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Crisis divergentes: Perú y Ecuador

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En estos días Perú y Ecuador atraviesan por crisis políticas.  Los contrastes entre estas crisis paralelas apuntan a las diferencias que han existido en las trayectorias socio-políticas de estos países vecinos. La crisis en Perú es producto de un hartazgo generalizado con la corrupción en un país en que la población ha internalizado la clara separación de la economía y la política. La crisis en Ecuador es el resultado de las resistencias suscitadas por un ajuste fiscal en un país en el que se construyó y luego se reforzó una ciudadanía social. Según esta concepción de la ciudadanía, los sectores populares y sus dirigentes perciben la participación en la riqueza petrolera como un derecho ciudadano.

En el Ecuador, se inició la construcción de un estado de bienestar en los años 1930 con la creación de un sistema de seguro social.  No obstante, esta dimensión del estado de bienestar beneficiaba a un reducido número de ciudadanos de clase media y de la raquítica clase obrera urbana, colectivos que fungían de clientelas en una emergente política de masas. El estado de bienestar ecuatoriano se fue profundizando con la lenta expansión del sufragio y movilización política en la postguerra (1945-1980). La reforma agraria, la dotación de servicios a las invasiones urbanas y los subsidios de combustibles fueron al mismo tiempo “conquistas sociales” y la carta de ciudadanía de sectores rurales y urbano-marginales. El lenguaje economicista de las luchas sociales de la época acaso no permitía entender la profunda dimensión política de las prestaciones sociales. Los subsidios de combustibles, sobre todo, ataron los derecho cívico-políticos asociados al sufragio universal y movilización política a la participación popular en el boom petrolero. Luego, el régimen de Rafael Correa, aunque comenzó enfatizando el aspecto cívico de la participación popular en el marco de una “revolución ciudadana”, terminó reforzando el vínculo entre la ciudadanía y las prestaciones sociales. El segundo boom petrolero permitió solidificar este vínculo, que en la consciencia popular pesa más que el rechazo a la corrupción sistémica.

La ciudadanía social es el origen de la resistencia que ahora enfrenta Lenín Moreno al liberar los precios de los combustibles en el contexto de un ajuste fiscal. Si bien es correcto ver en esta resistencia la mano de Correa, las razones de las protestas son bastante más profundas que lo que sugeriría la teoría de conspiración. Si bien el ajuste es ineludible por los desequilibrios macro-económicos, choca con patrones profundos propios de la política y sociedad ecuatoriana.

La coyuntura actual generada por el ajuste fiscal tendrá ganadores y perderos y no son exactamente los que está destacando la prensa. La idea de que un posible candidato oficialista se podría beneficiar de la liberación de los combustibles es equivocada. El régimen de Lenín Moreno, a pesar de su encomiable batalla contra la corrupción, es profundamente impopular y estas medidas lo harán aún más impopular. Los réditos positivos del ajuste llegarán demasiado tarde para que un candidato oficialista (el vice-presidente, por ejemplo) los pueda captar. Esto nos deja con la pregunta si serán los social cristianos o CREO que saldrán beneficiados de la crisis política de estos días. CREO ha optado por responsablemente apoyar el ajuste fiscal, pero esta postura significa que terminará identificado con un gobierno absolutamente desgastado.  Los social cristianos -actuando con una lógica maquiavélica- han optado por diferenciarse del oficialismo y captar por lo menos una parte del electorado descontento. A pesar de que la prensa los tilda de populistas o cautivos de una lógica de confrontación, probablemente saldrán ganando.

En Perú, el estado de bienestar y ciudadanía social se desmantelaron exitosamente en la época de Fujimori.  Esto ha significado que la política hace años que no gira en torno a las tensiones entre el proyecto neo-liberal y una ciudadanía social inextricable. Los peruanos han aceptado que la riqueza y la participación en la misma se generan en el ámbito privado y que la ciudadanía consiste básicamente en el ejercicio de los derechos cívico-políticos. En ese contexto, la corrupción es vista como una enorme distorsión, porque significa utilizar el Estado indebidamente para acceder a la riqueza nacional. Es precisamente aquello que ya no se les permite a los sectores populares y clases medias.

Este es el trasfondo de los dramáticos sucesos actuales en Perú. Los partidos políticos, especialmente el fujimorismo y el APRA, conociendo que se iban a revelar más beneficiarios de la trama de corrupción de Odebrecht hicieron todo lo posible para blindarse de las consecuencias. Intentaron reorganizar el Tribunal Constitucional y evitar las investigaciones en el seno del Congreso. Para superar el bloqueo, el presidente Vizcarra optó por disolver el Congreso y ahora cuenta con un respaldo popular masivo. La intolerancia a la corrupción es profunda, mientras en Ecuador la anti-corrupción sigue siendo una causa política menos importante que la perpetuación de las prestaciones sociales.

El conflicto de fondo en Ecuador continúa siendo las tensiones irresueltas entre un neo-liberalismo ineludible, pero impopular y una ciudadanía social inviable pero con una fuerte carga de legitimidad. Si bien el descontento se controlará con los nuevos medios de represión, incidirá en las próximas elecciones y a largo plazo habrá que reformular el estado de bienestar para que sea compatible con la racionalidad de mercado.

Carlos Espinosa es profesor/investigador de Historia y Relaciones Internacionales en la USFQ.

3 Comments

  1. En efecto, los socialcristianos están actuando maquiavélicamente: «nunca intentes ganar por la fuerza, lo que puede ser ganado por la mentira». Así que la mentira les ganará el poder….

  2. Me parece muy bueno su análisis y se ajusta a la realidad. Lo único con lo que no estoy de acuerdo es el término neoliberal. Esa palabra debería dejar de existir porque no representa ninguna postura en particular. Es liberal o no.

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