La actuación de jueces y fiscales se legitima y afianza fundamentalmente por la solidez de sus argumentos jurídicos. Allí está el punto de partida para que un país respete a quienes administran justicia mediante la aplicación de normas legales. Allí está también la base de la confianza ciudadana en las instituciones de gobierno. Allí está, dicho sea de paso, el elemento clave para que la inversión privada se sienta atraída por un país determinado. Allí está, por último, la esencia del juego de pesos y contrapesos democrático que permite que los actores políticos justiprecien las consecuencias judiciales de sus posibles excesos y prefieran evitarlas. Sin embargo, en las democracias modernas, en las que las nuevas tecnologías todo lo transforman, la contundencia de la argumentación jurídica y la constatación fáctica de los hechos no alcanzan para que jueces y fiscales se constituyan en el referente del ansiado Estado de Derecho.
En efecto, en escenarios en los que los criterios vertidos en redes sociales, medios de comunicación y en los distintos espacios de opinión pública van a la par con la versión oficial de los hechos, el apoyo ciudadano a jueces y fiscales es decisivo. Más aún, en situaciones en las que el conflicto y la intolerancia política son el común denominador, la actuación de jueces y fiscales requiere con mayor razón del espaldarazo proveniente de diferentes sectores de la sociedad civil. Así, la búsqueda de una administración de justicia con pretensiones de imparcialidad y eficiencia parte de las capacidades y destrezas de quienes la hacen efectiva, desde luego, pero requiere también de una fuerte dosis de respaldo popular. Esa es la simbiosis que permite la construcción de una democracia sólida, apartada del vaivén de los intereses de la coyuntura.
El maridaje de actuación judicial eficaz e imparcial y apoyo ciudadano conlleva, por tanto, a que quienes tienen la responsabilidad de generar opinión pública enlacen el razonamiento puramente jurídico con las consecuencias políticas de sus argumentos a favor o en contra del pronunciamiento de un juez o fiscal. Entiéndase aquí a las consecuencias políticas como la búsqueda del bien público, del bien de las mayorías. Entiéndase aquí el apoyo al juez o al fiscal, si y solo si, sus actuaciones se enmarcan dentro de lo razonable y permisible en un ordenamiento jurídico. Por tanto, opinar a partir del divorcio entre el argumento jurídico y el de naturaleza política (en el sentido ya citado), puede llevar a que la pretensión genuina de un juez o fiscal de buscar justicia termine diluyéndose ante la vorágine de opiniones que minimizan su labor. Política y justicia van de la mano y eso debería estar presente en el análisis, más aún en el que proviene de quienes se precian no sólo de abogados sino de juristas.
Desafortunadamente para todos, hay ocasiones en las que jueces y fiscales no toman decisiones en función de lo que asumen es lo mejor para la justicia, sino que tienen que conformarse con lo que efectivamente pueden demostrar fácticamente. En esos casos, precisamente, es cuando la simbiosis entre la valoración del argumento jurídico y los intereses políticos del país entran en juego. En esos casos, precisamente, jueces y fiscales requieren el apoyo ciudadano para continuar en su búsqueda de pruebas y evidencias que consoliden su posición dentro de un proceso judicial. En esos casos, precisamente, minimizar la actuación de un juez o fiscal debilita el Estado de Derecho y la democracia. Aunque parezca paradójico, cuando dejamos de lado las consecuencias políticas de nuestras opiniones jurídicas podemos estar sentando las bases para que lo poco que se pudo haber avanzado en un proceso judicial sea fácilmente trastocado por quienes tienen intereses en que nada se sepa, nada se juzgue y nada se evidencie.
Las necesarias precauciones entre el argumento jurídico y sus consecuencias políticas, en el sentido del mayor bienestar de la sociedad, deberían guiar la discusión al momento de evaluar la actuación de Diana Salazar. La Fiscal hace lo que puede y presenta las evidencias que encuentra en medio del maremágnum de impunidad desarrollado a lo largo de una década. Ella se esfuerza por argumentar desde un conjunto de hechos conectados entre sí y las críticas que recibe se limitan a una parte muy puntual de lo que pretende defender. ¡Apenas 6.000 dólares! Como si los delitos que atentan contra los recursos del Estado necesitaran un monto mínimo para configurarse. Como si ese monto, para algunos ínfimo y para otros el ingreso de uno o dos años enteros de trabajo, fuera aislado del conjunto de evidencias y sospechas tejidas alrededor de uno de los escándalos de corrupción más sonados en el país.
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En ocasiones, cuando se propone el análisis divorciando el mundo de lo jurídico respecto del mundo de lo político, se corre el riesgo de ser tachado no de prístino desde lo formal sino de cómplice o encubridor desde lo material. Desde luego que hay que evaluar y pedir cuentas a jueces y fiscales por sus actuaciones; sin embargo, la crítica no debe dejar de lado la justipreciación del momento y la coyuntura en que dichos actores deben decidir. Por ello es que la actuación de la Fiscal Salazar requiere apoyo ciudadano para que su gestión sea más eficiente. Solo así se podrá conocer si, eventualmente, los 6.000 dólares son apenas la punta del ovillo de una cifra con muchísimos más ceros.
Santiago Basabe es académico de la Flacso.
Hoy más que nunca hay que apoyar a los Fiscales y Jueces para desenmascarar de una vez por todas a la nefasta década robada, Apoyo Total.
Muy claro análisis señor Basabe.
De hecho, la Fiscal General tiene el poyo de la ciudadanía honesta que es la mayoritaria, pero hace mucha falta que este, se materialice en una forma más visible y contundente; para aquello resulta muy útil la tesonera labor de los conductores de opinión como 4 P y muchos otros. pero es menester que no desmayen en seguir despertando la conciencia ciudadana.
Sin perjuicio de lo anterior, falta quizá lo más importante, y que no se ve: El apoyo de las demás instituciones del Estado quienes tienen que aportar INTEGRALMENTE con los medios necesarios para hacer posible que la labor de la fiscalía, tenga la eficacia y oportunidad requeridas, frente a la inconmensurable magnitud de la corrupción.
Para que esto suceda, el único medio es la presión ciudadana en las calles, puesto que el actual gobierno no va a hacerlo, pues gran parte de este estuvo íntimamente ligado a la mafia correísta.
No pienso que el pedido de apoyo a una Dama correcta y valiente frente a la tempestad en la
Fiscalía debe partir solo de un pronunciamiento , de seguro muy justificado e inteligente, Estoy convencido que debería ser el pronunciamiento ciudadano generalizado por la esperanza frente a los cientos de casos de corrupción aberrante en manos de la Dra. Salazar que ha demostrado su profundo respeto y responsabilidad en tan honroso y complejo cargo. Mi apoyo absoluto a su gestión y, además, como carta abierta al señor Presidente Moreno para que del gobierno exista total respaldo y apoyo en ésta oportunidad histórica de clarificar tan abominable maraña tejida por tantos años de imposiciones absurdas alejadas de todo principio y ética en los manejos políticos, económicos y judiciales que concluyeran con la peor historia de corrupción en la era republicana.
Hay que poner mucha atención en las actitudes de los jueces y fiscales que muchos de ellos son afines a la RC y fácil pensar que defenderán los intereses como lo hicieron en la década desgraciada. Por ello también, la Sra. Fiscal Diana Salazar debe tener el respaldo nacional para que, dentro de los pasos jurídicos y probatorios pueda actuar en derecho y sentar un modelo de ruta en el manejo de la justicia y su trascendencia para la vida transparente para el País.
No se debe permitir que tantos miles de millones se hayan evaporado a costilla de los ecuatorianos y, para sorra y cinismo, tantos aún continúan defendiendo lo indefendible.
Por un mañana mejor
6000 dólares equivale a 15 salarios básicos ($394), lo que una familia recibiría en una año y medio de trabajo, y ganar estos recursos significan esfuerzo, para el que trabaja bien. Para el que roba representa POCO, Y hace falta ponerle más ceros para que consideremos que el que cogió es un ladrón. Para los que somos honestos el que 1 dólar se desvíe a otros fines poco claros, no es correcto, por lo tanto respaldamos el esfuerzo de Diana Salazar en su búsqueda de la verdad, entre cuadernos, discos duros, mensajes, chats, y cuadros de pagos llevados por Pamela Martínez, el entramado de cómo es que el dinero se recibía y se transfería a cuentas de Alianza País, sin trabajar, y solo pedir, dan muestras que el SP estuvo al frente de los repartos y de los acuerdos entre PRIVADOS. Esto no solo resolvía las urgencias suyas de falta de dinero (crédito), sino las urgencias y pagos del rebaño del correismo arroz verde.
Para creer en ella (y apoyarla) bien q hace falta que explique ¿por qué Topic no ha sido procesado?
Respaldar los ciudadanos a jueces y fiscales,en especial a la fiscal general? .¿ Cómo poner de manifiesto ese apoyo ciudadano , cómo lograr la validación de la opinión pública después que se evidencia que la corrupción sigue rampante?. INA PAPERS no es tema mediático ni de investigación exhaustiva, aquí esta clarito una justicia sesgada. La ciudadanía haría causa común cualquier objetivo que busque recuperar , en serio, los dineros arrancados del estado ecuatoriano . Difícil encontrar resistencia al apoyo aquí solicitado, si de pronto jueces y fiscales evitarían pagar favores por sus nombramientos. Todos tenemos un precio, no reconocerlo ayuda a que vivamos en un paraguas con muchas goteras o lo que igual a una justicia con dedicatoria. Hasta ahora la actuación valiente de la Dra. Salazar, no ha provocado por decir algo,ni marchas de respaldo a su gestión, tampoco el público se ha manifestado como fastidiado por tantas denuncias de corrupción, ni tampoco …… ni tampoco.
Es muy cierto, todos debemos sumarnos al apoyo a la Fiscal Dra. Diana Salazar una Dama muy valiente, que a pesar de todas las dificultades y obstáculos a logrado reunir muchas pruebas que llevaran a los jueces, espero, a tomar la mejor decisión apegada en derecho, para tranquilidad de todo el pueblo Ecuatoriano, y lograr que quede en el pasado la división entre Ecuatorianos que quiso imponer la corrupción. Ya es hora que lo profesional, técnico y comprobable, este sobre lo político, engorroso y especulativo para dirigir y gobernar un país, los tiempos ya han cambiado en todos los aspectos del convivir, no dejemos que la política y los políticos sea un obstáculo para progresar.
En la fiscal Diana Salazar si se puede confiar y se le debe respaldar porque ha demostrado decisión para combatir a la corrupción, pero en los actuales jueces solo habrá desconfianza, varios de ellos se mantienen como súbditos de Correa, algunos no quieren que se les investigue sus cuentas alegres, por eso todos deben ser evaluados y los malos eliminados.