Entre las barbaridades jurídicas y políticas que tiene la Constitución de 2008, el Consejo de Participación Ciudadana es uno de sus referentes más conspicuos. A pesar de que siempre fue una institución orientada a manipular la intervención de la ciudadanía desde el aparato estatal para de esa manera reducir al máximo la espontaneidad que debe regir cualquier iniciativa popular de asociación cívica, durante muchos años su paternidad y maternidad fue reclamada por diversos actores. Algunos se jactaban de haber dado su voz y voto para incluir el bodrio en la Carta Política. Otros, sin haber sido parte activa de la Asamblea Constituyente, defendían el mamotreto con solvencia y verbo pues lo consideraban uno de los grandes logros del “proceso”. Si bien el Consejo de Participación no llegaba a las dimensiones de las asambleas populares comunistas que siempre desearon, al menos se parecía. Como corolario, había que defender dicha conquista del socialismo del Siglo XXI en su lucha implacable contra el imperialismo, el capitalismo tardío, la burguesía y la explotación del proletariado.
Sin embargo, el paso del tiempo y el cambio de la correlación de fuerzas políticas ha llevado a que muchos de los padres y madres del Consejo de Participación ahora intenten colocarse a buen recaudo. No sólo que no lo defienden como lo hacían antes sino que desde el gobierno, la legislatura, las cortes o la opinión pública, lo tachan y encuentran en él todos los defectos posibles. Incluso hablan de que esa institución es un atentado a la democracia representativa, el mismo régimen político hacia el que dirigieron sus fusiles cuando el asalto al Cuartel Moncada ecuatoriano iniciaba, en los albores de 2007. Tal es la necesidad que tienen de desmarcarse del Consejo de Participación que lo incluyeron como uno de los temas de la Consulta Popular de 2018. Sin embargo, como herencias quedan y diez años de vida altiva y soberana no se olvidan fácilmente, lo único que consiguieron fue colocar a tan nefasta institución en una situación aún peor a la que tenía en la Constitución de 2008.
A pesar de lo dicho e inmune a esta lamentable trayectoria, escrita con el puño y letra de Alianza País, la bancada oficialista insiste en ser el actor preponderante de la muerte o mutilación del Consejo de Participación Ciudadana. Tal es la ceguera del otrora poderoso AP que sus legisladores no pueden ver ni entender que si hay un actor político que está totalmente deslegitimado para asumir dicho encargo es precisamente el partido de gobierno. Más aún, parecerían no dimensionar que colocar dicho tema como punto central de su agenda lo único que les generará son costos y menos oportunidades para la formación de las imprescindibles coaliciones que requerirán para aprobar el paquete de reformas que son parte del proceso de reestructuración de la economía nacional. Además, cualquier reforma al Consejo de Participación que provenga del gobierno o de su bancada legislativa será observada por la ciudadanía con desconfianza, aquélla variable que sigue creciendo día a día. Por tanto, si genuinamente el gobierno está interesado en desmontar lo que colaboró en construir, la mejor opción es que permita que esa reforma sea abanderada desde la ciudadanía.
Bien haría también el movimiento político AHORA en dar un paso al costado. Seguramente su cálculo estratégico es asumir que si se empoderan de la reforma al Consejo de Participación Ciudadana eso les reportará beneficios electorales a mediano plazo. Sin embargo, no están tomando en cuenta que el resto de agrupaciones políticas también están valorando ese escenario y que en ningún caso les permitirán visibilizarse ante la opinión pública como los únicos autores de la propuesta. Por ello, quizás una buena opción para AHORA es proponer ante la opinión pública un acto de desprendimiento político, un acto de civismo, a través del que entregan la conducción del proceso a la Comisión presidida por Pablo Dávila. De esa forma, no sólo la presencia de AHORA se verá fortalecida ante la ciudadanía sino que sus opciones electorales serán mayores que las que tendrán si se mantienen en la actitud mezquina con la que la población empieza a identificarlos.
***
Eliminar el Consejo de Participación Ciudadana no puede tener otro gestor que no sea la propia ciudadanía, que ha sido la principal afectada con este dislate (como muchísimos otros) de la Constitución de 2008. Esa es la tarea emprendida por Pablo Dávila y la Comisión y hacia allá hay que apuntalar los esfuerzos de los diversos sectores sociales. Por ello, la mejor decisión que podría asumir el movimiento AHORA es subsumir su petición a la enarbolada en su momento por Julio César Trujillo. Hacerlo no implica renunciar a su capacidad de movilización política; por el contrario, da cuenta de una acción política estratégica con réditos a futuro y con impacto en la coyuntura. En este tres en raya, el único actor descolocado es Alianza País. No tiene ninguna legitimidad ética para proponer reformas en este tema pues, cuando tuvieron la oportunidad de actuar, pesó más su conciencia altiva y soberana. Hoy por hoy, gobierno y bancada oficialista deberían concentrarse en reestructurar la economía y alcanzar acuerdos para el efecto. Eso es bastante y el país les quedará agradecidos si consiguen las reformas estructurales que el país demanda.
Santiago Basabe es académico de la Flacso.
Como siempre los oportunistas de Alianza País tratando de subirse a la camioneta, como si los ecuatorianos no supieramos que ellos fueron los mentores y ejecutores del mal llamado CPCCS que ha permitido tanta corrupción e impunidad en nuestro bello Ecuador.