Sin transparencia, no hay finanzas públicas sanas

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Los gobiernos al administrar los Estados, tienen la intrínseca obligación de procurar el bienestar de las sociedades. En cualquier modelo económico, acuñado desde las diferentes visiones ideológicas, la natural consecución de la prosperidad tiene como consubstancial fundamento una gestión responsable de las finanzas públicas. Ésta sólo puede adquirir esta dimensión si es cubierta por un manto de absoluta transparencia en la administración de los ingresos, gastos y endeudamiento públicos.

En el Ecuador, ni la más prolífica imaginación alcanza para desentrañar los entresijos de las cuentas petroleras. Continúan con un velo de misterio los entretelones y números de las célebres ventas anticipadas de petróleo, las convicciones sobre estas cifras se desvanecen en un mar de inconsistencias. Los cuantiosos superávits operativos de las empresas petroleras y, en general, los flujos de ingresos y egresos petroleros no se encuentran con fiabilidad en ningún cuaderno estatal. Los balances del resto de empresas públicas, eléctricas y un largo etcétera, yacen en el campo de la utopía. Los flujos de ingresos y egresos a la famosa cuenta CFDD de importación de derivados, son una invitación a Houdini para deducir las transferencias del Tesoro a fin de completar lo requerido para la importación de derivados. Habría que inventar un premio mayor para quien sea capaz de descubrir el cálculo mensual de los subsidios a los combustibles. Los contratos de créditos con la China y los colaterales contratos de ventas a futuro de petróleo, están entre gruesas cajas fuertes de concreto cuyas claves se han perdido, y el acertijo del cálculo y registro de las “Amortizaciones de las Ventas Anticipadas de Petróleo” aún no encuentra un mago que lo descubra.

Aunque el Ministerio de Economía y Finanzas cuenta con la información, no publica, como corresponde, cada mes, la información del número de servidores públicos y sus desagregaciones por entidad, personal de planta, contratos ocasionales, nombramientos provisionales y muchos otros aspectos que permitirían el real seguimiento de la reducción del tamaño del sector público. La masa salarial que demandan los más de 37.000 empleados del IESS, que puede superar los $600 millones anuales y llevaría a más de $11.000 millones la masa salarial pública, nadie la conoce y ha sido marginada del cálculo del gasto público total. Las transferencias que se realizan a las empresas públicas, la mayoría deficitarias, son otro secreto del acervo burocrático. Las deudas que mantiene la Tesorería del Estado, además de las que surgen de los pagos pendientes del presupuesto, también alimentan el diccionario de la falta de transparencia. El conocimiento de los perfiles de vencimiento futuro del servicio de la deuda pública, es don supremo de cierta burocracia pública. En fin, la falta transparencia es una pandemia de la generalidad de entidades públicas.

La falta de transparencia en la gestión pública tiene una multiplicidad de dimensiones. Generalmente oculta ineficiencias en la gestión del Estado, no permite exteriorizar las mediocridades e incapacidades burocráticas. La falta de transparencia pretende sepultar bajo la alfombra violaciones a la ley, componendas políticas y recurrentes arbitrariedades en el manejo de los recursos públicos. La falta de transparencia en el uso y gestión de los dólares que la sociedad entrega al Estado para la correcta administración de los gobiernos, es la encarnación de la captura y apropiación del Estado por los diferentes niveles de su estructura burocrática.

La falta de transparencia en la administración de los sagrados dólares de la sociedad, tiene también una serie de complicidades activas y pasivas. Quienes son afines al poder de turno, en su mayoría, sucumben al amiguismo, son condescendientes en su juzgamiento y hasta la justifican. Para las mayorías pobres y vulnerables que están signadas por las urgencias de su sobrevivencia diaria, la falta de transparencia en la gestión del Estado es una inexistente percepción. Para quienes por consideraciones legales o de otro género no entregan al Estado mediante impuestos parte del duro esfuerzo de su trabajo, la falta de transparencia en el uso de los recursos público no está en su catálogo de exigencias sociales. Como la renta petrolera es maná del cielo y sólo ha alimentado el pernicioso rentismo de la sociedad, las denodadas luchas por su transparencia es patrimonio de unos pocos y valientes periodistas y ciudadanos. Para la mayoría de políticos, con las excepciones de rigor, el no juzgamiento a la falta de transparencia en el uso de los recursos públicos es intrínseco a su quehacer. La falta de transparencia es, sin duda, la antesala de la rampante corrupción que ha deformado los valores de la sociedad.

El peregrinaje para recabar la información pública de la gestión del Estado es ofensivo, oprobioso, indignante. La información sobre el uso y gestión de los recursos públicos ha revestido de un mítico halo a los diferentes niveles burocráticos: superiores, medios e inferiores. La misma es poder burocrático y su atención a las demandas de la sociedad se diluye en subterfugios, engaños y dilaciones que ofenden la dignidad de las personas y transgreden sus derechos sin juzgamiento alguno.

Ningún programa serio que persiga la sostenibilidad fiscal llegará a buen puerto si la falta de transparencia continúa anclada en un anquilosamiento debilitador de la fiabilidad de las cifras que la sustentan. La real transparencia en la información y uso de los recursos públicos que fundamenta la consecución de las metas fiscales, responde de modo irrestricto a la voluntad de quienes ejercen el gobierno del Estado en sus diferentes niveles. Ellos tienen la obligación ética y moral de abrir sin restricciones las cuentas públicas al escrutinio de la sociedad que les ha asignado la responsabilidad de administrar con transparencia parte de sus rentas ganadas con su esfuerzo diario.

El Ecuador requiere juzgar con severidad la falta de transparencia mediante la rigurosa aplicación de la ley y la forja de una fuerte institucionalidad. El cumplimiento de las exigencias de transparencia no puede estar librado a las nocivas inconductas burocráticas que corroen la ética pública. La transparencia en la gestión de los fondos públicos induce a la sociedad a valorar la sostenibilidad fiscal como bien social que conduce a su prosperidad.

Jaime Carrera es economista.

3 Comments

  1. Estimado Jaime, lo felicito por sus artículos sustentados siempre en la ciencia económica, su altísimo valor cívico y una responsabilidad de ciudadano de bien, que da ejemplo de amor a la patria, le conmueve la vida y el bienestar de los ecuatorianos, especialmente de los mas pobres. Si me llama la atención que estos temas parece importar a muy pocos ciudadanos.

    • Si nos importan estos temas a los ciudadanos, el problema es frente a un país sumido en el servilismo de las grandes elites, nos tiene paralizados, no se como nos quejamos de un gobierno de ineptitud y si no tenemos apoyo de las grandes elites..igual solo nos quedamos en pensamiento y ganas de luchar y de cambio..se espera que los grandes lideres de nuestra patria vuelvan sus ojos al pueblo y su servicio y no solamente al critico pasado que ya no volverá..

  2. Que bien Economista Carrera. Las cuentas claras y el chocolate espeso dice la sabiduría popular. El ocultamiento deliberado de la informacion debería ser un delito porque es el germen de la corrupción y del manejo irresponsable de los sagrados dineros públicos..

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