La semana pasada la Asamblea Nacional decidió mantener como delito el aborto que resulta del ultraje sexual a una mujer. Más allá de las voces a favor y de las que se oponen (entre las que me cuento), el debate que se genera en la opinión pública ahora mismo tiene que ver con la posibilidad de que el Ejecutivo presente una objeción (veto) a la posición asumida por la legislatura. Ahí también hay discrepancias. Para un sector, las circunstancias en las que se dio el hecho político impiden el veto. Para otro sector, no sólo es viable el veto sino que es lo que se esperaría del Jefe de Estado. Pasiones de lado, la decisión presidencial es mucho más complicada que el mero hecho de tomar partido por una de las dos visiones del mundo. Es más complicada porque de por medio no sólo están otros temas clave para el país sino también la relación futura de Carondelet con la bancada oficialista y sus aliados políticos.
Asumamos que el veto es viable y que el presidente efectivamente lo utiliza. En ese caso, la Asamblea Nacional difícilmente podría insistir en su posición original pues para ello requeriría el voto de dos terceras partes de los legisladores. Observada la votación suscitada hace unos días y considerando que la posición de las personas en temas con una fuerte carga valórica es más difícil que varíe en el cortísimo plazo (la Asamblea Nacional debería conocer el veto en un plazo máximo de 30 días), lo esperable es el allanamiento de la legislatura a la objeción presidencial. Inicialmente, este resultado no sólo implicaría un triunfo político del Ejecutivo respecto a la Asamblea Nacional sino también la posibilidad de reducir el conflicto generado con organizaciones feministas y diferentes sectores sociales que han rechazado la posición asumida por la legislatura. Sin embargo, los costos políticos de asumir esa decisión no son menores.
En efecto, la objeción presidencial implicaría no sólo distanciarse de CREO sino también de una facción importante del PSC y de otros sectores legislativos que, aunque minoritarios, cuentan. Desde el lado de la bancada oficialista, el veto lo único que conseguiría es hacer más evidente la desbandada de intereses del otrora poderoso Alianza País y de ninguna manera reduciría el oportunismo político que allí campea. En las calles, las marchas de los pañuelos verdes serían pronto reemplazadas por las de las sotanas, que en Ecuador asumen aún que la vida política es tal cual sucedía en la Edad Media. Todo ello mediado por un factor determinante: el Ejecutivo requiere los votos de una amplia mayoría legislativa para aprobar las reformas estructurales anunciadas desde hace varias semanas atrás. Sin PSC y CREO ese objetivo es prácticamente inalcanzable pues en ese tema el gobierno no cuenta con los votos de la bancada de la Revolución Ciudadana y tampoco con los de varios legisladores del propio Alianza País.
Visto así, en perspectiva de los costos y beneficios que trae consigo una decisión política, la lucha por la despenalización del aborto en casos de violación debe buscar otros senderos. Si bien la objeción presidencial es el camino más rápido, en Carondelet seguramente habrá un cálculo estratégico de todos los contratiempos que traerá consigo una maniobra de ese tipo. Asumir el veto en un tema como el tratado, no sólo requiere fuertes convicciones del presidente (que dicho sea de paso se desconoce lo que piensa al respecto), sino una maquinaria de cabildeo encargada de viabilizar las mínimas opciones políticas que ahora mismo tiene el gobierno para salir airoso frente a los sectores en disputa. Más allá de la existencia o no de tales condiciones, lo cierto es que existiendo de por medio los ineludibles compromisos asumidos por el país para reactivar la economía del país, ahora mismo el veto es más una ilusión que una posibilidad real. En política no siempre se consigue lo que se quiere, en ocasiones hay que conformarse con lo que se puede.
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Desafortunadamente para quienes defendemos la descriminalización del aborto en casos de violación, el momento político en el que se discutió la reforma en la arena legislativa no fue el más apropiado. Por ello, no se debe esperar demasiado del Ejecutivo pues, como se ha descrito, los costos que entraña el veto desbordan la capacidad de resistencia que tiene un Jefe de Estado carente de una bancada legislativa disciplinada y con una errática perspectiva de posicionar un candidato del gobierno para las presidenciales de 2021. Si de responsabilidades se trata, hay que voltear a ver a la Asamblea Nacional: allí están los que no asistieron o se abstuvieron de votar. Sus nombres están expuestos y el escarnio público debería ser evidenciado en su contra en los próximos procesos electorales.
Santiago Basabe es académico de la Flacso.
Bién dicho los rostros de los legisladores que estuvieron de acuerdo con los tres tipos de aborto deberían estar expuestos al escarnio público. Existen otros problemas mucho más graves en la economía del país como para enfrascarnos en pequeños que no se apegan a la realidad que vivimos los ecuatorianos, se dice que el aborto se haga realidad en el Ecuador para precautelar la vida de las niñas y mujeres como si el riesgo no fuera el mismo en clínicas clandestinas como en privadas y públicas. Vuelvo a recalcar en Ecuador no hay evidencias de mujeres encarceladas ni de médicos por este delito así que esa pasadera de tiempo de los Asambleistas es para ganar tiempo y no legislar sobre realidades que si acontecen en nuestro país. En caso de violación el Estado debería difundir y educar a la población para el uso de la pastilla de un dia después y sancionar al violador con 50 años de cárcel para ver si así no tiene temor y deje de hacer tremendo ultraje.