Por la lucidez, desobediencia, ironía y obstinación

Las graves fisuras que hieren la sostenibilidad fiscal

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Las cuentas públicas con superávit son un edificio en construcción, cuya solidez estructural debe brindar un espacio de plácida habitabilidad para toda la sociedad. Placidez traducida en menos pobreza y más bienestar para todos. Edificio fiscal que no debe presentar fisuras que destruyan sus cimientos, por tanto, atenten contra la sostenibilidad de las finanzas públicas, requisito sine qua non para el progreso del Ecuador.

Al comparar el período enero-agosto 2018-2019, los ingresos del presupuesto del Estado se reducen 0,6 %, no obstante, los gastos totales crecen 3,1 %. El déficit global aumenta a $2.055 millones, sin considerar $546 millones de ingresos ficticios por la amortización de las ventas anticipadas de petróleo.

Las primeras fisuras que debilitan el edificio fiscal son evidentes. Los ingresos tributarios, no tributarios y petroleros son muy inferiores a los previstos. La expansión del gasto corriente es indetenible, aumenta 9,6 % y representa el 87 % del gasto total entre enero-agosto de 2019. El pago de sueldos apenas se reduce 1,4 %, aspecto que en parte refleja la salida de personal jubilado de la nómina pública. Los gastos operativos del Estado en bienes y servicios aumentan 1,4 % y el pago de intereses de la deuda pública crece 21,3 %. La crucifixión de la inversión pública se traduce en su reducción del 34,3 %.

Restan sólo cuatro meses para que finalice 2019 y no es difícil proyectar la evolución del presupuesto hasta diciembre. Menores ingresos tributarios por unos $1.000 millones en relación a la previsión presupuestaria inicial, así como unos $900 millones menos por ingresos petroleros efectivos y menores ingresos no tributarios pueden llevar a unos $19.165 millones el total de ingresos a fin de año. Los ingresos totales de enero-agosto de 2019 fueron de $12.648 millones. Se consideran los ingresos efectivos al Tesoro, no los devengados como erróneamente considera el Ministerio de Finanzas.

Si la tendencia del gasto continúa y asumimos que hasta fin de año se devengan los gastos codificados hasta agosto de 2019 y las inversiones podrían ejecutarse en unos $1.500 millones de los $3.800 millones codificados, el gasto total a fin de año podría alcanzar unos $23.960 millones. Hasta agosto fue de $14.703 millones. El gobierno tiene la obligación de registrar hasta diciembre todos los gastos devengados en sueldos, bienes y servicios, transferencias al IESS, ISSFA, ISSPOL, GADs, intereses de la deuda pública, bonos de la pobreza, obras públicas y en general, todas las obligaciones estatales.

La diferencia entre los totales de ingresos y gastos mencionados arrojaría un déficit de unos $4.795 millones, el cual agregado al pago de amortizaciones de la deuda pública interna y externa por unos $5.000 millones, acerca a unos $10.000 millones las necesidades de financiamiento de todo el año. El gobierno considera un déficit menor al tomar como ingreso la amortización de las ventas anticipadas de petróleo, lo cual no es real. Al hacerlo el déficit sería de unos $4.044 millones. Sino fluyen los $1.000 millones de concesiones el déficit será mayor, con lo cual aumentarán las necesidades de financiamiento.

Hasta agosto se han conseguido unos $5.800 millones entre desembolsos del FMI, multilaterales, gobiernos, emisión de bonos soberanos, colocaciones internas, ventas anticipadas de petróleo y otras fuentes. Hasta diciembre resta por conseguir una gran cantidad de dólares. Aún si fluye lo que resta por desembolsar de los organismos multilaterales y FMI (no ingresará todo lo previsto), el gobierno tendrá que encontrar otras fuentes de créditos entre $1.500 y $2.000 millones y/o incurrir en atrasos en el pago de obligaciones. Este concierto de números ya presenta fisuras, las que se agrandan con las presiones de liquidez que ocasiona el manejo de los CETES y de la deuda flotante, cuyos valores no se incluyen en las cifras citadas.

En el programa fiscal con el FMI se espera hasta diciembre un déficit de $292 millones en todo el Sector Público no Financiero (SPNF). Si el déficit del presupuesto fuese de $4.044 millones, quiere decir que en el resto del sector público deberá existir un superávit de $3.752 millones (en 2018 fue $2.621 millones), lo cual es absolutamente irreal y representa una grave fisura del programa. En el resto del sector público el superávit de las empresas públicas tendría que ser de $2.599 millones y de los GADs $1.070, hechos que no tienen ningún sustento.

Otra fisura importante se refleja en la incapacidad de reducir la masa salarial pública, meta ya disminuida a $260 millones, la cual tampoco se cumplirá, con el agregado de no haber incluido en la masa total unos $600 millones de los pagos de sueldos en el IESS. Otra grieta determinante es la meta de reducir $884 millones en bienes y servicios, objetivo inalcanzable si hasta agosto en el presupuesto este rubro se incrementó en $19 millones. Con esta tendencia, se infiere que en los GADs, IESS y resto del sector público la reducción en bienes y servicios debe superar los $800 millones, algo irrealizable, además, en este campo no existe información confiable. Por lo expuesto, el FMI tendrá que nuevamente ampliar la meta de déficit del SPNF a fin de año, el cual podría ser superior a los $1.300 millones de 2018.

De otra parte, en la primera revisión del FMI al mes de marzo de 2019, ya se redujo la meta de acumulación de depósitos del gobierno en el Banco Central a $1.899 millones. Hasta el mes de agosto esta acumulación fue de solo $625 millones. Si existe un elevado déficit en el presupuesto y el superávit de las empresas publicas y GADs es poco realista, es inviable que el sector público pueda acumular más depósito en el Banco Central de forma sólida y en la magnitud esperada, más aún cuando existe una brecha de financiamiento por cubrir entre $1.500 y $2.000 millones. Otra grieta que debilita el edifico del  programa.

Es una grave fisura, inadmisible en la edificación de la sostenibilidad fiscal pretendida en el programa con el FMI, dejar al libre albedrío del Ejecutivo y en la cándida confianza en sus buenas intenciones, la consecución de resultados fiscales positivos en el conjunto del sector público no financiero, cuando no puede controlarlo y la información de las empresas públicas, GADs, IESS y sector petrolero es extremo poco confiable y nada transparente. Además, el superávit del SPNF no se refleja en el aumento de depósitos del sector público y/o en la reducción de la deuda pública. En esa perspectiva, cualquier andamiaje sólido de las cuentas públicas que genere confianza y credibilidad para atraer inversiones, crecer en la economía y reducir el stock de deuda pública y su servicio, pasa por obtener un sostenible superávit en el presupuesto estatal.

4 Comments

  1. En un país deficitario como Ecuador, con gasto público no controlado, con empresas públicas mal administradas y con actividad económica estancada, con contrabando registrado en cosméticos, textiles, calzado, cigarrillos, y otros, ¿de que economía estamos hablando?. No existe una política económica que entregue a los ecuatorianos un horizonte de recuperación, competitividad, productividad, y desarrollo. Nos encontramos desde 2016, en un estancamiento económico, afectado por el mal manejo de la deuda y no existe visos de recuperación, en el futuro se registrará más endeudamiento, y la pregunta es ¿A dónde el gobierno acudirá por más recursos?

  2. Resumen:
    Las Fisuras Fiscales atentan contra la sostenibilidad de las finanzas públicas. Los ingresos se reducen y los gastos crecen. Déficit global $2.055 millones e ingresos ficticios $546 millones (amortización por ventas anticipadas de petróleo). Hasta agosto 2019, las inversiones podrían ejecutarse en unos $1.500 millones de los $3.800 millones codificados (menos del 50%); el gasto llegaría a $23.960 millones (Hasta agosto fue de $14.703 millones). Gobierno está obligado a registrar todos los gastos devengados hasta diciembre. Diferencia entre ingresos y gastos: déficit de $4.795 millones (más el pago de amortizaciones de la deuda pública) , Necesidad de financiamiento del 2019: $10.000 millones. (Si no fluyen los $1.000 millones de concesiones el déficit será mayor). Hasta agosto 2.019, desembolsos por $5.800 millones. Hasta diciembre, el gobierno necesitaría entre $1000 y $1500 millones de nueva deuda o incurrir en atrasos en el pago de obligaciones. No se podrá cumplir con el programa del FMI para un déficit de 292 millones. Otra fisura: reducción de masa salarial. Otra grieta, reducción de bienes y servicios; Otro incumplimiento: depósitos del gobierno en el Banco Central ; la información de las empresas públicas, GADs, IESS y sector petrolero es poco confiable; El superávit del SPNF no se refleja en el aumento de depósitos del sector público y/o en la reducción de la deuda pública. Conclusión: Cada vez más cerca del desastre!

  3. El Ministro de Finanzas es el responsable directo del déficit fiscal 2019 que se estima al 30 de Agosto 2019, asumiendo que el Presidente, dispuso y estuvo de acuerdo en reducir el deficit a Zero para estabilizar la economía. El gobierno de Ecuador no puede y no debe, incurrir en un deficit del SPNF de 4,000-$5,000 millones. De lo contrario pronto Ecuador no podrá pagar su deuda Externa + Interna (toda en dólares en un pais dolarizado).
    Comience por vender –a precio justo– el Banco del Pacífico y Empresas del Estado que no tengan superavit en 2018 y 2019 (a Agosto 2019). Cerrar el BIES, si presenta déficit.
    No aumentar el impuesto (indirecto) a las ventas, que afecta más al que menos gana.
    Aumentar el tope salarial (para contribuciones), cobrar lo que el gobierno debe al Seguro Social y aumentar las contribuciones para aquellos que pagan muy poco al Seguro Social.
    Reducir los subsidios a la gasolina, electricidad, telefonos, etc. si los hubieran.

  4. Prestamos y mas prestamos , ninguno ha servido para pagar alguna deuda. Crecimiento cero y tal parece que ninguno de los dotados economistas que han llegado a manejar las finanzas del país, ha sido suficientemente inteligente . Tal parece que el mismo procedimiento se practica en las finanzas del BIESS, preparando el camino para soltar dinero en gran cantidad de prestamos hipotecarios y muchos de los cuales no serán recuperables, la mejor forma para facilitar el camino a su privatización . Prestamos alegres,en serio, siendo la pantalla la mayoría de los ecuatorianos necesitados de una vivienda, una minoría con información privilegiada hará buenos negocios con esta alegría.

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