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Caso El Universo: la Procuraduría responde a medias a la CIDH

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El Estado ecuatoriano no cuestiona el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la persecución del correísmo a los hermanos Pérez de diario El Universo y a Emilio Palacio. Se colige de la respuesta que María Fernanda Álvarez envió, el 14 de junio pasado, a Paulo Abrāo, Secretario Ejecutivo de la CIDH, que no es pública. 4P. la tiene y, por ser de interés público, la da a conocer.

Respuesta de la Procuradoría a la CIDH.

Álvarez es directora nacional de Derechos Humanos de la Procuraduría General del Estado y contestó dos meses después de haber recibido una nota, el 16 de abril, en la cual la CIDH dio a conocer al Estado ecuatoriano el informe sobre este caso. Ese informe terminó de ser redactado en Washington el 19 de marzo de este año y no se ha hecho público. No obstante, 4P. lo dio a conocer esta semana, analizó sus repercusiones y contó cómo Correa sale pulverizado.

En su respuesta de 25 páginas, la representante de la Procuraduría no aborda el caso. Se concentra en dos de las seis recomendaciones hechas por la CIDH -la 3 y la 4- que tienen que ver con “adecuar la normativa penal interna de acuerdo con las obligaciones estatales derivadas de la Convención Americana en materia de Derechos Humanos en materia de libertad de expresión” y “adecuar el régimen de sanciones civiles en materia de libertad de expresión, de acuerdo con sus obligaciones bajo la Convención Americana sobre Derechos Humanos”. El objetivo de la Procuraduría es evidente: demostrar que Ecuador “ha dado cabal cumplimiento a las recomendaciones 3 y 4 dispuestas en el informe”,  informar a la Comisión Interamericana que, respecto a las 4 recomendaciones pendientes, el Estado se encuentra “realizando los correspondientes acercamientos y consultas con las instituciones involucradas en el asunto”, y solicitarle tres meses más de plazo antes de -si hiciera falta- someter el caso a la Corte Interamericana.

La respuesta a estos dos puntos ocupa de la página 2 a la 24. Y es factible que no convenza a la CIDH. En su mismo informe, esa institución regional reconoce que el Estado ecuatoriano modificó, en efecto, el delito de calumnia en el Código Penal en 2014. Pero no cambió, dice la CIDH, en forma inequívoca la posibilidad de penalizar las críticas que estén dirigidas a las autoridades públicas. En cuanto a la Ley Orgánica de Comunicación, motivo amplio en la carta de respuesta, son conocidas las críticas internas e internacionales hechas al texto reformado en diciembre pasado porque, precisamente y a pesar de contener serios avances, no cumple los estándares internacionales de libertad de expresión. No se puede hablar, entonces, de “un cabal cumplimiento” a las recomendaciones 3 y 4 de la CIDH.

En su carta la Procuraduría dice que está realizando acercamientos y consultas con las instituciones que estuvieron involucradas en el atentado cometido por Correa y su gobierno contra los hermanos Pérez y Emilio Palacio. Se debe entender que está dispuesta a cumplir con los otros cuatro recomendaciones de la CIDH:  dejar sin efecto la condena penal que les fue impuesta y “todas las consecuencias que de ella se deriven”. Indemnizarlos por los daños pecuniarios causados. Realizar un acto público de desagravio con la presencia de altas autoridades del Estado. Divulgar el informe en el Poder Judicial del Ecuador.

Se debe entender que la Procuraduría está hablando con la Asamblea (faltan reformas), la Corte Nacional y el Consejo de la Judicatura (para la condena), el Ministerio de Finanzas (la indemnización) y el gobierno (por el desagravio). Por ahora, en todo caso, no ha hablado con las víctimas. Apenas hubo una llamada, en abril, a los abogados de los hermanos Pérez para contarles que el informe de la CIDH había llegado al gobierno…

4P. pidió hablar con el Procurador Iñigo Salvador. Él personalmente respondió que lo hará, apenas la Comisión Interamericana de Derechos Humanos haya subido el informe a su página web. Se ignora cuándo lo hará.

Foto: Procuraduría General del Estado. 

1 Comment

  1. La desvergüenza, falta de amor propio, y más aún la responsabilidad que representa la alta magistratura de ser Procurador del Estado parece poco importarle Iñigo Salvador y unos cuantos más del gremio. Históricamente cuantos informe y resoluciones de la CIDH y tantos otros de la Corte Interamericana, de alguna forma han quedado para el «olvido»; como estrategia del encargado de turno de la Procuraduría, es minimizar el asunto, dar largas al mismo, abordando el tema ambiguamente y sin motivación legal y lógica alguna en descargo al contundente informe de la Comisión. Esta situación, no hace más que confirmar la complicidad de este gobierno con los desmanes judiciales de la anterior gestión presidencial, fruto de la metida de mano a la justicia. Hasta cuando Señor Procurador debemos esperar su pronunciamiento formal al informe de la CIDH?… «Hasta la victoria siempre compañeritos»?

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