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Déficit público, color rojo cada vez más intenso

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A medida que pasan los meses se agiganta el déficit del presupuesto estatal y adquiere un color rojo cada vez más intenso. Entre enero-julio de 2019 el saldo rojo del presupuesto alcanza los $1.400 millones, valor que casi duplica el déficit de igual período de 2018. Al considerar los ingresos petroleros efectivos a la caja pública, sin considerar la amortización de las preventas petroleras que no son ingresos, el déficit se ubica alrededor de los $1.900 millones.

Al comparar los períodos enero-julio 2018-2019 los ingresos totales se reducen el 1 por ciento, al tiempo que los gastos totales aumentan 4,2 por ciento. El gasto corriente se incrementa 11,1 por ciento. El pago de sueldos disminuye 1,6 por ciento y el pago por el gasto operativo del Estado en bienes y servicios crece 6,4 por ciento. La inversión sufre sin clemencia, se reduce el 32 por ciento. De los cerca de $3.500 millones del plan de inversiones, apenas se ejecutan algo más de $700 millones.

Cabe recordar que al presentarse el presupuesto del presente año manifestamos que los ingresos tributarios, no tributarios y petroleros estaban sobreestimados en unos $2.500 millones en total. Tanto el Ejecutivo como la Asamblea Nacional fueron poco responsables al aprobar con este desequilibrio un instrumento tan importante para la estabilidad fiscal y bienestar colectivo. Como los ingresos previstos serán menores en la magnitud citada, a pesar de la fuerte reducción de la inversión y ante la incapacidad de reducir el gasto corriente, el déficit del presupuesto a fin de año se ubicará alrededor de los $3.500 millones; cifra similar al saldo rojo de 2018.

Un déficit en el presupuesto de $3.500 millones es incompatible con la meta, ya reducida, de un déficit de $293 millones para el Sector Público no Financiero (SPNF) en 2019 acordado en el programa con el FMI. Pues, para que tal objetivo se cumpla, el resto del sector público tendría que arrojar un superávit de unos $3.200 millones; algo impracticable en lo que resta del año. Es evidente que tal meta fiscal no se cumplirá, con seguridad el FMI seguirá magnánimo para volver a relajarla.

El déficit de $3.500 millones, que puede ser mayor sino fluyen los $1.000 millones previstos como ingresos por concesiones, más el pago de amortizaciones de la deuda pública, atrasos y otros pasivos, aumentan las necesidades de financiamiento cuya consecución es causa de incertidumbre, acrecentada por la asfixia fiscal que produce el manejo de los más de $2.000 millones de Certificados de Tesorería (CETES), la creciente deuda flotante del presupuesto y las deudas que mantiene la Tesorería de la Nación.

En la revisión del programa fiscal efectuada al mes de marzo se ampliaron las fuentes de financiamiento por encima de las inicialmente previstas. Los desembolsos de los organismos multilaterales ingresados hasta julio y lo que resta por ingresar, si se concretan, no serán suficientes. El gobierno tendrá que encontrar otras fuentes para cubrir las necesidades de financiamiento.

Algunos números, aunque nada amigables, son necesarios para inferir la gravedad de los problemas fiscales del país. El gasto del presupuesto entre enero-julio puede resumirse de la siguiente manera: Asuntos Internos (Policía) $911 millones, Defensa Nacional (FF AA) $789 millones, Educación $2.437 millones, Bienestar Social (MIES) $585 millones, Salud $1.669 millones, Desarrollo Urbano y Vivienda $169 millones, intereses de la deuda pública $2.053 millones, transferencias a los GADs (Municipios, Prefecturas) $1.819 millones, seguridades sociales (IESS, ISSFA, ISSPOL) $941 millones.

Las cifras citadas suman $11.373 millones y el gasto total de enero-julio fue de $12.942 millones; esto es, el gasto en tales sectores (en gran medida sociales) fue casi el 90 por ciento del total. La inversión fue de sólo $839 millones. El gasto corriente significó el 80 por ciento del total, porcentaje que de hecho es mayor, pues, de los $1.819 millones transferidos a los GADs más del 60 por ciento se destina a gasto corriente. A pesar de esta nociva estructura del gasto, el déficit fue de unos $1.900 millones, el cual es cubierto con deuda pública.

Es absolutamente evidente lo excesivo del gasto corriente, gran parte del cual, violando la ley, se financia con deuda pública. La magnitud del gasto social también se muestra incompatible con la sostenibilidad fiscal. La inversión se ha sacrificado con altos costos para el crecimiento y generación de empleo, por privilegiar el aumento del gasto corriente.

Obtener superávit fiscal es intrínseca condición para el progreso del Ecuador y la reducción de la deuda pública. Para en 2020 obtener un superávit de $3.500 millones, las cuentas del presupuesto estatal deben estar al menos equilibradas y el superávit debe provenir del resto del sector público. Para que el presupuesto tenga equilibrio se requieren ingresos tributarios adicionales de unos $1.700 millones y reducción de los subsidios a los combustibles. Además, será necesario reducir el gasto corriente operativo del Estado en bienes y servicios y la masa salarial pública, en los dos rubros en unos $1.200 millones. La reducción del gasto corriente debe incluir al gasto social ineficiente y mejorar su calidad desligándolo del populismo político.

Es democráticamente sano el debate sobre los aspectos positivos o negativos de incrementar o reducir el IVA, transformar la estructura de los tributos y la composición y eficiencia del gasto público. Es condición sine qua non para la sostenibilidad fiscal, estabilidad macroeconómica e impulso de las inversiones, encontrar un tamaño del gasto público compatible con capacidad de la economía para sostenerlo (entre 25 %-30% del PIB). Tamaño del gasto que, a su vez, exige una masa salarial pública de alrededor del 7 % del PIB y un menor gasto operativo del Estado. Este objetivo debe estar en armonía con un nivel de inversión que aliente el crecimiento en complemento con la inversión privada. De otra parte, es una tarea compleja pero necesaria, encontrar el nivel de carga tributaria que, a la par de no desalentar la actividad económica y empresarial, pueda sostener el tamaño de gasto citado.

Más allá de los matices, magnitudes y visiones ideológicas, la principal interrogante es secular: ¿la sociedad, el gobierno, y las élites políticas, económicas y sociales habrán alcanzado la madurez necesaria para encontrar los consensos en la citada dirección? Si no lo han hecho, el Ecuador continuará su eterno naufragio.

Jaime Carrera es economista.

7 Comments

  1. Los números no mienten. Y muy necesario un acuerdo nacional pero mientras estemos gobernados por acemilas de la misma banda y mientras los «empresarios privados»pobrecitos como ejemplo el sector farmaceuticas liderados por Renato Carlo que igual que los delincuentes que nos administran sin vergüenza ninguna dice que por doce años no se ha revisado dichos valores y de una sola suben hasta cuatrocientos por ciento el valor de los medicamentos para luego de hacer el negocio vendan en complicidad con la super de control de mercados las farmacias a grupos mafiosos mexicanos así como yo cuando un cambio verdadero. Sería importante Ec. Carrera un análisis de este sucio negociado y en númerosu demostrar como nos asaltan estas escorias.

  2. Es necesario un acuerdo nacional de todos los sectores de la sociedad alejándose de intereses partidistas y personales, pensando con madurez y sensatez en el futuro del país.
    Lamentablemente la mala calidad de la clase política aleja las posibilidades de poder hacer las cosas con racionalidad y lógica buscando el bienestar de todos

  3. Con este panorama de ¿dónde saca el Gobierno representado por el Ministro Martínez que todo va bien?, ¡¡que las metas del acuerdo con el FMI se cumplen, que este año será de incertidumbre y que luego en el año 2020 será mejor¡¡, cuando en el presente artículo de análisis del Econ Carrera, se observa que este año el presupuesto tendrá un “ déficit de $3.500 millones, que puede ser mayor sino fluyen los $1.000 millones previstos como ingresos por concesiones” Solo mirando las cifras y la deuda, significa que Ecuador se endeuda cada vez más para incrementar el GASTO PÚBLICO, esto da lugar a que los ecuatorianos de a pie les digamos a los burócratas , que no queremos que nos impongan sacrificios, que queremos que las finanzas se saneen con medidas que signifiquen ACHICAR EL ESTADO, Y POR TANTO LA MASA SALARIAL, el indicador de riesgo país en 717 puntos, nos demuestra que estamos totalmente mal en los manejos económicos, que no hay confianza para la inversión ni en el manejo financiero y que no hay salida para el Ecuador en el 2020.

    • Esto es la errónea percepción que puede surgir con este tipo de información sesgada. Se olvida por completo que cada inversión pública, y sea gasto corriente, también significa una inversión en la sociedad, además de generar impuestos. En otras palabras, cada pago crea algún valor existente y real! Achicar, eliminar y despedir el aparato público significa automáticamente disminuir la economía nacional también – está importante información falta en el comentario arriba y lastimosamente siempre en los análisis de este portal….

  4. «Defensa Nacional (FF AA) $789 millones» aquí debemos apuntar a un ahorro importante,nuestros altos mandos militares no tienen cabeza ni tiempo si no para pedir que los EEUU, combatan al crimen organizado por nosotros, en Galápagos por ejemplo, y el gasto tiende a subir . Ya no tenemos conflictos bélicos que demanden recursos. Una reducción sistemática en este sector se hace urgente. Ante esta situación de números cada vez mas intensamente rojos, que podemos hacer los ciudadanos cumúnes para sortear , amortiguar , no sé si mi desconcierto me permita colocar la pregunta que obtenga la respuesta que me ayude a sostenerme económicamente de algún modo.

  5. Dramática y triste realidad económica , resultado del dispendio , corrupción , enorme endeudamiento y crecimiento absurdo del tamaño del estado . Ahora , a pagar las consecuencias del desastroso manejo económico la década perdida .

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