Mauricio Macri asumió como presidente de Argentina el 10 de diciembre de 2015. En ese año, el último de la segunda administración de Cristina Kirchner, el gasto público (a nivel de Gobierno General) representó el 41,4% del PIB (casi veinte puntos más que al inicio del kirchnerismo) y el déficit fiscal fue un insostenible 6% del PIB, según las cifras oficiales compiladas por el FMI. En 2016 y 2017, los dos primeros años de gestión de Macri, el gasto público se mantuvo en torno al 41% del PIB y el déficit fiscal incluso aumentó: a 6,6% del PIB en 2016 y a 6,7% en 2017. Con esas cifras, no es posible hablar de exceso de gradualismo, lo que habría supuesto reducir aunque sea de manera muy moderada el gasto y el déficit fiscal: directamente no hubo ajuste, ni gradual ni no gradual. Pese a eso, los resultados en la actividad económica fueron muy flojos: el crecimiento del PIB en 2017 (2,7%) apenas alcanzó para compensar la contracción registrada en 2016 (-2,1%), que derivó en un aumento del desempleo.
El 8 de mayo de 2018, es decir, transcurrida ya más de la mitad de su período de gobierno, Macri anunció su intención de acudir al FMI para obtener financiamiento. El acuerdo (un stand-by de 36 meses) finalmente fue aprobado el 20 de junio de ese mismo año. Para entonces, el peso argentino ya había sufrido una depreciación de 185% respecto al día en que Macri asumió la Presidencia (sólo entre finales de abril de 2018 y el día en que se aprobó el acuerdo con el FMI el peso perdió 35% de su valor frente al dólar). La demanda de dólares (resultado no sólo de un desequilibrio externo sino también de la atávica costumbre de los argentinos de buscar refugio en una moneda dura) se refleja también en la evolución de las reservas internacionales del Banco Central de ese país, que a mediados de enero de 2018 llegaron a superar los 63.000 millones de dólares y a la fecha de la aprobación del acuerdo con el Fondo habían caído a 48.000 millones.
Tras la firma del acuerdo, es cierto, las cosas no mejoraron. En 2018 la economía argentina se contrajo 2,5%, pero culpar al “ajuste salvaje”, como hace la izquierda perezosa, es desconocer, por un lado, el grave impacto que la sequía produjo en el sector agroexportador y, por otro, la magnitud del ajuste. En ese año el gasto fiscal se redujo en dos puntos del PIB (a un todavía elevado 39%) y el déficit fiscal, siempre a nivel de Gobierno General, bajó en apenas un punto y medio (a 5,2%). Más allá de la contracción del PIB, durante el gobierno de Macri, antes y después del acuerdo con el FMI, el equipo económico no encontró la manera para moderar el ritmo de incremento de los precios (tarea, hay que decirlo, muy compleja en un país ya acostumbrado a una inflación galopante que, además, incorpora casi automáticamente las variaciones en el tipo de cambio). Al cierre de 2018 la tasa anual de inflación bordeó el 50%, afectando sensiblemente el poder adquisitivo de los ingresos, especialmente de aquellas personas que trabajan en el sector informal.
Recién en 2019 se ve un mayor esfuerzo por ordenar las finanzas públicas (que habrá que ver si se mantiene después del resultado de las elecciones primarias del pasado domingo): según las proyecciones del Fondo, al cierre de este año el gasto público representará el 37,5% del PIB, lo que, sumado a un aumento de un punto en los ingresos, permitirá reducir el déficit al 2,7%. Ese ajuste (que debió darse desde el inicio del gobierno y no cuando la situación ya había desbarrancado), más una inflación que puede terminar otra vez en torno al 50% anual (afectando al consumo privado) y la enorme depreciación de los últimos días (una vez conocida la alta intención de voto a favor de Alberto Fernández y Cristina Kirchner), afectarán al PIB, que muy probablemente volverá a contraerse, deteriorando aún más los indicadores laborales. Con esos negros resultados para el último año de Macri, no faltará quienes quieran echar la culpa al acuerdo con el FMI de la crisis en Argentina, desconociendo la situación previa (no sólo durante el gobierno saliente, sino también durante las administraciones anteriores).
Y entre quienes levanten ese discurso anti FMI no faltarán analistas ecuatorianos, ya sea aquellos que se oponen por principio a cualquier ajuste fiscal (por más insostenible que sea la situación de las finanzas públicas) o aquellos que buscan establecer paralelismos entre la situación argentina y la ecuatoriana y que, con recetas mágicas, juran que es posible corregir los desequilibrios macroeconómicos sin tener que transitar por una etapa de estancamiento o recesión.
José Hidalgo Pallares es economista.
La economía no es una ciencia, a pesar de que los economistas piensen. ..David Pilling y su libro El Delirio del Crecimiento podría ayudar a meditar lo que se escribe ….Saludos cordiales
Muy buen artículo José. Un análisis necesario, sobre todo porque en el Ecuador pasamos comparándonos con Argentina, repasando lo que nos puede llegar a pasar y advirtiendo que es lo que NO debemos hacer, cuando en realidad sería más eficaz regresar a ver a Panamá y constatar lo que SÍ debemos que hacer.
¿Mientras tanto en el Ecuador debemos seguir agazapados sin provocar cambios que muevan a esta estrategia a otros escenarios que no solo sea la de endeudarnos?. Endeudarnos con el FMI,es la única política de estado,no ha existido mas tarde o mas temprano otra alternativa. La pereza es endémica y obedece a factores de conveniencia, es decir, endeudar al país no es una cuestión que vincule en los ajustes a quienes históricamente viven protegidos de las consecuencias, toman decisiones en base a información privilegiada y ganan siempre . Ahora estamos asustados por la carencia evidente de ética de los votantes, nos asechan los corruptos, inclúyase al FMI, que presta plata a gobiernos y empresaurios ladrones . Cavilo en mi ignorancia,¿sucretización,feriado bancario,remisión de multas e intereses,más de diez años de latrocinio del actual gobierno con inoperancia e impunidad incluidas ; suman al déficit fiscal ecuatoriano , o me equivoco?.