Pocas veces una votación en la Asamblea ha estado tan cargada de proclamas morales e invocaciones a los principios y la ética, como la del martes 17 por la noche cuando una mayoría se negó a despenalizar el aborto en casos de violación. En pocas ocasiones tantos legisladores han encarnado el papel de campeones de la rectitud y la corrección. ¿Alcanzó ese espíritu de cruzada para aprobar las reformas legales que había en el paquete del Código Penal Integral para que se pueda recuperar lo que los funcionarios corruptos o los delincuentes se embolsican gracias a sus trafasías?
En el documento había dos propuestas que, en los hechos, resultan contradictorias: la incautación de bienes con sentencia ejecutoriada y el comiso sin condena.
En la primera, el comiso sin condena, se establece que: “La o el juzgador, dentro de los procesos por lavado de activos, delincuencia organizada, trata de personas y tráfico de migrantes, enriquecimiento privado no justificado, testaferrismo, terrorismo y su financiamiento o delitos por tráfico de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, podrá ordenar el comiso de bienes de la persona procesada previsto en el artículo anterior aunque no exista sentencia condenatoria.
Para el efecto se determinará la ilicitud de los bienes y su monto en un proceso de conocimiento y contradictorio, cuando concurran todas las siguientes condiciones:
1. Que se haya emitido auto de llamamiento a juicio y el mismo haya sido notificado a la persona procesada.
2. Que la persona en contra de quien se ha emitido auto de llamamiento a juicio no haya comparecido, de manera injustificada, en al menos dos ocasiones a la audiencia de juicio;
3. Que la persona procesada se encuentre en condición de prófuga.
Sin perjuicio de lo previsto en este artículo, cuando se demuestre que el bien objeto del comiso sin condena no tiene conexión con el cometimiento del delito las o los juzgadores ordenarán la restitución del mismo.” Esta propuesta obtuvo la abrumadora cantidad de 118 votos.
El texto de la segunda propuesta planteaba otro escenario. Según éste tras una “sentencia condenatoria ejecutoriada dentro de procesos penales por lavado de activos, cohecho, concusión, peculado, enriquecimiento ilícito, delincuencia organizada, testaferrismo, trata de personas y tráfico ilícito de migrantes, terrorismo y su financiamiento, y delitos relacionados con sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, si tales bienes, fondos o activos, productos e instrumentos no pueden ser comisados, la o el juzgador dispondrá el comiso de cualquier otro bien de propiedad del condenado, por un valor equivalente, aun cuando este bien no se encuentre vinculado al delito“. Esta propuesta no fue aprobada: apenas tuvo el voto de 59 asambleístas, 40 correístas votaron en contra y 30, sobre todo socialcristianos, se abstuvieron.
El problema con la propuesta aprobada, es decir el comiso sin condena, es que su legalidad es cuestionable y eso lo sabían muchos de los legisladores que votaron a su favor. Es una medida que puede atentar contra la presunción de inocencia y contra el debido proceso, ya que se dicta sin que el juez haya establecido indicios suficientes sobre el delito y su autor. Esto hace pensar, en la bancada oficialista, que posiblemente el Presidente ejerza, en este punto, su derecho al veto. El otras palabras, es una criatura que nació muerta. Iván Granda se refirió al tema hoy en una rueda de prensa, aunque no hizo mayores precisiones. El comiso sin condena ya hizo parte de una ley y fue vetada por inconstitucional. Sin embargo, la Asamblea lo volvió a incorporar por ser una figura existente en otros países y por ser recomendada por Naciones Unidas.
Henry Cucalón, del socialcristianismo, dijo a 4P. que su bloque se abstuvo en el tema de la incautación porque ya se había votado por el comiso sin sentencia y consideró que no era ni lógico ni procedente aprobar la incautación. Si el juez puede incautar los bienes de la persona procesada, sin que hay dictado una sentencia condenatoria, cuando la dicte ya no habría nada que incautar. “No quedarían bienes para el comiso”, dice Cucalón.
Pero si el Ejecutivo vetara la figura del comiso sin sentencia que fue aprobada, y en atención a que la incautación no tuvo votos suficientes, existe el riesgo de que el COIP se quede sin una figura que permita recuperar los dineros obtenidos ilegalmente. Aquí el Ejecutivo podría incorporar en su veto la incautación por ser de la misma materia del proyecto. Es un tema que evaluará durante los días venideros la Secretaría Jurídica de Carondelet con el presidente Lenín Moreno.
Mientras el Ejecutivo no anuncie su postura, la figura legal bajo la cual la Justicia podría recuperar los bienes de los corruptos y delincuentes está en el limbo. Y bien podría quedar en que “recuperar lo robado, eso sí que no”.
Fotomontaje 4P.
Por que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad romanos 1:18
Esconder el botín es para la asamblea mediocre, el derecho del ladrón…….
Estos son nuestros ¡gobernantes!
Es muy decidera la opinión generalizada de que los asambleístas NO nos representan, la asamblea tal como la conocemos desde hace mucho, es una caterva (salvo las excepciones de rigor) de oportunistas y obsecuentes instrumentos de quienes ostentan el poder político.
Siguen a rajatabla el libreto de sus amos, esta vez al tratar de curarse en salud, han decidido de la manera más impúdica, no hacer caso al clamor ciudadano: de que TODOS los ladrones que se enriquecieron a costa del sacrificio del pueblo, devuelvan lo robado.
Para el efecto, se han unido correístas y morenistas cohonestados por los socialcristianos, estos últimos quieren echar tierra a las verdaderas auditorias de las décadas de su gobierno seccional, y los dos primeros, ratificando el hecho de que la tal ruptura entre sus dos líderes, solo es un desvergonzado tongo.
Cuidado. No todo es blanco y negro, sino una infinita tonalidad de grises. Un matrimonio de empresarios constructores, llevan más de más 12 años intentando la devolución de unas oficinas que fueron decomisadas en un juicio penal por narcotráfico cometido por terceras personas; ellos fueron condenados, encarcelados, cumplieron su pena, y ahora están en libertad. A los legítimos dueños, jamás los notificaron, nunca fueron parte del juicio penal, ni siquiera los llamaron a declarar; hasta el día de hoy, el Registro de la Propiedad de Quito refleja que dichos inmuebles decomisados, no han sido motivo de gravamen, prohibición ni afectación ninguna, y son de dominio pleno de sus legítimos propietarios; pero sin embargo, están en manos de Inmobiliar, institución pública que dice que los tiene en su poder porque el Consep se los entregó, así, tome, tenga las llaves, muchas gracias, y la Policía Nacional ya no se acuerda ni porqué los decomisó, ni tampoco el juez que dispuso el comiso, que ya no es juez, y el actual, envía uno y otro y otro oficio a Inmobiliar para que justifique el porqué sigue usando bienes que no le pertenecen al estado, que indique conque derecho los tiene en su posesión, si no están involucrados en actos ilícitos, que no fueron parte de los activos de los delincuentes, y que sus propietarios, ambos de tercera edad e incluso ya enfermos, se muestran impotentes ante la suprema incompetencia de las instituciones públicas… léase función judicial , ejecutiva y administrativa de a perro. El señor ISSA Wagner, Director de Inmobiliar, será en los próximos días notificado con una acción penal por incumplimiento de resolución de autoridad judicial competente… Esto es el Ecuador, señor, pase un billete y capaz todo se arregla! porque autoridad que no abusa, pierde prestigio decían los antiguos…
Esto ya no debería sorprendernos. Politico Ecuatoriano igual corrupto,ladrón. salvadisimas excepciónes.Que tal si ponen a consulta popular? en vez de preguntar por peleas de gallos?