El sahumerio de la Asamblea

El martes pasado se libró un debate importante en el seno de la Asamblea Nacional. La propuesta de despenalización del aborto por violación tuvo su punto cumbre en el seno del legislativo. Hay que decir que tuvimos una discusión democrática en la cual se pudieron expresar distintas posiciones. Al final, la Asamblea no aprobó la despenalización del aborto para casos de violación.

Este debate fue seguido, como pocos, por el país entero por la complejidad de sus características. Sin embargo ha habido mucha desinformación y, al calor de los defensores y detractores, lo que hemos visto es confusión y malinterpretación sobre todo en redes sociales. Esta falta de información adecuada y manipulación de datos, provocó que muchos ciudadanos traten la propuesta desde criterios basados en el desconocimiento.

Pero una vez terminado el debate en el legislativo, se ha dejado ver con claridad el profundo antagonismo con que es tratado este tema. En un extremo de la cuerda se colocaron las posturas provenientes de las iglesias y, en el otro, los movimientos sociales pro derechos reproductivos de las mujeres que abogan por la libre opción, ligada a una agenda histórica de reivindicaciones desde una visión del ejercicio del derecho a decidir. Desafortunadamente esta polarización llevó a tomar posiciones irreconciliables sobre criterios de pro muerte o pro vida, pro aborto y en contra del aborto.

El debate debe seguir y el tratamiento de este tema debería situarse más allá de la confrontación que produce, y dar a los ciudadanos –que al fin y al cabo estamos en la mitad de esta polarización– las oportunidades de escuchar argumentos provistos de humanidad, sin prejuicios y sin estigmas.

Si bien en la región las posturas frente a la despenalización del aborto por violación van cambiando y se están tomando medidas legales que protejan a la víctima del delito, por otro lado se han radicalizado los criterios que provienen de sectores religiosos que, como sabemos, en Latinoamérica han tenido históricamente un gran poder de influencia en las políticas públicas de los Estados y en la toma de decisiones.

Si nos abstraemos un poco de los criterios subjetivos en el análisis de este tema, preocupa que en el debate de la Asamblea no se haya profundizado el hecho de que el Ecuador es un estado laico. Esa omisión complicó, aún más, la discusión porque terminó reduciéndose a un tema de valores espirituales, apartándose del análisis de cómo afrontar desde el Estado, un problema de salud pública.

Que un Estado sea laico significa, entre otras cosas, que sus decisiones deben estar apartadas del credo religioso y que las medidas sobre los problemas del país se toman basándose en la realidad. Era imprescindible que ese criterio esté presente al momento de decidir si una niña o mujer que es violada, pueda resolver si quiere o no parir al hijo de su violador.

Pero en esta discusión estuvimos todos inmersos desde nuestra calidad de ciudadanos y fue claro que terminamos en medio de un debate “penalizado” porque, dependiendo la opinión de unos u otros, hemos sido criticados o juzgados o incluso amenazados; es decir, criminalizados moralmente por defender una postura.

¿El saldo? Que seguiremos teniendo niñas pariendo hijos de sus padres, abuelos y parientes, y mujeres violentadas sexualmente engrosando las estadísticas, mientras los grupos conservadores seguirán opinando desde el privilegio, porque, además, ninguno de ellos se atrevería a adoptar ni un solo niño de las madres violadas. O que nos prueben lo contrario.

El tiempo siempre obra por cuenta propia y no pasará mucho para poder valorar el peso de la decisión de la Asamblea en su justa dimensión. Por ahora, mientras el olor a sahumerio se disipa en la Asamblea, las puertas del infierno siguen abiertas para nuestras niñas madres.

Ruth Hidalgo es directora de Participación Ciudadana y decana de la Escuela de Ciencias Internacionales de la UDLA.