no se detallan las facturas.
Lo cierto es que el sistema permitía financiar con inmensa holgura las campañas, cosa que los otros actores políticos no estaban en capacidad de hacer por no estar en la condición de Estado contratante. Un hecho que establecía una inmensa ventaja a favor de Alianza País.
Hidalgo-Hidalgo, constructora. 2 millones
Hidalgo-Hidalgo es una de las más grandes constructores del país y ha expandido sus operaciones a otros países como Perú y Panamá. Entre las facturas que pagó esa empresa está una a favor de Alonso Ernesto Guerrero Ulluari quien fue durante el gobierno de Correa el productor de las sabatinas. Guerrero fue también integrante del grupo musical Pueblo Nuevo junto a Galo Mora, uno de los militantes de Alianza País y funcionario del gobierno que administró el dinero de los aportes irregulares. En los documentos se menciona a Alberto Hidalgo, primo del actual ministro Aurelio Hidalgo.
Fopeca, constructora. 240 mil dólares
La constructora FOPECA, que ha hecho obras como la vía entre el puerto y el aeropuerto de Manta, canceló facturas que, en su mayoría, eran de firmas dedicadas a la la comunicación. Sin embargo, sobresale una factura de Creacional, la agencia de publicidad de los hermanos Vinicio y Fernando Alvarado, por 60 480 dólares y, otra, por 60 000 para pagar encuestas de la Prefectura del Azuay. En los documentos se menciona a Manuel Fontana.
Equitesa, constructura. 900 mil dólares
En 2003 Equitesa fue inhabilitada por la Contraloría para firmar contratos con el Estado. Luego subsanó ese problema e hizo obras durante el gobierno de Correa. Entre ellas está al multipropósito Chone. Equitesa, entre las facturas que canceló, está una por casi 70 mil dólares de Kronopio; una empresa que firmó contratos durante el gobierno de Correa para el manejo de redes sociales y que, en una filtración hecha por Ecuador Transparente, aparecía dando comisiones a Vinicio Alvarado. Según una investigación de El Universo, Kronopio firmó contratos por 1’332.436 dólares entre el 2014 y el 2015 para hacer propaganda y atacar a opositores desde redes sociales. Hay también facturas de la agencia de publicidad Mccann. En los documentos se menciona a Pedro Verduga.
Consorcio Valero/Semaica 400 mil dólares
Esta constructora también canceló facturas de Kronopio. Son dos: una por 60 480 dólares y otra por 3 080 dólares. Valero/Semaica construyó la cárcel de Latacunga. En los documentos se menciona a Luis Valero.
SK Engineering & Construction, constructora coreana. 1 500 000 dólares
Esta empresa coreana estuvo envuelta en los escándalos de la Refinería de Esmeraldas donde entregó al menos un millón y medio en coimas a Álex Bravo, funcionario de Petroecuador. Casi todas las facturas que pagó esta empresa vienen de firmas dedicadas a la ingeniería. Éstas daban, al parecer, las facturas a otras personas jurídicas o legales dedicadas a temas comunicacionales.
Sanrib, constructora. 500 mil dólares
Esta empresa de capital chino montó los generadores eólicos en la provincia de Loja. Todas las facturas que pagó son de empresas dedicadas a la construcción.
Mercantil Técnica Córdova. Comercio. 1 millón de dólares
Esta empresa, dedicada al comercio mayorista, pagó básicamente facturas relacionadas con la comunicación política. Según datos de la Superintendencia de Compañías, reportó aumentos de ingresos netos del 777 % en 2018. Aparece una factura de Godwin Castro Kenneth Patricio, accionista de Kronopio, y otra de Carlos Rabascal, en la época periodistas de los canales del Estado. La asambleísta Wendy Vera también está en la lista. En los documentos se menciona a Rafael Córdova.
Sinohydro Corporation, constructora. 100 mil dólares
Esta empresa china que es conocida sobre todo por su trabajo defectuoso en la presa Coca-Codo, canceló cuatro facturas.
Técnica General de Construcciones, constructora. 270 mil dólares
Esta empresa fue acusada en el 2009 por Fabricio Correa, hermano del ex presidente, por haber falsificado facturas para participar en concurso del Estado para construir obras de infraestructura. Entre las facturas que canceló hay una relacionada con la organización de eventos. En los documentos se menciona a Teodoro Calle.
Consermin, constructora. 200 mil dólares
Esta empresa, tiene informes de la Contraloría en los que se dice que se benefició irregularmente durante la construcción de obras de reconstrucción por el terremoto de Manta. Canceló facturas de empresas de comunicación política y una de “uniformes de personal”. En los documentos se menciona a Ramiro Galarza y Edgar Salas.
Suárez Salas Constructores, constructora. 200 mil dólares
Esta empresa, ubicada en Santo Domingo de los Tsáchilas, pagó facturas de empresas encargadas de organizar eventos así como asesoría legal tributaria.
EXCELENTE ANÁLISIS
La inacción del Poder Legislativo sobre esta materia, es alarmante. Sería tan facil recuperar estos dineros para el Estado y sentar escarmiento a los corruptos, solamente sancionando una Ley, en la que todas estas empresas corrompidas y coimadoras, deban Ip So Facto ser sancionadas asi:
1- impedidas de por vida, para contratar con el Estado, Incluyendo Municipios y Concejos Provinciales
2- cualquier contrato vigente con el Estado, Municipios y Concejos Provinciales, debe ser suspendido y liquidado de inmediato. Ejecutadas sus garantías y readjudicada a otro proveedor o contratista honesto.
3- se debe exigir mediante acción coactiva sobre cualquier bien a nombre de la empresa corrupta y coimadora, la inmediata restitución a la cuenta del Estado, los fondos por el mismo valor, motivo de la coima entregada para obtener contratos fraudulentamente.
Con una Ley así, tal vez, los corruptos piensen dos veces antes de caer en prácticas delincuenciales, que además, han lesionado a quien trabaja de manera honesta y compite legalmente.