Correa calificaba los fondos de ahorro de inmorales. Para justificar su despilfarro, afirmaba que no se justificaba estar sentados sobre dinero. Esto, con el argumento populista que había que gastar en favor de los pobres. La evidencia mostró que gastar desperdiciando, añadido a corrupción, empobrece más de lo que enriquece. Detrás de estos conceptos, aparte del ansia depredadora de robarse el dinero, está la concepción según la cual a punta de subsidios y de transferencias económicas se cura la pobreza y el Estado justifica su rol de redistribuir la riqueza. Eso cree la izquierda (y aumenta impuestos que se pierden en burocracia y en gasto improductivo) para expoliar a los particulares, con el supuesto fin moral de entregar a los pobres.
Estoy seguro de que Richard Martínez, ministro de Economía, no piensa así. Por eso sorprende escucharle, a propósito de cuestionar la postura de dirigentes de gremios empresariales que critican lo que llaman la “despilfarra”, decir que allí donde ellos -los empresarios- ven despilfarro, el Ministro ve un niño educándose en una escuela pública o un anciano beneficiándose de una ayuda económica. Lo que sonó a una excusa para justificar por qué no se reduce el gasto corriente. Porque parecería que todo lo que se gasta en sueldos, está en gastos para educación, o que todos los regalos de dinero llegan a los ancianos. Y creo que, como reclama el Ministro, hay que elevar el debate de forma que la respuesta a la no reducción del gasto, no sea una expresión de política electoral sino de política económica.
Durante la década del saqueo se estructuró un Estado que quintuplicó su gasto y más que duplicó su participación en la economía. La visión estatista y proteccionista de la revolución corrupta, llevó a la expansión de la burocracia y de empresas públicas. Derroche infame que se sostuvo a punta de endeudamiento. Salvo los sonsos fanáticos del prófugo Correa, al parecer hay un acuerdo para considerar que esa obtusa receta de centrar en el Estado el crecimiento de la economía, es un error histórico. La presencia del ministro Martínez, quien como dirigente gremial fue defensor de mayor libertad económica, hizo pensar que el presidente Moreno abandonaría radicalmente sus consignas de la vieja izquierda populista. Y, sin duda, hubo un cambio en la retórica sobre corregir el desmadre fiscal y crear condiciones para esperar que el sector privado recobre protagonismo.
Se ha reducido el déficit, cierto. Se ha recuperado la confianza y eso ha permitido patear para adelante los inminentes e impagables vencimientos de la abultada deuda heredada. Se han abierto opciones para la integración a otros mercados. Se acordó un programa de ajuste con el FMI. Y por todo esto hay un consenso en el sentido de que en las intenciones existe un direccionamiento adecuado. Pero el déficit no se ha reducido por un significativo achicamiento del rol del Estado. Y es obvio que nadie espera que se reduzca en salud, educación, seguridad o administración de justicia, que son las tareas a las que se debe dedicar el Estado. Sí se espera que se constriña en la alta burocracia, en ministerios y entidades creadas para abastecer de cargos a los adherentes del correísmo, en las empresas públicas que pierden dinero miserablemente, y siguen recibiendo para que sigan perdiendo.
Tampoco se espera una reducción abrupta. Pero el gobierno ya ha avanzado más de la mitad del período y hubo expectativa de acciones más decididas, que no sean los exabruptos y las dudas que siembra el desbocado Santiago Cuesta, consejero-ñaño-íntimo-custodio de secretos. La reducción del tamaño de la burocracia tarda demasiado; no parece gradualismo sino cámara lenta. Esto en lo referido a las cuentas fiscales que tienen que ver con las finanzas.
En lo relativo a la economía, como estuvo anticipado, no produjeron ningún efecto en la inversión y el empleo los inocuos incentivos de la Ley de Fomento Productivo. El empleo se ha afectado y eso tiene efectos políticos nefastos. Reducir trabas y sobrecostos a las empresas por efecto de la sobrecarga regulatoria, sigue siendo una esperanza. Una reforma estructural al sistema tributario que elimine impuestos que ahuyentan inversión, sigue siendo una expectativa y, al parecer, los consejeros de Moreno y él mismo, son un dique. La reforma para saltar de la legislación filomarxista a un sistema de contratación laboral para la competitividad, sigue siendo muy conversada, y no lo suficientemente agresiva conforme la circunstancia y el futuro.
En los tuits que postean desde la Presidencia y algunos ministros, parecería que el progreso volvió, que el empleo sobra y que se revirtieron las aberraciones que nos han llevado a un crecimiento económico nulo. Es obvio que los resultados no son inmediatos, pero van a demorar mucho si lo que los produce no se concreta con la fuerza y urgencia requeridas.
Diego Ordóñez es abogado y político.
Así es , si no se aceleran los cambios que el país urgentemente requiere , no se logrará superar la postración económica en la que sumió al país la nefasta década correistsa. Y la enorme estructura burocrática sigue intocada , con miles de seudo revolucionarios haciendo de las suyas en el estado ecuatoriano , y sin que se disminuya el enorme gasto corriente ; y lamentablemente se cumple perfectamente el axioma : a mas burocracia mayor corrupción e ineficiencia .