Por la lucidez, desobediencia, ironía y obstinación

Las cifras que el movimiento indígena y sus aliados pasan por alto

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Con un nivel de violencia nunca antes visto, una posición totalmente intransigente y un discurso repleto de lugares comunes (como la supuesta entrega del país al FMI), el movimiento indígena (apoyado por académicos de izquierda, centrales sindicales, movimientos feministas e incluso ecologistas) consiguió que el Gobierno se viera obligado a derogar el decreto que eliminaba el subsidio al diésel y a la gasolina extra. El argumento más utilizado en las protestas (que derivaron en un caos del que ahora ninguno de sus artífices se hace cargo) fue que esa medida era un “golpe al pueblo” (se entiende que por el aumento en los precios que traería consigo). Si bien la preocupación del principal asesor económico del movimiento indígena era que la eliminación de los subsidios provocara una DEFLACIÓN (sí, ése es el nivel de asesoría con el que cuenta la CONAIE), la medida efectivamente generaría un alza en otros precios al consumidor, alza cuya magnitud “real”, es decir, una vez superados la especulación, la histeria y el desabastecimiento de los días de caos, resultaba difícil de pronosticar. En realidad, la medida podía ser dividida en dos: la eliminación del subsidio a la gasolina extra y la eliminación del subsidio al diésel.

En el primer caso, el impacto sobre los precios en general debía ser marginal. Esto, tomando en cuenta lo que ocurrió tras el incremento que entró en vigor el 26 de diciembre del año pasado, cuando el precio de la gasolina extra pasó de $1,48 a $1,85 por galón, lo que significó un incremento del 25%. Según el último reporte de inflación publicado por el INEC, entre septiembre de 2018 (con gasolina extra aún a $1,48) y septiembre de este año (ya con el aumento del 25%), los precios al consumidor en general registraron una leve caída de 0,1%. Es decir, la tasa anual de inflación no sólo que no se disparó, sino que en los últimos meses ha permanecido en torno a 0%.

En el caso del diésel, combustible utilizado en el transporte público de personas y buena parte del transporte de carga, el efecto de la eliminación del subsidio obviamente sería mayor. Un primer impacto se sintió en el incremento de las tarifas de transporte urbano, que transitoriamente subieron en 10 centavos de dólar. En el caso de Quito, por ejemplo, donde un pasaje de bus urbano costaba (y ha vuelto a costar) 25 centavos, se trataba de un aumento del 40%, sensible para una familia de ingresos bajos que usa regularmente transporte público (servicio que, cabe señalar, representa el 5% del costo total de la canasta básica). No obstante, sería descabellado pensar que los precios al consumidor en general (o los de la canasta básica en particular) iban a sufrir un incremento de similar magnitud. Para el transporte el combustible es un insumo determinante en sus costos, cosa que no ocurre con otros bienes y servicios, como vivienda, educación, salud o vestimenta. En el caso de los alimentos, sobre todo los no procesados, el incremento debía ir de la mano con el peso del combustible en la cadena de costos, desde la siembra hasta el comerciante minorista. Un aumento desmesurado no hubiera tenido un fundamento económico y el propio consumidor se debía encargar de no convalidarlo.

Para evaluar adecuadamente la eliminación de los subsidios, también se debía tomar en cuenta a quién benefician. En el caso de la gasolina extra, está claro que la mayor parte de su consumo corresponde a vehículos livianos de uso particular, pertenecientes en la enorme mayoría de los casos a sectores no pobres de la población. Según el estudio del BID, por cada $20 de subsidio a la gasolina, apenas $1 llega al quintil más pobre de la población. Por otro lado, los más de $300 millones que, si finalmente no se elimina el subsidio, este año se destinarán a mantener el precio de la gasolina extra, equivalen al presupuesto sumado de los sectores agropecuario y de ambiente en el Presupuesto General del Estado, sectores con una incidencia en la calidad de vida de la población rural mucho mayor que el de mantener un subsidio que favorece sobre todo a estratos socioeconómicos medios y altos de las zonas urbanas.

En el caso del subsidio al diésel, su beneficio es más generalizado dado que, como se mencionó, permite mantener (artificialmente) bajos otros precios, principalmente los del transporte (el estudio del BID estima que por cada $9 de subsidio al diésel, $1 llega al quintil más pobre). En ese caso, la eliminación del subsidio debía estar acompañada de medidas de compensación para los segmentos más vulnerables de la población, entre ellos los indígenas. En ese sentido el Gobierno propuso aumentar el número de beneficiarios y el monto promedio del Bono de Desarrollo Humano (y otros bonos similares), que llega justamente a los hogares más pobres. ¿Los indígenas sentían que esa compensación era insuficiente frente al impacto de la medida? Bueno, entonces ahí había un punto en que las partes podían negociar, pero sin echar abajo la medida.

Desde una perspectiva fiscal (perspectiva que incluso los intelectuales de izquierda ignoraron olímpicamente, pese a que muchos de ellos viven del Estado o reciben algún tipo de transferencia estatal), la eliminación del subsidio al diésel y a la gasolina extra generaría, según los cálculos oficiales, un ahorro de $1.500 millones anuales, monto equivalente a la mitad del presupuesto para el sector de salud o a la suma de lo que se asigna a vivienda e inclusión económica y social. ¿Realmente alguien cree que esos $1.500 millones, en un país con tantas carencias, están siendo bien utilizados? También desde una perspectiva fiscal, es decir, dejando de lado la regresividad de los subsidios y las puertas que abren a millonarios negocios ilícitos, la decisión de eliminarlos partía de la urgencia por cerrar la brecha entre ingresos y gastos del sector público y, por tanto, sus necesidades de financiamiento. En 2016 y 2017 el déficit del Gobierno Central rondó los $6.000 millones anuales y fue cubierto con emisiones de bonos soberanos a tasas de usura, preventas de petróleo e incluso la utilización del Banco Central para emitir “ecuadólares” (a ese nivel de osadía llegó Correa con tal de mantener su nivel de gasto). ¿Alguno de los manifestantes que vociferaban contra el FMI salió a quejarse de que el anterior Gobierno se estuviera “vendiendo” a los chinos? ¿Conocen las condiciones de esos préstamos? Seguramente no, ya que se negociaron en secreto.

Pese a que el déficit del Presupuesto se redujo en 2018, la necesidad de recortar el gasto o elevar los ingresos sigue siendo imperiosa para no mantener el ritmo de crecimiento de la deuda pública, que este año ha seguido aumentando (en el caso de los bonos soberanos, todavía en condiciones muy onerosas), lo que muestra que la consolidación fiscal es inevitable con o sin FMI. La ventaja de tener un acuerdo con ese y otros multilaterales (que ojalá no se venga abajo) es que reduce la incertidumbre que los mercados internacionales tienen respecto al Ecuador y a la vez permite que el ajuste no sea de shock, lo que generaría mayores consecuencias económicas y sociales. Por otro lado, las condiciones de los créditos de los multilaterales son mucho menos caras que las de otras fuentes de financiamiento a las que el Ecuador tiene acceso. En ese contexto, más allá de los gritos contra el FMI, los manifestantes no presentaron propuestas para reemplazar esos créditos y parecen no estar conscientes de las consecuencias que una eventual ruptura del acuerdo traería para la economía ecuatoriana (¿sabrán que ayer, luego de la decisión del Gobierno de dejar sin efecto el decreto 883, el riesgo país subió más de 7% y llegó a los 800 puntos?; ¿les importará ese salto en un indicador que determina los costos de financiamiento no sólo para el sector público sino también para el privado?).

Pero en realidad resultaba muy difícil esperar propuestas concretas y viables cuando los supuestos representantes de los pobres defendían un subsidio que en gran parte favorece a los ricos, los ecologistas opuestos al extractivismo alzaban su voz en favor de combustibles fósiles baratos y los intelectuales de izquierda, que siempre tienen el término “fascista” en la punta de la lengua, defendían con muy pocos argumentos una medida implementada por una dictadura militar. Aunque esto último no debería sorprender dado el indisimulable apego de esos intelectuales por los autoritarismos de la región.

José Hidalgo Pallares es economista. 

14 Comments

  1. Una economía inviable , un déficit fiscal que no se logra superar , un enorme gasto corriente que no baja , y para que esta película de terror sea completa : dirigencia indígena a favor de contrabandistas , narcos y personas que no necesitan de un pernicioso subsidio . En algún momento este país tocará fondo y ahi si TODOS tendremos que poner las barbas en remojo .

  2. ¡Excelente análisis! El señor Dávalos es un economista heterodoxo, que me parece tiene la enorme frustración de no haber llegado a ser Ministro de Finanzas (llegó a ser subsecretario en tiempos de Palacio), y que era gran partidario del uso de la billetera electrónica de Rafael Correa, para pago de sueldos del sector público, generando así dinero sin respaldo. Es penoso escuchar sus declaraciones, que las venía exponiendo desde hace unos días en Radio Democracia.

  3. Empresas que en su ejercicio de negocios cuyos resultados reflejan perdidas recurrentes hay que facilitarles su desaparición, claro el control de su contabilidad por parte de los organismos de control deben avalar su condición. Muchos empresarios tienen a su servicio un ejercito de profesionales para eludir y evadir impuestos, su participación en la tributación es nula o mínima. Malas practicas empresariales, tal vez, pero es parte de nuestra cultura que manifiesta la viveza criolla. Bueno cierto es como dice en este espacio el articulista, pasamos por alto aspectos evidentes que afectan de forma directa las finanzas publicas y ponen en peligro actividades claves para nuestro desarrollo. Ahora bien, al país debe resultarle más beneficioso dejar que las empresas incompetentes quiebren , porque parece han encontrando mecanismos que les permiten alcanzar del estado : la sucretización,la dolarización y ahora último la remisión de intereses y el perdón de las multas por su morosidad programada con el fisco. Tal parece es mi opinión que, vamos coleccionando prácticas, ya son parte de nuestra cultura, cuyo modus operandi facilitan argumentos recurrentes para vivir del estado y aportan para los trillados déficits , situación abordada con temor por una parte muy pequeña de valientes analistas .

    • Sr. leoncio, espero que hable desde la experiencia
      y sepa lo que es deberle a la etado impuestas, multas e intereses, por una seguridad que no brinda, sepa lo que es deberle al seguro, por una salud que tampoco brinda.

      • Saludos Don Ulises Silva, estoy muy de acuerdo con Ud. para nada motiva el hecho que nos expongan en la cara todos los días actos que anulan nuestra naturaleza solidaria, la corrupción . Sostener valores desde nuestra calidad moral es tarea que nos obliga a elegir a uno de los lados . Uno de esos lados será el censurado con argumentos todos legítimos.

  4. Desde la misma perspectiva fiscal, deberíamos hablar de los egresos en los sueldos para los burócratas es decir gasto corriente, que en su mayoría se identifican con los intelectuales de izquierda..
    Un pequeño ejemplo: los burócratas sobrepasan los 650 mil empleos, a un promedio de 600 dólares mensuales por empleado, con 13avos, 14avos, vacaciones,IESS, con sumas y sumas, porque a ningún burócrata le interesa restar, estamos hablando nada más ni nada menos de un promedio de$10.000 millones. Tomando en cuenta que burocrata no solo son los empleados del gobierno central, también hay que añadir los GAD, prefecturas, y no hablar muy duro con respecto a servidores públicos con armas, empresas como PetroEcuador, PetroAmazonas, porque las remuneraciones promedio en estas empresas sobrepasan los miles de dólares por mes.
    Con esas cifras, es imposible no tener déficit que se incrementa de año en año.
    El ahorro en el subsidio a los combustibles a cualquier gobierno le queda corto comparado con egresos por gasto corriente.
    Por si acaso no soy economista, simplemente aplicando la matemática básica.

  5. En esta problemática creada, debo decir , creada con el propósito claro de complicar la economía del país, botar bajo presiones oscuras un decreto pensado y armado por Guillermo Lasso y Lenin Moreno que en algo iba en la dirección de aliviar las finanzas públicas, no tiene sentido cuando las recaudaciones por impuesto a la renta vienen en picada . Otras fuentes de financiamiento se cocinan y tienen dedicatoria ,quienes generamos empleo queremos reglas claras , entiéndase de una buena vez , queremos aportar al desarrollo del Ecuador sin que signifique persecución para estrangularnos. La actividad económica a la que me dedico registra un 25% de disminución, las personas están por cubrir sus necesidades elementales. Quién entiende a este país?.

  6. Lastimosamente, apreciado Don José, el déficit más grande de los ecuatorianos es de sentido común y de aritmética, resultado de la paupérrima educación marxista que el país ha padecido por décadas y que produce el pobre nivel de pensamiento general. La gran masa imbécil aplaude el ejemplo del tractorcito… si todos los días el bueno de Iza debe cargar más o menos 20 galones de diesel al tractor es porque está arando una propiedad de al menos sesenta hectáreas, en ese caso ya, para los estúpidos criterios ecuatorianos, es «rico» y, por lo tanto a lo mejor hasta está evadiendo tributos y, por supuesto que puede pagar ese incremento en el diesel. No se queje señor Iza, o no ponga ejemplos tan «borregos»… Sé que este apunte no tiene que ver con su artículo Don José, pero esas también son las cifras que los «intelectuales de izquierda» que asesoran a la CONAIE también pasan por alto, pero que sirven para que un populacho ignorante ya les vaya volviendo hasta presidenciables a estos «caballeros» indígenas.

  7. Un acertado comentario sobre la verdadera situación que atravesará el país luego de la derogatoria del 883,Sería muy interesante proponerle un debate al economista Dávalos a fin de aclarar su posición (la de Dávalos)

  8. Resumo para mayor contundencia:
    El movimiento indígena consiguió que el Gobierno se viera obligado a derogar el decreto que eliminaba el subsidio al diésel y a la gasolina extra.
    Las protestas derivaron en un caos del que ahora ninguno de sus artífices se hace cargo.
    Dos aspectos: 1.la eliminación del subsidio a la gasolina extra 2. la eliminación del subsidio al diésel. En el primer caso, el impacto sobre los precios en general es marginal, la tasa anual de inflación no se disparó. En el caso del diésel,el efecto sería mayor. El incremento del transporte representa el 5% del costo total de la canasta básica.
    Estudio del BID estima que por cada $9 de subsidio al diésel, $1 llega al quintil más pobre.
    El subsidio que favorece sobre todo a estratos socio-económicos medios y altos de las zonas urbanas.
    ¿Sentían los indígenas que el incremento del bono era insuficiente frente al impacto de la medida?
    Desde una perspectiva fiscal la eliminación del subsidio generaría, un ahorro de $1.500 millones y se justifica por la urgencia por cerrar la brecha entre ingresos y gastos del sector público.
    El déficit del Gobierno Central (2017) fue $6.000 millones. Fue cubierto con emisiones de bonos soberanos a tasas de usura, pre-ventas de petróleo y la utilización de la reserva del Banco Central.
    La necesidad de recortar el gasto o elevar los ingresos sigue siendo imperiosa para no mantener el ritmo de crecimiento de la deuda pública. La consolidación fiscal es inevitable con o sin FMI. El acuerdo reduce la incertidumbre que los mercados internacionales tienen respecto al Ecuador y permite que el ajuste no sea de shock. Los indígenas no presentaron propuestas para reemplazar los créditos del FMI y no están conscientes de las consecuencias que una eventual ruptura del acuerdo traería para la economía ecuatoriana.
    Al dejar sin efecto el decreto 883, el riesgo país subió más de 7% y llegó a los 800 puntos.
    Entendieron, o les dibujo!

  9. Luego de la decisión del Gobierno de dejar sin efecto el decreto 883, el riesgo país subió más del 7% y llegó a los 800 puntos.
    Como estamos chiros y sin producción, nos tocara’ colocar bonos basura al 15% o más. Dudo que el FMI quiera seguir prestando dinero. Los señores indígenas tienen una propuesta
    aceptable ? El panorama es oscuro.

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