Mauricio Macri inició su mandato en Argentina en diciembre de 2015. En este año el déficit global fue de -3,7 % del PIB. En lugar de emprender un proceso de reducción del mismo, el déficit se incrementó a -5,8 % del PIB en 2017 con una mínima reducción a -5,2 % del PIB en 2018. Como por definición, los déficits aumentan la deuda pública, esta pasó del 52,5 % del PIB en 2015 al 88 % del PIB a marzo de 2019.
La deuda pública argentina alcanzó a marzo de 2019 $325.000 millones de dólares. El pago de intereses de la deuda pública demanda el 3,6 % del PIB. Según analistas argentinos, el Gobierno de Macri llevó a cabo el mayor ciclo de endeudamiento de la historia argentina. Se pidieron a los mercados y al FMI $188.000 millones de dólares. La crítica situación de la economía y el fisco, condujo a Argentina a suscribir en junio de 2018, con el FMI, un programa de ajustes económicos y fiscales a efectuarse en 36 meses, con desembolsos de préstamos por $57.000 millones.
Las elecciones primarias realizadas el 11 de agosto, ante la perspectiva del retorno al poder del populismo, hicieron explotar los indicadores de la frágil economía argentina. De inmediato el riesgo-país casi se duplicó hasta 1.467 puntos y el peso se devaluó el 23 %. La Bolsa de Valores perdió el 37,9 %, la segunda más grande pérdida en una sola sesión en la historia de bolsas mundiales de valores, sólo inferior al 61,7 por ciento registrada en Sri Lanka en 1.989. Los Credit Default Swaps o CDS de la economía argentina cotizan con la probabilidad del 75 por ciento que Argentina suspenda los pagos de la deuda dentro de los próximos 5 años.
Los agudos problemas de iliquidez condujeron a la Argentina a extender los vencimientos de corto plazo (LETES, LECAPS, LECER, LEKINGS) para inversores institucionales. Se planteará un proyecto de ley que permita el reperfilamiento de los vencimientos de los títulos públicos. Además, se ha contactado con bancos internacionales a fin de recibir propuestas para la diagramación y ejecución de un reperfilamiento de los títulos públicos regidos por jurisdicciones externas que vencen en los próximos 10 años. El Ministro de Hacienda Hernán Lacuza pidió al FMI y a todos sus acreedores institucionales el aplazamiento en el repago de la deuda pública en pesos y dólares por “Dificultades de Liquidez”.
Luego de tales anuncios el riesgo-país se incrementó a 2.504 puntos, por cada dólar se pagaban 60 pesos y las tasas de interés se ubicaban alrededor del 70 %. La inflación interanual se ubica alrededor del 60 %. Las renovaciones de deuda, que antes se realizaba en alrededor del 78 %, se redujeron al 10 %. Según Bloomberg, en 2019 Argentina debe enfrentar vencimientos de bonos por $15.900 millones de dólares y 18.600 millones de deuda en pesos, entre bonos, préstamos e intereses. El sentimiento de los inversores apunta a que en el futuro todo puede empeorar. Los bonos de deuda externa argentinos tienen un precio cercano al default. El gobierno ha acudido al control de cambios y hasta fines de agosto se perdieron $12.000 millones en reservas del Banco Central.
A julio de 2019 la deuda pública total de Ecuador fue de $56.358 millones, 51,6 % del PIB. La misma demanda por el pago de intereses $3.400 millones o 3,1 % del PIB, valor superior a lo asignado a salud, es 5 veces lo destinado al bono de solidaridad para los pobres, duplica lo presupuestado para la policía y seguridad interna, es igual a lo destinado a los GADs, y representa más del doble de la ejecución del plan de inversiones.
El pago de intereses de la deuda externa se ha multiplicado por tres desde 2014, mientras la economía está estancada y la inflación es cercana a cero. En 2019 el pago de intereses y amortizaciones de la deuda externa, unos $4.500 millones, representa el 32 % de los ingresos tributarios y el 20 % de las exportaciones. Este valor, más unos $4.000 millones de la importación de derivados; esto es, unos $8.500 millones, son dólares que salen del país debilitando la balanza de pagos, a la par que consumen el total de las exportaciones petroleras. El mayor pago de intereses externos, unos $1.400 millones al año, corresponde a los $15.700 millones de los Bonos Basura con vencimientos diversos hasta 2029, por los cuales habrá de pagar hasta dicho año un total de $13.000 millones de intereses.
El peso del servicio de la deuda pública resulta agobiante para el presupuesto estatal y asfixia de modo permanente la liquidez de la Tesorería del Estado. Sin embargo, el gobierno no cuenta con un plan creíble de reducción del pago de intereses y amortizaciones de la deuda externa. El gasto corriente continúa en expansión y la inversión está contraída en su máxima expresión, a pesar de lo cual el déficit del presupuesto en 2019 será superior a los $4.500 millones, mayor al de 2018.
Ecuador y Argentina suscribieron programas con el FMI por 36 meses. Los dos países tienen una larga historia de incumplimientos de tales programas, así como de la nociva costumbre de no pagar la deuda externa. En Ecuador el FMI, hasta el momento, ha sido en extremo flexible al tolerar debilidades en la información petrolera, en la poca confiabilidad de los superávits de las empresas públicas, en la no inclusión del pago de sueldos en el IESS en la masa salarial pública, y hasta en el rigor técnico de las cifras. Flexibilidad aún más importante al suavizar las metas de reducción en el gasto en bienes y servicios y en la masa salarial pública.
Si en el futuro Ecuador no quiere seguir los pasos de Argentina, el aprendizaje de su lección es imperativo. Urge un plan de reducción del endeudamiento público y de su servicio, en el marco de un plan económico coherente e integral. La deuda se reduce mediante superávit fiscal, éste debe lograrse en el presupuesto estatal mediante la generación de ingresos y reducción del gasto corriente y subsidios a los combustibles. El superávit del sector público no financiero estimado en el programa con el FMI, poco ayudará debido al irreal superávit de las empresas y resto del sector público.
Luego de alcanzar las sostenibilidad fiscal, impulsar el crecimiento de la economía contribuye a reducir la relación deuda pública/PIB. De otra parte, debe implementarse un riguroso plan para alcanzar el grado de inversión en la calificación de la deuda externa pública. Estos y otros elementos adicionales contribuirán de reducir el riesgo-país, lo cual facilitará operaciones de mercado para disminuir el stock de la deuda externa y el pago de intereses. El Ecuador requiere que el nivel de riesgo país obedezca a fundamentos económicos sólidos, provenientes de abundantes exportaciones no petroleras e inversión extranjera directa, al tiempo que se preserva la dolarización y la solidez del sistema financiero. El país no puede continuar rehén de la extrema vulnerabilidad a la producción y precios del petróleo.
La excesiva flexibilidad del FMI pone en entredicho su credibilidad. El abuso de la misma por el gobierno y su falta de decisión para implementar con más profundidad las reformas fiscales y económicos, abonan a la incertidumbre y riesgos sobre la sostenibilidad económica y fiscal. Ante tales perspectivas, el fantasma del populismo siempre rondará en una sociedad que siempre lo añora.
Jaime Carrera es economista.
Como siempre excelente artículo Economista.
Insistir en la corrupción creciente en las dizqué emblemáticas Universidades creadas por la dictadura anterior, de manera especial la Unae.
Vemos cómo los docentes – investigadores (que no saben la realidad de nuestro país) están convencidos de que, por su trabajo en servicio de los que estudian para ser los “profesores del futuro”, les corresponde unas prebendas y privilegios como si de nuevos aristócratas se tratara. Estas prebendas, en su origen, son para que estos funcionarios puedan darse lujos de manera cómoda y segura y disfruten de un nivel de vida decente. Todo lo que está fuera de eso es un despilfarro de los dineros públicos, falta de vergüenza….
Y el señor Moreno no se da cuenta …