Por la lucidez, desobediencia, ironía y obstinación

Urgente: obra y servicios públicos con inversión privada

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Hace aproximadamente dos años, el directorio de ETAPA decidió que la nueva planta de tratamiento de aguas residuales se construiría, operaría y financiaría con un socio del sector privado. La forma prevista fue la alianza estratégica, creada en la Ley de Empresas Públicas. La inversión privada requerida era de aproximadamente setenta millones de dólares. Luego de la convocatoria se presentaron catorce empresas, entre las más grandes del mundo, con la oferta tecnológica, administrativa y de inversión, con recursos privados, para la construcción de la Planta. A pesar del anuncio que la actual planta que sirve a la ciudad está desbordada y del interés manifiesto de constructores e inversionistas privados de hacer y financiar la obra, la mentalidad burócratica se impuso. ETAPA intentó un préstamo con una entidad multilateral y hasta la fecha no hay señal de que la obra se inicie. Se añade el tiempo que demoran en despegar los alcaldes cuando inician funciones.

El despilfarro, elevado endeudamiento y corrupción llevó al gobierno a anunciar, no por ideología sino en un ejercicio de realidad, que el Estado agotó su rol de motor de la economía. Sin recursos para financiar su tamaño, no hay  para invertir o para construir obras de servicios o infraestructura. Los gobiernos seccionales tampoco pueden esperar que el gobierno central financie las obras que necesitan sobre todo el servicios de provisión de agua potable, alcantarillado, tratamiento de aguas residuales y manejo de residuos. Paradójicamente en el gobierno de Correa, tan enemigo de la participación privada en esas actividades, se estableció un mecanismos de asociación que permite que empresas públicas busquen socios en el sector privado para que inviertan. No deuda, inversión.

Todas las decisiones políticas, reformas legislativas y administrativas para mejorar la competitividad del sector real de la economía y apertura de mercados, así se hicieren velozmente, que tampoco así sucede, van a tener resultados en el mediano plazo. Es una ingenuidad pensar que la reacción en industria, agroindustria es inmediata. Por eso, para tener resultados de inversión y flujos de capitales, en menor plazo, el gobierno debe promoverlas en obra pública. No en concesiones; esto es, entregar activos existentes para administración y explotación de un privado sino obras nuevas, carreteras, refinerías y aquella infraestructura para prestación de servicios de competencia municipal que sean financiadas, construidas y operadas por empresas privadas.

El gobierno configuró una Comisión para monetizar activos del Estado. Es una buena iniciativa para adelantar flujos y transferir a operadores privados actividades en las que el manejo entre político y burocrático las convierte en ineficientes y en fuente de corrupción. En esa línea, y con mayor decisión y convicción, el presidente Moreno debería acabar con la participación del Estado en la refinación, importación y comercialización de derivados de petróleo. No solamente por el atraco correísta en la llamada repotenciación de la Refinería de Esmeraldas, que obligó a gastar cientos de millones adicionales para reparar los daños dejados por los contratistas ladrones, sino porque la intervención estatal en el negocio de combustibles, atávicamente, ha sido fuente de corrupción y despilfarro. Objetivamente hay que reconocer que el área de manejo del sector petrolero ha sido encargada a profesionales con prestigio que pueden conducir, en forma transparente, esos procesos de transferencia al sector privado. Pero, la interferencia del inefable pana de Moreno, el consejero superministro Cuesta, resta credibilidad y genera debilidad a estos procesos en los que la certeza de la decisión y el empoderamiento del interlocutor es fundamental para la seguridad que cualquier inversionista requiere.

Hay que atraer los recursos de inversión que sí existen en el mundo y que se juntan a grandes empresas que pueden hacer, por su cuenta y riesgo, esas obras relegadas que permitan tener carreteras que no sean calles anchas con semáforos y pasos peatonales. Sería una gran diferencia tener una autopista exprés entre Quito y Guayaquil financiada, construida, mantenida y operada por una empresa privada que recupere su inversión con un peaje fijado sin interferencia politiquera.

En los diez años de correísmo la obra pública se hizo dentro de la izquierdista lógica estatista. El Estado financia, contrata, opera y licita la construcción. Las obras con sobreprecio y la venta de contratos es posible en ese modelo. Cuando se deja al operador privado que invierta y construya, lo que está en riesgo es su propio dinero y sobrepreciar es una opción financieramente inconveniente.

El presidente Moreno debe quitar el pie del freno e impulsar todos estos cambios que serán, en perspectiva, una verdadera revolución y evolución. E inducir a que los alcaldes también entiendan que en el ámbito de sus competencias, no esperen garantías para endeudamiento y abran el mismo modelo de participación privada para financiar y construir.

Diego Ordóñez es abogados y político.

3 Comments

  1. Cuando el estado se vuelve protagonista , la corrupcion es crimínal
    La inversión privada siempre será mejor
    A pesar de las comisiones q llevan dos o tres personas por asesorar en las licitaciones y ganar el contrato

  2. Lindo y bello! Todos los ecuatorianos ya garantizamos metro y aeropuerto en Quito ¿son esas las garantías que no se darán a las ciudades medias del país? Con que el estado no garantice un clavo a Quito y Guayaquil es harto. Y si, que alcaldes revaloricen la propiedad inmueble y cobren y obren con la inversión que venga como aquí se dice o como lo inventemos, habrá todo un nuevo panorama.

  3. «En los diez años de correísmo la obra pública se hizo dentro de la izquierdista lógica estatista. El Estado financia, contrata, opera y licita la construcción. Las obras con sobreprecio y la venta de contratos es posible en ese modelo. Cuando se deja al operador privado que invierta y construya, lo que está en riesgo es su propio dinero y sobrepreciar es una opción financieramente inconveniente.»
    QUITEMOS LA PRIMERA LINEA !!
    Lo que queda es la realidad con o sin Correa, se contratan obras «estratégicas» con un 20 al 50% de sobreprecio, que funcionan mal o pierden plata, y luego se «concesionan» con mas coimas, es decir el robo es por partida doble. El que tomó la concesión de un negocio con coimas y sobreprecio original, lo que hará es trasladar el costo al usuario final: NOSOTROS.
    Así que primero hay que borrar la palabra estratégico de la constitución, luego VENDER, no concesionar, los activos a ver si alguien quiere cargar con ese muerto. El estado no debe operar nada, excepto los servicios de seguridad y judiciales, el resto, todo, incluído educación y salud son operables por una red privada, en la cual los operadores funcionarán al mejor postor, por ejemplo con cooperativas de maestros y médicos.
    Pregunta inocente pero maliciosa, alguien estaría dispuesto a cortarse una mano si una carta dentro del país entregada a Correos del Ecuador se demora mas de una semana en llegar ? Ecuador sería un país de mancos.

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