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«Hay demagogia pero no una verdadera política de seguridad»

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El 29 de agosto el presidente Lenín Moreno dispuso que los militares salgan a las calles a combatir la delincuencia. Esto como parte de un operativo de seguridad a escala nacional. La Policía se encargará de patrullar las calles, mientras que los militares harán control de armas. ¿Qué tan efectiva será la medida para incrementar la seguridad? ¿Cómo se debe articular una política nacional de seguridad? 4P conversó con Fredy Rivera, académico y experto en seguridad.
El gobierno de Lenín Moreno ha decidido otra vez sacar a los militares a combatir la delincuencia como una consecuencia de la ola que registran los medios y las redes sociales. ¿Qué lectura tienes de esta decisión?
Es una receta vieja. Se viene usando desde hace por lo menos tres décadas. El problema es que están saliendo nuevamente a las calles en virtud de un Código Integral de Seguridad que no ha sido avalado ni discutido en la Asamblea Nacional. Ahí los militares quedan con las mismas potestades que tenían antes; es decir que son fuerzas complementarias para la seguridad interna cuya responsable principal es la Policía Nacional. En rigor los militares únicamente tienen capacidad de hacer control de armas y, cuando hay problemas en las fronteras, tienen potestades mayores en esas áreas. La Ley de Seguridad Pública del Estado del 2009 ya les otorga esa posibilidad. El Comando Conjunto tiene varias atribuciones legales de supremacía en los cordones fronterizos y áreas estratégicas sensibles.
Según dijo el Presidente, las FFAA salen precisamente a hacer control de armas.
Hace rato que viene diciendo eso. No es nuevo.
Es una fórmula vieja, ¿pero es una fórmula que da o no resultados?
Da resultado mediático. Lo que se hace es poner un montón de militares en la calle y la gente construye una percepción de mayor seguridad. Es un tema de pura imagen porque el crimen organizado no va por ahí. Puede ser disuasivo quizá para los que son portadores de armas, pero si esa actividad no es continua y aleatoria se pierde todo. Además no hay un registro transparente de las cifras y eso preocupa muchísimo.
¿No hay registro de cifras de armas?
No solo de armas, sino de homicidios, asaltos o de desarticulación de bandas. María Paula Romo no ha cambiado nada de la forma en que manejaba las cifras José Serrano en el Ministerio del Interior. Todo lo maneja la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía.
Si es una vieja fórmula que funciona eventualmente por ser disuasiva, algo está fallando en la comprensión de cómo hay que luchar en contra de la delincuencia. ¿Qué está fallando?
Hay un gran déficit en inteligencia criminal. La Dirección General de Inteligencia de la Policía es bastante precaria. La capacidad de análisis es muy pobre y el trabajo muy disperso: la Unase hace una cosa, los otros hacen otras cosas. No hay un plan nacional estratégico de inteligencia y eso se viene pidiendo desde hace mucho tiempo. Hay una incapacidad muy grande que se evidencia sobre todo con el proyecto de Código de Seguridad que envió el ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, a la Asamblea. Eso es un relajo porque los militares, en ese proyecto, vuelven a tener supremacía en muchas áreas que estaban bajo encargo de la Policía. Hay que ver qué sale cuando tengan aprobados los Cuadernos de Seguridad, como se llama ese cuerpo legal. También hay una terrible falta de recursos que se nota en la tecnología y las operaciones que se usan. Capacidad logística reducida de la Policía para afrontar al crimen organizado que le superó hace rato.
Eso significa que la ola de delincuencia no es una percepción: es una realidad.
Los pocos datos que hay muestran que esto es más que una percepción. Hay que ver los números en donde se tiene un incremento de homicidios en sectores como Guayaquil o Manabí. Ahí se está llegando a niveles que había en el 2008 y 2009. Además, otra vez tenemos el problema de que los jueces están liberando a los delincuentes, lo que quiere decir que el Código Orgánico Penal no está funcionando y las lógicas garantistas están siendo usadas para echarle la culpa de todo a la justicia.
¿Cómo se rompe ese círculo vicioso? Porque ahora hasta la Fiscalía enjuicia a los jueces que liberan a los delincuentes.
Es atrevido decir pero hablar de una reforma a la justicia a estas alturas va a sonar como una afrenta. Pero básicamente lo que pasa es que dejó de haber un Plan Nacional de Seguridad Interna. Eso no se volvió a discutir. Lo que tenemos es una compleja crisis de seguridad interna. Se ha vuelto al discurso maniqueo que se tenía antes. Hay demagogia pero no una verdadera política de seguridad.
¿Qué habría que hacer para articular esa política de seguridad?
Reformar todo lo que tiene que ver con la inteligencia criminal, conseguir más recursos para operar, hacer controles cruzados y definir una estrategia. Esas cuatro cosas volverían a definir  el tema de la seguridad interna en el país incluyendo las fronteras.
¿El anuncio de un un grupo de desertores de las FARC de volver a la lucha armada en Colombia afecta al Ecuador?
Ese no es un problema únicamente de Colombia sino subregional. Ahí lo que se tiene es la posibilidad de una disputa por corredores estratégicos por donde circula no solo el narcotráfico sino el tráfico de personas. Esas disputas por esos controles son graves y por supuesto que afecta a la seguridad del Ecuador.
Foto: Flacso
Esta entrevista fue publicada el domingo 01 de septiembre en el boletín semanal de 4P. Si quiere recibirlo, le invitamos a suscribirse gratuitamente a GPS4P.

3 Comments

  1. Todos los puntos dados por el entrevistado tienen una buena tesis, quienes manejan la seguridad del país están por otro camino y la policía sin las bases esenciales para ejercer su labor, hay que estar atentos a los cambios y estrategias que se planteen desde el ejecutivo y legislativo para mejorar la situación del país que cada día se agrava.

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